Salubridad en juego

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ALTO MAYO

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Transcurrieron 6 años, desde que las municipalidades de Rioja y Moyobamba promovieron, paralelamente, la elaboración de sus respetivos Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). En ambos casos con el asesoramiento de la reconocida ONG “Ciudad Saludable”, dirigida por la Ing. Albina Ruiz Ríos.

El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), era y es un instrumento base para consolidar una serie de acciones de mejoramiento de la gestión y manejo de los residuos sólidos, que se vienen llevando a cabo con limitado criterio técnico en las municipalidades provinciales de Rioja y Moyobamba. Este plan permitiría contrarrestar los impactos negativos en la salud y el ambiente en todo nuestro valle.

Las acciones que se proponían en el PIGARS de las ciudades mencionadas se ejecutarían, inicialmente, considerando un plan de acción a corto plazo; sin embargo, no se perdería de vista la perspectiva del mediano y largo plazo. Por este motivo, las estrategias de implementación del PIGARS tenían que irse ajustando conforme se desarrollaran las actividades y el escenario local iría cambiando.

Una de las aplicaciones más importantes del PIGARS es que este se constituyera en un instrumento de gestión financiera; de negociación y concertación entre los diferentes actores involucrados en el manejo de residuos sólidos. El PIGARS serviría, pues, para consolidar la participación activa de la población organizada, comerciantes, centros educativos, trabajadores del área de limpieza pública, entidades públicas y privadas, entre otros; para hacer que el manejo sostenible de los residuos sólidos de ambas ciudades se vuelva una realidad.

Después de 6 años, se puede constatar que, en el caso de la Municipalidad Provincial de Rioja, avanzaron muy poco en el desarrollo de su PIGARS. Entre las actividades que por lo menos debieron ejecutarse, figuran:

-  Programa de mejoramiento de la cobertura de recolección de los residuos sólidos municipales.

-  Priorización y desarrollo de acciones de educación y sensibilización, así como de generación de una cultura de pago (por el servicio de recojo y reciclamiento de residuos sólidos).

-  Construcción y operación de un relleno sanitario para el  distrito de Rioja y distritos aledaños.

-  Segregación de los residuos sólidos en la fuente, es decir a nivel domiciliario.

Se puede afirmar que la Municipalidad Provincial de Rioja avanzó ligeramente en dos aspectos: En promover la elaboración del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales de la zona urbana de Rioja, y disposición final para la zonas urbanas de los distritos de Yorongos, Pósic y Elias Soplin Vargas - Provincia de Rioja, Región San Martín”. En lo concerniente a este proyecto, elaborado el año 2011, no se conoce su nivel de avance.

Otra actividad que propiciaron en Rioja fue lo relacionado a la segregación en la fuente (domicilios), con la cual se puede decir que hay un menudo intento para reciclar y aprovechar los residuos sólidos de Rioja. Sobre las demás actividades contempladas en el PIGARS no se ve ni escucha nada.

Cabe mencionar que hace unos años, la gestión anterior de la Municipalidad Provincial de Rioja, firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad de Loja – Ecuador, ciudad modelo a nivel latinoamericano en manejo de residuos sólidos. Hasta la fecha no se está aprovechando este convenio.  

En cuanto a Moyobamba, la situación es más favorable. Se puede afirmar que avanzaron notablemente en varios aspectos, entre ellos cabe destacar:

-  Actualización del PIGARS. El 16 de julio de 2012, la Municipalidad Provincial de Moyobamba oficializa, con una ordenanza municipal, la actualización de este importante plan.

-  Segregación de los residuos sólidos en la fuente a nivel domiciliario de materia orgánica.

-  Elaboración del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales  de la ciudad de Moyobamba y ampliación del servicio de disposición final de los residuos sólidos de las ciudades de Yantaló, Calzada y Soritor de la Provincia de Moyobamba – Región San Martín”.

En cuanto a este último proyecto, contempla la construcción de un relleno sanitario, razón por la cual el 13 de junio pasado, se realizó en Moyobamba una reunión de coordinación técnica de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, el coordinador general del Programa de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y la representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), reunión que se realizó dentro del marco del Programa de Desarrollo de Sistemas de Residuos Sólidos en zonas priorizadas que los japoneses vienen impulsando en el Perú. Moyobamba sería, pues, una de las primeras ciudades en contar con un relleno sanitario a nivel de toda la Amazonía.

Como es evidente, existen muchas oportunidades para promover e implementar proyectos ambientales y de desarrollo socio-económico en nuestras ciudades. Todo depende del grado de conciencia ambiental y de la capacidad de gestión de las autoridades.

Los botaderos al aire libre no sólo contaminan el ambiente, también afectan los paisajes naturales.

Consecuencias de la ineficiencia y la descoordinación

Crónica de una visita de inspección a la cabecera del río Negro

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Atendiendo a una invitación del presidente del Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, el viernes 25 del presente mes, en horas de la mañana, participé en una visita de inspección a la cabecera del río Negro y a su área circundante. En esta diligencia estuvieron presentes representantes de la Autoridad Local del Agua, la Dirección Regional de Energía y Minas, el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el propio Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, del cual formo parte.

La inspección se desarrolló bajo una persistente y copiosa lluvia, como si la naturaleza misma quisiera recordarnos lo que está en juego. El objetivo central fue verificar el estado de las canteras de donde diversas empresas del Alto Mayo vienen extrayendo material agregado, en su mayoría de manera informal y sin ningún tipo de orientación técnica por parte de las instituciones competentes.

Resultó llamativa la ausencia de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Rioja, pese a que es esta entidad la que otorga las autorizaciones para este tipo de explotaciones, en coordinación con la Autoridad Local del Agua. Conviene precisar que, cuando una cantera se ubica en la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo, ambas instituciones están obligadas a solicitar previamente la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Nada de esto, como se pudo constatar, se viene cumpliendo.

Antes de inspeccionar las canteras, nos dirigimos a las partes altas de las nacientes del río Negro, dentro de la jurisdicción del bosque de protección, siguiendo la trocha carrozable que conduce al distrito de Vista Alegre. En este sector ya culminó la construcción de un reservorio destinado a abastecer de agua a varios centros poblados, entre ellos El Porvenir, Puerto Bagazán y Ramiro Prialé.

Es indiscutible que las poblaciones requieren acceso al agua y nadie podría oponerse a que se atiendan estas necesidades básicas. Sin embargo, toda obra ejecutada al interior del bosque de protección o en su zona de amortiguamiento debe contar previamente con la opinión técnica del SERNANP y con un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado. Según informaron los funcionarios de dicha institución, para esta obra la Municipalidad Provincial de Rioja no solicitó ninguna opinión técnica ni elaboró el correspondiente EIA, incumpliendo flagrantemente las normas legales vigentes.

Al descender del bosque de protección, constatamos el estado deplorable de las canteras ubicadas en los ríos Seco y Urkuchaki. Estas explotaciones, presuntamente autorizadas por alguna municipalidad provincial o distrital en coordinación con la Autoridad Local del Agua, tampoco cuentan con la opinión técnica del SERNANP. Se trata, por tanto, de otro grave atentado en una zona que constituye cabecera de microcuenca.

Continuando el recorrido, muy cerca de la vertiente principal del río Negro, observamos cómo ciertos “empresarios” seguían extrayendo material agregado sin ningún criterio técnico ni supervisión alguna. El hecho resulta aún más indignante si se considera que, meses atrás, ya se había realizado una visita similar y se había advertido públicamente —incluso a través de los medios de comunicación— sobre el daño que se venía ocasionando a esta área estratégica, de donde se proyecta captar agua para abastecer a la ciudad de Rioja.

Cabe recordar, además, que la naciente del río Negro figura en el Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Rioja como un importante atractivo natural, razón que motivó su reconocimiento por parte del gobierno regional como Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE), aunque, a juzgar por los hechos, más para la figuración que para la protección efectiva.

Finalizada la inspección en la cabecera del río, los participantes nos reunimos para levantar el acta correspondiente. Fue entonces cuando, de manera inesperada, llegó el alcalde del distrito de Elías Soplín Vargas acompañado de algunos de sus funcionarios. Todo indica que habían sido informados de la inspección que se desarrollaba en una zona donde también tienen competencia, considerando que el río Negro es límite natural entre los distritos de Rioja y Elías Soplín Vargas.

Pese a la persistente lluvia, el día aún tenía más por revelar. A los pocos minutos de la llegada del alcalde, aparecieron tres volquetes de una conocida empresa dedicada a la venta de material agregado. Al ser consultado, el responsable señaló que el material se extraía de un terreno ubicado más arriba. Decidimos verificarlo y la sorpresa fue mayúscula: ese “terreno” también estaba siendo devastado y, nuevamente, sin contar con el visto bueno del SERNANP. Todo hace suponer que tanto la Municipalidad de Elías Soplín Vargas como la Autoridad Local del Agua conocían estos hechos desde hace tiempo.

Es oportuno señalar que algunas de estas empresas poseen concesiones en otros puntos del Alto Mayo, fuera del área de influencia de ríos y quebradas, las cuales son otorgadas por la Dirección Regional de Energía y Minas. Desde el Comité de Gestión se solicitará una investigación exhaustiva, pues el daño que se viene causando al ecosistema de la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo es evidente. Será necesario esclarecer si dichas concesiones fueron otorgadas considerando la Zonificación Ecológica Económica regional y la zonificación interna del bosque de protección.

La inspección concluyó con una visita a la vertiente principal del río Negro, donde, a escasos metros, se pudo observar una actividad ganadera que, tarde o temprano, terminará afectando la calidad del agua que consumirá la población de la ciudad de Rioja.

A la luz de lo observado, resulta innegable que las instituciones con competencia en esta zona no coordinan acciones ni articulan esfuerzos. Cada una actúa por su cuenta, y lo que es peor, sin considerar los instrumentos de gestión ambiental existentes a nivel regional y local.

Así es como se vienen administrando nuestras microcuencas, aquellas destinadas a garantizar el abastecimiento de agua para las poblaciones y las tierras de cultivo del valle del Alto Mayo. Así es, también, como se pretende hablar de desarrollo sostenible y de un supuesto “enfoque de cuenca”, mientras en la práctica se permite la degradación sistemática de las fuentes de vida de nuestra región.

Extractores de material agregado lucrando a costa de la devastación de la cabecera de una microcuenca.

Reservorio construido sin respetar la normatividad ambiental.

A 521 años de la llegada de Colón

Sobre el “descubrimiento” de América y la explotación insostenible de nuestros recursos naturales**

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Hace unos días, el 12 del presente mes, se cumplieron 521 años de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, bautizada luego como San Salvador. Un hecho que la historia oficial ha insistido en llamar “descubrimiento”, aunque para millones de personas de este continente esa palabra siga siendo, hasta hoy, profundamente cuestionable.

Antes de ese episodio fundacional del orden colonial, los pueblos que habitaban esta parte del planeta —la que hoy suele agruparse bajo las etiquetas de “países en desarrollo” o “tercer mundo”— eran sociedades autosuficientes. Más aún: eran sociedades ricas, no en el sentido mercantil del término, sino en la abundancia de la naturaleza y en la armonía que mantenían con ella. Poseían tradiciones, valores sociales y formas de organización propias, perfectibles sin duda, pero lejos de estar estancadas.

Nuestras antiguas civilizaciones no concebían la propiedad privada como eje de la vida social. Vivían bajo principios de solidaridad y respeto profundo por la Madre Tierra, entendida no como un recurso a explotar, sino como un ser vivo del cual formaban parte. Muchos de estos pueblos desarrollaron conocimientos científicos, agrícolas y astronómicos que, en varios aspectos, superaban a los de los conquistadores europeos. Lo que no tenían eran armas de fuego.

El 12 de octubre de 1492, a bordo de tres naves, no fue América la que fue descubierta: fue el capitalismo el que llegó a este continente. Desde ese momento, en nombre de la cruz y bajo la fuerza de la espada, comenzó un proceso de despojo que transformó radicalmente estas tierras de armonía y abundancia.

Las riquezas naturales han sido, para nuestra América, un gran tesoro. Pero, como suele ocurrir con los tesoros en manos del capitalismo, se convirtieron en una maldición para quienes los poseían. De la misma manera en que los pueblos del Medio Oriente han padecido guerras y destrucción por sus mares subterráneos de petróleo, hoy América Latina sufre por su biodiversidad y por su agua.

Gran parte de nuestro territorio y de nuestros recursos es utilizada por corporaciones multinacionales en función de intereses ajenos a nuestras realidades. La explotación se realiza a costa de la destrucción de ecosistemas enteros, en una magnitud que no solo afecta a nuestro continente, sino que pone en riesgo la supervivencia de toda forma de vida en el planeta.

América Latina alberga algunas de las mayores reservas de agua dulce que aún existen en el mundo. Sin embargo, estas vienen siendo saqueadas mediante usos insostenibles: monocultivos extensivos de arroz, soya y maíz; plantaciones de pino y eucalipto que reemplazan bosques nativos; deforestaciones de proporciones descomunales. Y el agua que no se llevan incorporada en los productos agrícolas o forestales, la contaminan con agrotóxicos, con insumos para cultivos transgénicos y con sustancias altamente tóxicas empleadas por las industrias extractivas, como el cianuro.

A este panorama se suma el papel de organismos financieros internacionales que “recomiendan” a los países en desarrollo la privatización del agua, a través de concesiones a empresas extranjeras. El objetivo es claro: apropiarse de un recurso que, en un futuro muy cercano, será tan valioso —o más— que el oro o el petróleo.

Frente a esta realidad, resulta impostergable replantearnos, desde sus raíces, el modelo de desarrollo que nos ha sido impuesto y que nos ha conducido a la actual crisis ambiental, económica y social. Un modelo que convive sin pudor con niños desnutridos en países donde la producción de alimentos supera largamente las necesidades de su población; con miles de especies animales y vegetales extinguidas o al borde de la desaparición; con niveles inéditos de desigualdad social y una de las peores distribuciones de la riqueza de nuestra historia.

Todo ello nos confirma, día a día, que el cambio debe ser profundo y abarcar todas las dimensiones de la vida colectiva: la política, la economía, la sociedad y la relación con la naturaleza. No bastan reformas superficiales. Se requiere una transformación estructural y una redistribución justa de la riqueza que acerque extremos hoy obscenamente distantes entre ricos y pobres.

Este cambio no solo es posible: es urgente. Y nuestra América posee las condiciones históricas, culturales y naturales para convertirse en el punto de partida de una nueva forma de entender el desarrollo y la convivencia humana.

Otra América es posible. Está al alcance de nuestras manos, si somos capaces de unirnos, de trabajar juntos con solidaridad, convicción y sin egoísmos, recuperando aquello que nuestros pueblos originarios siempre supieron: que no se puede vivir bien si la Tierra no vive bien con nosotros.

¿Un simple formalismo para salvar apariencias?

Instrumentos de gestión ambiental

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Hace algunos años, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) recomendaba a los gobiernos regionales y municipales la conformación de sus comisiones ambientales y la elaboración de sus instrumentos de gestión ambiental: Diagnóstico Ambiental, Plan de Acción Ambiental, Agenda Ambiental y, finalmente, la Política Ambiental. Estos documentos debían constituirse en los pilares fundamentales para contribuir a la conservación del ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en cada territorio.

Tras la desaparición del CONAM, es el Ministerio del Ambiente quien hoy recomienda —y en determinados casos exige— que cada municipio y gobierno regional cuente con su Comisión Ambiental Local o Regional, según corresponda, y elabore sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, debidamente articulados con las políticas del gobierno nacional. Cabe destacar que aquellas entidades que cumplen con este proceso son categorizadas e incluso beneficiadas con asesoramiento técnico y financiamiento para proyectos de carácter ambiental.

En teoría, contar con este conjunto de instrumentos debería ser la fórmula ideal para enfrentar y superar los problemas ambientales que se presentan en cada región o municipio. Sin embargo, en la práctica, estos documentos rara vez se implementan. Las razones suelen responder a intereses locales o regionales, muchas veces ajenos al bienestar colectivo. Incluso puede afirmarse que el propio Estado contribuye al desorden cuando concesiona lotes a empresas petroleras, mineras o forestales sin considerar lo establecido en los planes maestros de las áreas naturales protegidas, los planes de desarrollo concertado o la Zonificación Ecológica–Económica, instrumentos que precisamente fijan las pautas para un uso sostenible del territorio.

El departamento de San Martín aparece, al menos en el papel, como uno de los que más se adecua a las recomendaciones del Ministerio del Ambiente. Casi todas sus municipalidades provinciales y distritales cuentan con comisiones ambientales y han elaborado sus instrumentos de gestión ambiental. A nivel regional, existe una Zonificación Ecológica–Económica aprobada y se encuentra en proceso la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial en la mayoría de sus provincias. Asimismo, se dispone de un Plan de Desarrollo Forestal, una Estrategia Regional de la Diversidad Biológica y una serie de ordenanzas regionales y municipales de carácter ambiental.

No obstante, la realidad vuelve a contradecir el discurso oficial. Es frecuente escuchar elogios a la actual gestión regional por haber ejecutado un alto porcentaje de su presupuesto anual; pero hay asuntos que no pueden evaluarse únicamente desde una lógica contable. San Martín ostenta hoy el lamentable demérito de figurar entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. Basta recorrer los márgenes de la Carretera Fernando Belaúnde Terry para constatar cómo la tala, el rozo y la quema de bosques continúan avanzando de manera incontenible.

La depredación no se limita a zonas de libre uso. Abarca también áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca, donde la pérdida de cobertura vegetal se produce con alarmante impunidad. Como consecuencia directa, el caudal de ríos y quebradas disminuye progresivamente, y los racionamientos de agua se hacen cada vez más frecuentes en la mayoría de ciudades de la región.

La Zonificación Ecológica–Económica de San Martín es clara respecto a la vocación del territorio: apenas el 14,87 % corresponde a zonas de aptitud productiva; el 64,60 % a zonas de protección y conservación ecológica; el 20,38 % a zonas de recuperación, y solo el 0,15 % a áreas de vocación urbano-marginal. Lamentablemente, estos indicadores no se respetan ni orientan las decisiones públicas.

La actual gestión regional ha emitido, además, diversas ordenanzas de carácter ambiental. Entre ellas, la que declara de interés social y necesidad pública la protección y recuperación de los recursos naturales de la región, especialmente laderas, cabeceras de cuenca y biodiversidad; la que aprueba la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica; y aquella que prohíbe el otorgamiento irregular de constancias y certificados de posesión de tierras rurales, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa del otorgante. A ello se suman otros instrumentos como el Plan Forestal Regional y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, con los que se aspira, al menos en el discurso, a recuperar, conservar y aprovechar sosteniblemente nuestros recursos naturales.

Es bien sabido que todas estas ordenanzas y planes tienen carácter vinculante; es decir, deben cumplirse tanto en las direcciones regionales y municipalidades provinciales y distritales como en el sector privado. Sin embargo, es precisamente aquí donde se hace evidente la falta de liderazgo de nuestras autoridades y funcionarios. Salvo contadas excepciones, estas herramientas de gestión ambiental y territorial no se aplican. La mayoría de nuestros “representantes” opta por mirar hacia otro lado frente a la crisis ambiental, priorizando obras de infraestructura de corto plazo que, supuestamente, generan mayor impacto inmediato en la población.

Si bien es cierto que el cuidado del ambiente es un deber de todos, también lo es que en algunos recae una responsabilidad mayor. No se trata solo de emitir ordenanzas, elaborar planes o colocar mensajes publicitarios en los medios de comunicación. Se trata, fundamentalmente, de implementar las herramientas de gestión existentes y de hacerlas respetar. El futuro de nuestros pueblos dependerá de las decisiones que se tomen hoy para recuperar, conservar, proteger y aprovechar sosteniblemente las riquezas naturales que aún nos quedan.

Obras de infraestructura al interior del Bosque de Protección Alto Mayo

    

Los asentamientos humanos se incrementan cada vez más en las áreas naturales protegidas de San Martín.

   

Deforestación al borde de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Véase letrero.

Hasta cuándo?

Continúan obras irregulares en el Alto Mayo

Por: Ludwig Cárdenas Silva

En los últimos años, diversas obras ejecutadas en el Alto Mayo vienen evidenciando una realidad preocupante: algunas instituciones regionales parecen estar infestadas de supuestos “profesionales” que, sin mayor esfuerzo, dejan al descubierto su improvisación, negligencia o abierta incapacidad. Como ejemplos palpables están las cuestionadas obras de agua y desagüe de Jepelacio y de la ciudad de Rioja.

Resulta difícil comprender cómo una institución que cuenta con una Oficina de Manejo Ambiental y que, en teoría, debería trabajar de manera coordinada con la Autoridad Regional Ambiental, incurra en errores tan elementales como reiterados. Un caso emblemático es el proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja”, una obra que, de manera absurda, presenta una cadena de anomalías técnicas y serias transgresiones a las normas legales vigentes.

Es de conocimiento público que los proyectos de saneamiento deben cumplir estrictamente con requisitos técnicos, legales y ambientales, tanto por parte de las instituciones públicas como de las empresas privadas ejecutoras, más aún cuando dichas obras se desarrollan en espacios vinculados a la conservación y protección de los recursos naturales.

El proyecto en mención involucra directamente la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo; por lo tanto, el ejecutor —el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)— debió solicitar, antes de iniciar cualquier intervención, la correspondiente opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Sin embargo, la obra se viene ejecutando sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el sector competente. Por esta razón, tanto la Autoridad Local del Agua de Rioja como la oficina del Bosque de Protección Alto Mayo se han visto impedidas de autorizar formalmente la ejecución de los trabajos en la zona de amortiguamiento.

Los representantes de estas instituciones han sido claros: no buscan frenar el desarrollo de proyectos, sino exigir que se cumplan las normas legales. En consecuencia, el PEAM, al no haber cumplido previamente con estos requisitos básicos, habría incurrido en faltas a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley General de Aguas. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que una entidad que se presenta como promotora del desarrollo sostenible y defensora de la Zonificación Ecológica Económica y del Ordenamiento Territorial, incurra en este tipo de infracciones.

A estas irregularidades se suman otras anomalías detectadas durante la ejecución del proyecto, las cuales han sido denunciadas por el Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR). Entre las principales observaciones se señalan las siguientes:

• Las tuberías de agua y desagüe se estarían instalando en las calles sin un criterio técnico adecuado. Se tiene conocimiento de que los tubos matrices no cumplirían con las dimensiones requeridas y que, además, se estaría utilizando material de bajo costo y dudosa calidad. Mientras tanto, la empresa supervisora parece mirar hacia otro lado.

• El consorcio ejecutor, ganador de la buena pro, habría solicitado reiterados adicionales de obra para continuar con el proyecto. Se señala que el PEAM ya habría aprobado más de nueve millones de soles en adicionales, superando largamente el límite legal del 15 % del monto contractual, lo que despierta serias sospechas sobre la transparencia del proceso.

• Pese a los evidentes retrasos en la ejecución, el PEAM no habría aplicado penalidad alguna a la empresa contratista, ni siquiera simbólicamente. Esta situación refuerza la percepción ciudadana de una posible colusión entre la entidad ejecutora y la empresa supervisora, generando un comprensible malestar y desconfianza en la población riojana respecto a la calidad final de la obra.

Ante este escenario, y considerando que la Municipalidad Provincial de Rioja no ha emitido un pronunciamiento claro y contundente sobre los hechos denunciados, el FEDIR ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República.

Resulta fundamental que las irregularidades existentes sean investigadas a fondo y sancionadas de manera ejemplar. De no hacerlo, se corre el riesgo de que estas malas prácticas se repliquen en otros proyectos y en distintas zonas del departamento, consolidando un patrón de impunidad que termina perjudicando, una vez más, a la ciudadanía y al propio desarrollo regional.

Acción planificada o simple improvisación?

Promoción del desarrollo rural

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Desde hace aproximadamente una década, en nuestro país se viene promoviendo la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en los ámbitos departamental, provincial y distrital. Se trata, en esencia, de un diagnóstico técnico del territorio que permite identificar con claridad sus potencialidades y limitaciones. Sobre esta base debería impulsarse el ordenamiento territorial, a través de planes que orienten el uso adecuado de los recursos disponibles en cada distrito, provincia o región.

La ZEE nos indica cómo y dónde debemos sembrar y criar en nuestras comunidades para obtener mejores resultados; cómo diversificar la producción para asegurar alimentos durante todo el año; cómo garantizar la disponibilidad de agua, tanto en el campo como en las ciudades; y cómo organizarnos —en el ámbito rural y urbano— para enfrentar de manera más eficaz la pobreza. En suma, es una herramienta clave para promover un desarrollo rural ordenado, equitativo y sostenible.

Este proceso se sustenta en un marco legal claro y vinculante, que incluye la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el reglamento específico de la Zonificación Ecológica Económica. Estas normas no son meras recomendaciones: obligan a todos los actores locales, regionales y nacionales a respetar y aplicar los criterios técnicos definidos. Sin embargo, la realidad demuestra que, pese a la existencia de este marco normativo, el crecimiento desordenado —tanto en el ámbito rural como urbano— continúa imponiéndose a lo largo y ancho del país.

A ello se suma que el proceso de elaboración de la ZEE y de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no se viene desarrollando de manera uniforme a nivel nacional. Hasta el momento, son pocos los departamentos que han impulsado estos instrumentos, aunque sea en el plano formal. Entre ellos figuran Cajamarca, Piura y San Martín, que además vienen avanzando en la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial. En contraste, otros departamentos ni siquiera han iniciado el proceso de ZEE, evidenciando un preocupante vacío en la planificación del territorio.

No obstante, incluso en aquellas regiones donde se han elaborado estos instrumentos, las herramientas de gestión ambiental parecen servir, hasta ahora, más para la figuración que para la toma real de decisiones. En Cajamarca, por ejemplo, grandes extensiones de territorio que deberían permanecer intangibles continúan siendo ocupadas por actividades extractivas. En San Martín, la ampliación de la frontera agrícola sigue avanzando de manera desordenada, sin considerar la vocación de las tierras ni los criterios establecidos por la ZEE.

En su afán de promover el desarrollo rural, el Gobierno Nacional declaró el año 2013 como el “Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”. Más allá de las buenas intenciones que pueda encerrar esta denominación, existe el riesgo de que sea utilizada por algunos politiqueros para justificar proyectos improvisados, insostenibles y carentes de sustento técnico, con el único objetivo de ganar adeptos o capital político.

Resulta necesario señalar, además, que los procesos de ZEE no están siguiendo pautas homogéneas en todo el país. Cada región aplica metodologías distintas y, en algunos casos, se ha llegado al extremo de iniciar la elaboración de planes de ordenamiento territorial sin contar previamente con una Zonificación Ecológica Económica concluida. Estos hechos evidencian improvisación, desconocimiento y falta de criterio técnico por parte de quienes impulsan estos procesos.

En materia de desarrollo rural, las buenas intenciones no son suficientes. Sin planificación, sin respeto a los instrumentos técnicos y sin voluntad política para aplicarlos, cualquier discurso sobre desarrollo sostenible corre el riesgo de quedarse en el papel, mientras el territorio continúa deteriorándose y las brechas sociales se profundizan.