DERECHOS CIUDADANOS OLVIDADOS
Por: Ludwig Cárdenas
La deforestación de los bosques y la inseguridad ciudadana constituyen dos de los grandes problemas que urgen atender a la brevedad posible en la región amazónica.
Toda sociedad para que pueda desarrollarse sosteniblemente tiene que estar comprometida con la conservación de su entorno natural, y con una población que se sienta protegida y amparada por las leyes. Condiciones que actualmente adolecemos en nuestra vasta región y en el resto del país.
Los bosques amazónicos, incluyendo los que pertenecen a las áreas naturales protegidas, están siendo invadidos y saqueados permanentemente. Nuestras autoridades se llenan la boca hablando de desarrollo sostenible, es decir, mencionando que debemos avanzar promoviendo el uso adecuado de nuestros recursos naturales, para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Lamentablemente estas afirmaciones sólo quedan en simples palabras.
Como una muestra del abandono en que se encuentran nuestros bosques amazónicos podemos citar el caso del bosque de protección Alto Mayo (BPAM), donde miles de migrantes vienen deforestando su cobertura vegetal en aras de un supuesto desarrollo agrícola, cuando en realidad lo hacen principalmente para traficar madera y las tierras que van invadiendo. Un caso igual de grave se presenta en Tambopata-Candamo, donde miles de mineros ilegales están destruyendo no sólo su zona de amortiguamiento sino la misma reserva natural. Otro caso de deforestación, igual de notorio, es el que realiza el grupo Romero. Según informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, el Grupo Palmas, ha realizado el desbosque de 6,974 hectáreas entre los años 2006 y 2011 en el departamento de San Martín. Esta misma organización señala que la deforestación en esta zona se ha venido dando a razón de mil hectáreas por año, desde el 2010 hasta el 2015. En agosto de 2013, la empresa Palmas del Shanusi, del mismo grupo Romero, fue denunciada por el Ministerio Público de Loreto, por la deforestación de 500 hectáreas de bosques húmedos tropicales en la provincia de Alto Amazonas, bosques que deberían permanecer intangibles. Podríamos seguir mencionando muchos otros casos, pero faltaría espacio para ello.
Es innegable que, en las últimas décadas, la deforestación de nuestra Amazonía ha sido más significativa y abrumadora que en épocas anteriores. En el año 2014, según el Ministerio del Ambiente, se deforestaron 177,500 hectáreas. En el 2015, según los Ministerios de Agricultura y del Ambiente, la deforestación de la Amazonía peruana alcanzó las 156,505 hectáreas. Estas mismas instituciones indican que del 2001 al 2015, el Perú acumuló 1´809,590 hectáreas de pérdida de bosques húmedos tropicales. En estos últimos 14 años, los departamentos con mayor pérdida de cobertura boscosa acumulada son: San Martín con 382 mil hectáreas; Loreto con 347 mil; Ucayali con 298 mil y Madre de Dios con 145 mil. A estos, se suma la deforestación de otros departamentos que también tienen jurisdicción en la Amazonía: Huánuco, Amazonas, Junín, Pasco y Cusco.
En cuanto a inseguridad ciudadana, es sabido que el Perú se encuentra entre los países con mayor índice de inseguridad en latinoamerica. Paradójicamente, el "crecimiento económico" que está logrando el país en las ultimas décadas no está creando las condiciones para una convivencia pacífica y armoniosa. Una encuesta realizada, en el presente mes, por CPI, indica que el 51.3% de peruanos considera que la delincuencia es el principal problema del país.
Si bien es cierto que la delincuencia común es el más notorio y preocupante, no menos importante son los delitos cometidos por ciertas agrupaciones que propician la depredación de nuestros bosques, incluyendo los que se ubican en nuestras áreas naturales protegidas. Estos grupos actúan motivados por un afán lucrativo, sin considerar el daño que ocasionan al entorno natural y a las poblaciones. Frente a esta situación el Estado se viene mostrando indiferente. En el Perú son muy escasas las sentencias que se dan por delitos ecológicos o ambientales. La mayoría de los que cometen estos actos ilícitos queda en libertad, lo cual genera un ambiente de impunidad que propicia y alienta que estas personas continúen con sus acciones depredadoras.
Como señalé anteriormente, una muestra probada de la indiferencia del Estado con relación a los delitos ambientales se puede observar en el bosque de protección Alto Mayo, donde un grupo de personas viene ocasionando la pérdida de la cobertura boscosa y con ello la disminución de la biodiversidad y de las fuentes de agua que abastecen a varias poblaciones. A todo esto se suma el hecho que muchos ciudadanos que están a favor de los acuerdos de conservación y que coadyuvan a la preservación del bosque de protección, están siendo permanentemente amenazados por los mismos sujetos que atentaron contra la libertad e integridad de los guardaparques, policías y fiscales, que cumplían sus funciones al interior del área natural protegido. Desde setiembre pasado la zona en conflicto se ha convertido en un territorio liberado. Nadie puede ingresar al bosque de protección sin el visto bueno de estos sujetos, ni siquiera los funcionarios de las instituciones antes mencionadas.
No obstante que los frentes de defensa de Rioja y Moyobamba, el comité de gestión del BPAM y las autoridades regionales de San Martín están exigiendo que se declare en emergencia a esta área natural protegida, en Lima, los altos funcionarios del gobierno central siguen haciendo oídos sordos.
Transcurrieron 4 meses, desde la última crisis surgida al interior del bosque de protección Alto Mayo, y el gobierno central sigue ajeno a todo ¿Es esa la forma cómo se pretende promover un desarrollo sostenible?...
