La Zonificación Ecológica–Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial en San Martín
II Parte
24/01/2010
En la edición anterior se abordó la Zonificación Ecológica–Económica (ZEE), dejando claramente establecido que este instrumento de gestión ambiental permite identificar las potencialidades y limitaciones de un territorio determinado. Se señaló, asimismo, que su finalidad principal es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del espacio, considerando las necesidades de la población que lo habita y manteniendo una relación armónica con el ambiente. Se precisó también que la ZEE constituye un marco de referencia espacial para los planes sectoriales y regionales, además de servir como herramienta para promover y orientar la inversión privada.
En el ámbito de la región San Martín, la elaboración de la ZEE a nivel macro, a escala 1:250 000, culminó en el año 2006. En el caso del Alto Mayo, este proceso avanzó hacia un nivel más específico y detallado, es decir, a nivel meso, con una escala de 1:100 000, instrumento que fue validado en el año 2008. Este avance dotó a las autoridades y a la población de información técnica suficiente para orientar de mejor manera el uso del territorio.
La ZEE constituye, además, la base técnica para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), proceso que ya ha culminado en las provincias de Tocache y Picota, así como en los distritos de Nueva Cajamarca y Soritor. Estos avances, aunque parciales, demuestran que existen herramientas concretas para empezar a ordenar el uso del territorio sin necesidad de esperar la culminación de estudios a escala departamental.
El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de gestión ambiental que define cómo deben utilizarse los recursos existentes en los centros poblados, distritos y provincias. Este estudio establece dónde y de qué manera deben desarrollarse las actividades agrícolas, pecuarias, mineras, turísticas y otras, con el objetivo de optimizar los beneficios y reducir los impactos negativos. Asimismo, orienta las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de agua tanto en el ámbito rural como urbano. En síntesis, el POT busca ordenar las actividades que los pobladores vienen realizando en un territorio, muchas veces sin criterio técnico alguno, generando desequilibrios ambientales que terminan afectando a toda la sociedad.
Resulta preocupante que algunos funcionarios del Gobierno Regional y de determinadas municipalidades sostengan, de manera absurda, que recién cuando el Plan de Ordenamiento Territorial esté concluido en todo el departamento se empezarán a adoptar medidas frente al uso inadecuado del territorio. Esta postura resulta aún más grave si se considera que la región continúa recibiendo una afluencia masiva y desordenada de agricultores migrantes, principalmente provenientes de las zonas rurales de la sierra y la costa norte del país. En las circunstancias actuales, las autoridades ya podrían —y deberían— utilizar la información existente de la ZEE y de los POT elaborados para implementar, con urgencia, acciones de orientación y control migratorio.
Teniendo en cuenta los avances logrados en materia de estudios y planificación territorial en San Martín, nada justifica que las autoridades regionales, provinciales y distritales no adopten medidas firmes para frenar la invasión y deforestación de las áreas naturales protegidas, de las cabeceras de cuenca y de las laderas de las montañas que bordean nuestras carreteras. Nada justifica que se continúe destruyendo el potencial turístico natural de la región ni que San Martín siga figurando, a nivel nacional, como uno de los departamentos con mayores índices de deforestación.
Hoy más que nunca debe tenerse presente que el bienestar presente y futuro de la población depende de la oportunidad con la que se adopten las decisiones correctas. La solución de la problemática ambiental regional no puede basarse en acciones aisladas ni en consignas demagógicas como “San Martín, región verde”, sino en la aplicación efectiva de los instrumentos existentes y en la adopción de medidas prácticas, coherentes y contundentes que permitan ordenar el territorio y proteger nuestro patrimonio natural.
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