I Parte
Con fecha 16 de diciembre de 2004 se promulgó el Decreto Supremo N.º 087-2004-PCM, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), en concordancia con lo establecido por la Ley N.º 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Este marco normativo sentó las bases para una planificación territorial más racional y responsable en el país.
Según el referido decreto supremo, la Zonificación Ecológica–Económica es un proceso dinámico y flexible orientado a identificar las distintas alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, a partir de la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, considerando criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada, la ZEE se convierte en un instrumento técnico orientador del uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales. Su finalidad es clara: guiar la toma de decisiones sobre los mejores usos del espacio, atendiendo las necesidades de la población y manteniendo una relación armónica con el ambiente. Asimismo, la ZEE debe servir como marco de referencia espacial para los planes sectoriales y regionales, además de orientar la inversión privada.
En el caso del departamento de San Martín, se cuenta con el valioso antecedente de una Zonificación Ecológica–Económica a nivel macro, aprobada mediante Ordenanza Regional N.º 012-2006-GRSM/CR, el 20 de julio de 2006. Este instrumento está conformado por catorce informes temáticos finales, acompañados de sus respectivos mapas, y permite comprender con precisión la vocación de nuestro territorio. De acuerdo con sus resultados, apenas el 14,87 % del territorio regional corresponde a zonas de aptitud productiva; el 64,60 % está destinado a zonas de protección y conservación ecológica; el 20,38 % a zonas de recuperación, y solo el 0,15 % presenta vocación urbano-marginal. Estos datos, por sí solos, deberían ser suficientes para orientar cualquier política pública o privada de ocupación del territorio.
En el ámbito del Alto Mayo, que comprende las provincias de Rioja y Moyobamba, la ZEE avanzó hacia un nivel más específico y detallado, es decir, a escala meso (1:100 000). Gracias a ello, las instituciones representativas —Gobierno Regional y municipalidades provinciales y distritales— disponen de información suficiente para orientar adecuadamente a la población, incluidos los migrantes, a fin de que desarrollen sus actividades productivas considerando la vocación del territorio y la capacidad de uso mayor de los suelos. De aplicarse correctamente, esta información permitiría generar condiciones reales para un mejor aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.
Cabe señalar que, de manera paralela a la elaboración de la ZEE regional, se desarrolló el Análisis de Riesgo de Desastres (AdR), instrumento técnico-social mediante el cual se diagnosticaron y evaluaron las condiciones de riesgo existentes en el territorio. Este estudio permitió identificar zonas con peligros, vulnerabilidad y riesgo frente a desastres naturales, con el propósito de proponer alternativas orientadas a reducir la vulnerabilidad y elevar los niveles de seguridad de la población, evitando así que estos eventos se repitan de manera recurrente.
Con toda esta información disponible, puede afirmarse sin exageración que San Martín es uno de los departamentos más estudiados de la Amazonía peruana. Por ello resulta no solo ilógico, sino profundamente preocupante, constatar cómo se sigue permitiendo una ocupación desordenada del territorio. Conociendo las potencialidades y limitaciones de nuestros suelos y ecosistemas, resulta paradójico figurar entre las regiones con mayores tasas de deforestación a nivel nacional. Resulta igualmente alarmante observar el avance incontenible de la depredación de las áreas naturales protegidas, de las cabeceras de ríos y quebradas, así como de las laderas de las montañas que bordean la Carretera Fernando Belaúnde Terry.
Todo ello ocurre ante la vista y paciencia de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, de las municipalidades, de las direcciones regionales de Agricultura, Transportes y de otras instancias del Estado, que deberían asumir un rol más activo y responsable. Si el conocimiento existe y los instrumentos están disponibles, lo que falta no es información, sino decisión política para frenar esta devastación progresiva de nuestro patrimonio natural.
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