ECOALERTA AMAZÓNICA: ¿Un simple formalismo para salvar apariencias?

Instrumentos de gestión ambiental

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Hace algunos años, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) recomendaba a los gobiernos regionales y municipales la conformación de sus comisiones ambientales y la elaboración de sus instrumentos de gestión ambiental: Diagnóstico Ambiental, Plan de Acción Ambiental, Agenda Ambiental y, finalmente, la Política Ambiental. Estos documentos debían constituirse en los pilares fundamentales para contribuir a la conservación del ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en cada territorio.

Tras la desaparición del CONAM, es el Ministerio del Ambiente quien hoy recomienda —y en determinados casos exige— que cada municipio y gobierno regional cuente con su Comisión Ambiental Local o Regional, según corresponda, y elabore sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, debidamente articulados con las políticas del gobierno nacional. Cabe destacar que aquellas entidades que cumplen con este proceso son categorizadas e incluso beneficiadas con asesoramiento técnico y financiamiento para proyectos de carácter ambiental.

En teoría, contar con este conjunto de instrumentos debería ser la fórmula ideal para enfrentar y superar los problemas ambientales que se presentan en cada región o municipio. Sin embargo, en la práctica, estos documentos rara vez se implementan. Las razones suelen responder a intereses locales o regionales, muchas veces ajenos al bienestar colectivo. Incluso puede afirmarse que el propio Estado contribuye al desorden cuando concesiona lotes a empresas petroleras, mineras o forestales sin considerar lo establecido en los planes maestros de las áreas naturales protegidas, los planes de desarrollo concertado o la Zonificación Ecológica–Económica, instrumentos que precisamente fijan las pautas para un uso sostenible del territorio.

El departamento de San Martín aparece, al menos en el papel, como uno de los que más se adecua a las recomendaciones del Ministerio del Ambiente. Casi todas sus municipalidades provinciales y distritales cuentan con comisiones ambientales y han elaborado sus instrumentos de gestión ambiental. A nivel regional, existe una Zonificación Ecológica–Económica aprobada y se encuentra en proceso la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial en la mayoría de sus provincias. Asimismo, se dispone de un Plan de Desarrollo Forestal, una Estrategia Regional de la Diversidad Biológica y una serie de ordenanzas regionales y municipales de carácter ambiental.

No obstante, la realidad vuelve a contradecir el discurso oficial. Es frecuente escuchar elogios a la actual gestión regional por haber ejecutado un alto porcentaje de su presupuesto anual; pero hay asuntos que no pueden evaluarse únicamente desde una lógica contable. San Martín ostenta hoy el lamentable demérito de figurar entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. Basta recorrer los márgenes de la Carretera Fernando Belaúnde Terry para constatar cómo la tala, el rozo y la quema de bosques continúan avanzando de manera incontenible.

La depredación no se limita a zonas de libre uso. Abarca también áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca, donde la pérdida de cobertura vegetal se produce con alarmante impunidad. Como consecuencia directa, el caudal de ríos y quebradas disminuye progresivamente, y los racionamientos de agua se hacen cada vez más frecuentes en la mayoría de ciudades de la región.

La Zonificación Ecológica–Económica de San Martín es clara respecto a la vocación del territorio: apenas el 14,87 % corresponde a zonas de aptitud productiva; el 64,60 % a zonas de protección y conservación ecológica; el 20,38 % a zonas de recuperación, y solo el 0,15 % a áreas de vocación urbano-marginal. Lamentablemente, estos indicadores no se respetan ni orientan las decisiones públicas.

La actual gestión regional ha emitido, además, diversas ordenanzas de carácter ambiental. Entre ellas, la que declara de interés social y necesidad pública la protección y recuperación de los recursos naturales de la región, especialmente laderas, cabeceras de cuenca y biodiversidad; la que aprueba la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica; y aquella que prohíbe el otorgamiento irregular de constancias y certificados de posesión de tierras rurales, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa del otorgante. A ello se suman otros instrumentos como el Plan Forestal Regional y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, con los que se aspira, al menos en el discurso, a recuperar, conservar y aprovechar sosteniblemente nuestros recursos naturales.

Es bien sabido que todas estas ordenanzas y planes tienen carácter vinculante; es decir, deben cumplirse tanto en las direcciones regionales y municipalidades provinciales y distritales como en el sector privado. Sin embargo, es precisamente aquí donde se hace evidente la falta de liderazgo de nuestras autoridades y funcionarios. Salvo contadas excepciones, estas herramientas de gestión ambiental y territorial no se aplican. La mayoría de nuestros “representantes” opta por mirar hacia otro lado frente a la crisis ambiental, priorizando obras de infraestructura de corto plazo que, supuestamente, generan mayor impacto inmediato en la población.

Si bien es cierto que el cuidado del ambiente es un deber de todos, también lo es que en algunos recae una responsabilidad mayor. No se trata solo de emitir ordenanzas, elaborar planes o colocar mensajes publicitarios en los medios de comunicación. Se trata, fundamentalmente, de implementar las herramientas de gestión existentes y de hacerlas respetar. El futuro de nuestros pueblos dependerá de las decisiones que se tomen hoy para recuperar, conservar, proteger y aprovechar sosteniblemente las riquezas naturales que aún nos quedan.