¡Agua sí, deforestación no!
18/12/2011
“¡Viva la justa lucha de los cajamarquinos!”, “¡Viva la lucha por el agua y la vida!”, “¡Agua sí, oro no!”. Estos son algunos de los lemas más emblemáticos que acompañan la firme protesta del pueblo de Cajamarca frente a una actividad minera irresponsable que, durante años, ha puesto en riesgo sus fuentes de agua y sus ecosistemas. Se trata de una lucha legítima, que interpela no solo a las autoridades, sino a todo un país que aún no termina de comprender que sin agua no hay vida posible.
Mientras en Cajamarca campesinos y autoridades locales se organizan para defender sus cabeceras de cuenca, en el departamento de San Martín persiste una preocupante indiferencia frente a la deforestación incontrolable que avanza día a día. Aquí no son las transnacionales mineras las que amenazan directamente nuestras fuentes de agua; paradójicamente, el peligro proviene de la expansión agrícola desordenada impulsada por agricultores migrantes, en su mayoría procedentes de la sierra norte del país, que se apropian de grandes extensiones de bosque para convertirlas en supuestas “zonas de producción”.
Este proceso se desarrolla, casi siempre, sin ningún criterio técnico. Ante la escasez de tierras disponibles en el valle, estos agricultores se instalan en áreas naturales protegidas y, lo que es aún más grave, en las cabeceras de ríos y quebradas, es decir, en las principales fuentes que abastecen de agua a las poblaciones y a las tierras de cultivo de las zonas bajas, donde se concentran nuestras ciudades.
A diferencia de lo que ocurre en Cajamarca, en San Martín esta situación irregular se arrastra desde la apertura de la Carretera Fernando Belaúnde Terry, hace más de tres décadas, sin que exista una verdadera voluntad política para enfrentar el problema con claridad, responsabilidad y firmeza. Las autoridades y funcionarios continúan observando con pasividad cómo se incrementa la deforestación y, con ella, la temperatura ambiental y el desabastecimiento de agua.
San Martín puede ostentar el mérito de ser uno de los primeros departamentos en contar con instrumentos de gestión ambiental elaborados; sin embargo, también parece ser el primero en ignorarlos. No es casual que figure entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. La Zonificación Ecológica–Económica y el Plan Forestal Regional han terminado reducidos a un simple saludo a la bandera. Solo cabe esperar que el Plan de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo, aún en proceso de validación, no corra la misma suerte.
Peor aún, algunas autoridades, amparadas en un supuesto “sentido social”, terminan favoreciendo la permanencia de invasores en áreas naturales protegidas, ofreciéndoles —o facilitándoles— trochas carrozables, puentes, escuelas y postas médicas. En lugar de aplicar las normas ambientales y los planes de gestión que ellas mismas promovieron, optan por el camino más fácil: asegurar votos. ¿Qué se puede esperar de autoridades que en campaña prometieron el oro y el moro incluso a quienes depredan nuestros bosques de protección?
El problema de la deforestación y de la consecuente disminución del caudal de nuestras fuentes de agua no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Debe abordarse también desde un enfoque regional e interregional. Esta problemática tiene raíces profundas en la precaria situación en la que viven miles de agricultores y ganaderos de la sierra norte, principalmente en Cajamarca y Amazonas, quienes, ante la falta de atención estatal, se ven forzados a migrar en busca de mejores oportunidades. San Martín aparece entonces como una “tierra de nadie”, donde la tierra cuesta poco o nada y la presencia del Estado es débil. En ese escenario proliferan, además, los traficantes de tierras y de madera, que continúan deforestando grandes extensiones de bosque para luego ofrecerlas sin escrúpulos.
Ni la Zonificación Ecológica–Económica ni el Plan de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo lograrán los resultados esperados mientras persistan la indiferencia y la apatía de nuestras autoridades, y mientras se pretenda aplicar estos instrumentos desde una visión localista y aislada. La crisis ambiental de San Martín solo podrá enfrentarse de manera efectiva si se asume de forma coordinada con otros departamentos, especialmente Cajamarca y Amazonas, mediante estrategias conjuntas que permitan mejorar las condiciones de vida de los agricultores en sus lugares de origen y reducir así la presión migratoria hacia la Amazonía.
Sin ánimo discriminatorio alguno, es necesario afirmar que San Martín no tiene por qué pagar los platos rotos de la desatención histórica de otras regiones. La forma en que muchos agricultores migrantes vienen desarrollando sus actividades no solo vulnera el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y equilibrado, sino que amenaza con llevarnos, en pocos años, a una situación crítica que frenaría cualquier posibilidad de desarrollo socioeconómico.
Algunas autoridades regionales y municipales suelen justificar esta situación con el argumento simplista de que “toda persona tiene derecho a trabajar y a ganarse la vida”. Con ello optan por la salida más cómoda, evadiendo la responsabilidad de enfrentar el problema con seriedad. Poner orden no es ser egoísta ni mezquino; es, simplemente, hacer cumplir normas básicas para garantizar un desarrollo sostenible. Nadie cuestiona el derecho al trabajo de agricultores y ganaderos, pero es indispensable que se respete la intangibilidad de ciertas zonas, especialmente las cabeceras de microcuencas y las áreas naturales protegidas.
En el Alto Mayo, la mayoría de agricultores desarrolla sus actividades en el valle y depende directamente del agua que nace en las montañas, precisamente en aquellas áreas que hoy están siendo invadidas y depredadas. No podemos seguir permitiendo, en nombre de un desarrollo mal entendido, la ocupación desordenada del territorio ni la destrucción de nuestros bosques protegidos. De continuar por este camino, quienes terminaremos migrando en busca de una vida digna —por falta de agua— seremos nosotros, los que habitamos legalmente nuestros pueblos y ciudades.
Por todo lo expuesto, ha llegado el momento de que los sanmartinenses alcemos una sola voz y afirmemos con claridad y convicción: ¡Agua sí, deforestación no!
