AMAZONÍA BAJO ASEDIO
Nueva ley que legaliza el despojo de
tierras comunales
Mientras el mundo impulsa modelos de desarrollo sostenible, el Congreso peruano avanza en sentido contrario, aprobando leyes que amenazan la integridad de la Amazonía. Estas normas, elaboradas desde una visión centralista y cortoplacista, priorizan intereses económicos por encima de la conservación ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
La selva no es un territorio
vacío ni un simple reservorio de recursos. Es un ecosistema complejo e
interconectado, cuya alteración genera impactos irreversibles. Sin embargo,
desde Lima persiste una mirada obsoleta y colonialista, que convierte la
Amazonía en escenario de proyectos extractivos, carreteras mal planificadas y
concesiones que ignoran tanto la biodiversidad como los derechos de sus
habitantes.
Hace unos días, el 7 de abril, el
Congreso promulgó la Ley Nº 32293, que declara de necesidad nacional e interés
social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades
campesinas, para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que
formen parte de posesiones informales constituidas del 2004 al 2015 con fines
de vivienda sobre propiedad comunal. En apariencia técnica, esta norma permite
formalizar ocupaciones sobre tierras comunales, debilitando la protección de
los territorios campesinos e indígenas.
Expertos en derecho
constitucional y ambiental advierten que esta ley vulnera principios
fundamentales del Convenio 169 de la OIT, del cual el Perú es parte. Según este
tratado, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han
ocupado tradicionalmente. La titulación no crea propiedad, simplemente la
reconoce. Lo que hace la ley, entonces, es desconocer derechos preexistentes,
abriendo paso a una legalización del despojo.
También omite el valor cultural,
espiritual y de subsistencia que el territorio representa para las comunidades
originarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
territorio es condición esencial para la existencia de estos pueblos. Asimismo,
el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que no se puede entender la
propiedad indígena desde las categorías del derecho civil, pues ello
invisibiliza las diferencias culturales protegidas por la Constitución y el
mencionado convenio internacional.
Asimismo, los juristas señalan
que, la ley no surge en el vacío. Se inscribe en una larga serie de políticas
públicas que favorecen el avance de centros poblados y asentamientos como
instrumentos de apropiación territorial. Este patrón tiene consecuencias
palpables en regiones como San Martín, donde el discurso del
"progreso" ha significado más carreteras, deforestación y pérdida
acelerada de microcuencas.
San Martín, uno de los
departamentos más deforestados del país, enfrenta una paradoja: mientras se
anuncian más obras de infraestructura como señal de desarrollo, sus suelos se
erosionan y sus fuentes de agua desaparecen. Carreteras, puentes y trochas
carrozables se construyen sin estudios de impacto ambiental serios, sin
consulta a las comunidades y sin planificación territorial. Son, en la mayoría
de casos, proyectos electorales disfrazados de desarrollo.
La situación no se limita a San
Martín. En Madre de Dios, Ucayali y Loreto, el avance de la tala ilegal, la
minería aurífera y los monocultivos se ve facilitado por normativas que
flexibilizan los controles ambientales. Las consecuencias ya son visibles: ríos
contaminados, suelos degradados y ciudades que enfrentan escasez de agua en
plena selva.
Inundaciones y huaicos, como los
registrados recientemente en la selva norte, no son fenómenos naturales
inevitables. Son el resultado de una deforestación masiva que debilita la
capacidad de los suelos para absorber agua, combinada con la alteración de los
ciclos hidrológicos provocada por el cambio climático. La falta de políticas de
prevención y adaptación —como reforestación estratégica o manejo integral de
cuencas— agrava el problema.
Pese a este panorama, el Congreso
insiste en debilitar la institucionalidad ambiental. Desde hace muchos años se
promueven normas que reducen las facultades de organismos fiscalizadores como del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y que facilitan la
entrega de concesiones sin consulta previa. La reciente Ley Nº 32293 no es un
caso aislado, sino parte de una ofensiva legislativa que amenaza los
territorios comunales y acentúa los conflictos sociales.
Los pueblos indígenas y
comunidades campesinas, lejos de ser un obstáculo, son actores clave para la
conservación. Sus conocimientos tradicionales sobre biodiversidad y manejo
forestal son fundamentales para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, en
lugar de integrarlos en las decisiones, el Estado sigue priorizando los
intereses de agroexportadores, empresas extractivas y sectores informales.
La comunidad internacional ha
advertido reiteradamente que la Amazonía es un bioma crítico para la
estabilidad climática global. Su destrucción no solo afecta al Perú, sino que
tiene consecuencias planetarias: aumenta las emisiones de CO₂, altera los
regímenes de lluvias en otras regiones y acelera la pérdida de biodiversidad.
Por todo lo mencionado, es urgente que las políticas públicas orientadas al desarrollo incorporen una visión más equilibrada y sostenible, que fortalezca la protección ambiental y respete los derechos colectivos. La Amazonía no necesita más infraestructura sin planificación ni normativas que marginen a las comunidades que históricamente han cuidado este territorio. Lo que se requiere son iniciativas que promuevan un desarrollo en armonía con la naturaleza, reconociendo el rol fundamental de los pueblos originarios como aliados estratégicos en la conservación y el uso responsable de los recursos, asegurando así el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
EL PERÚ SERÁ VIABLE Y
SOSTENIBLE SOLO SI CONSERVAMOS SU AMAZONÍA.
