Gestión de los recursos hídricos

En San Martín: gestión de los recursos hídricos en su peor crisis

07/12/2009

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Tras la apertura de la Carretera Fernando Belaúnde Terry, San Martín empezó a recibir una afluencia masiva y desordenada de agricultores migrantes, provenientes en su mayoría de las zonas rurales de la sierra y de la costa norte del país. Llegaron con la legítima aspiración de encontrar tierras aptas y disponibles para dedicarse principalmente a la agricultura y la ganadería, con la esperanza de construir un futuro más promisorio que el que habían dejado atrás.

Sin embargo, después de más de treinta años de esta “integración” terrestre con el resto del país, la ocupación del territorio sanmartinense continúa dándose sin ningún criterio de sostenibilidad. Los migrantes, ante la ausencia de orientación técnica y planificación estatal, se asentaron —y siguen asentándose— donde mejor les parece, desconociendo la vocación de las tierras y aplicando técnicas de cultivo ajenas a la realidad amazónica. El resultado es evidente: la problemática ambiental de San Martín se ha vuelto cada vez más crítica.

Desde Rioja, en el extremo norte, hasta Tocache, en el sur, la deforestación bajo la modalidad de tala, rozo y quema, con fines agrícolas, pecuarios y forestales, avanza de manera imparable e incontrolable. Esta situación ha llevado a que San Martín figure actualmente como uno de los departamentos más deforestados del país, con graves consecuencias para su equilibrio ecológico y su futuro económico.

Las cifras demográficas ayudan a comprender la magnitud del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 1972 la población de San Martín ascendía a 224 427 habitantes; en 1981 se incrementó a 319 751, y en la actualidad supera los 728 000. Algunos especialistas sostienen que este crecimiento poblacional representó, hasta fines de la década de 1980, un aporte al desarrollo socioeconómico regional. No obstante, una vez saturadas las tierras con vocación agrícola y pecuaria, la expansión se desplazó hacia zonas que deberían permanecer intangibles: áreas naturales protegidas y microcuencas, es decir, las principales fuentes de agua.

Las consecuencias de esta ocupación irresponsable son cada vez más visibles. Entre los meses de mayo y diciembre, el caudal de los ríos disminuye progresivamente, obligando a racionamientos de agua que afectan tanto a las poblaciones urbanas como a las tierras de cultivo ubicadas en los valles. En contraste, durante la temporada de lluvias —de enero a abril—, los huaycos y deslizamientos castigan nuestras carreteras, mientras los ríos crecen más de lo habitual y provocan inundaciones devastadoras. En ambos escenarios, las pérdidas económicas y sociales para la región son significativas.

Paradójicamente, San Martín es uno de los departamentos más estudiados del país. Cuenta con diversos instrumentos de gestión ambiental que, de aplicarse de manera efectiva, permitirían encaminar un desarrollo socioeconómico en armonía con la conservación del patrimonio natural. Entre ellos destacan la Zonificación Ecológica–Económica, validada en 2006, y el Plan de Ordenamiento Territorial, ya elaborado en algunas provincias y distritos y en proceso en otros, como Rioja y Moyobamba. Ambos instrumentos constituyen herramientas fundamentales para frenar la devastación del territorio.

No obstante, la realidad demuestra que la implementación de estos planes, al igual que de otros instrumentos ambientales, no es una prioridad para las autoridades regionales, provinciales y distritales. El crecimiento desordenado de los centros poblados y la práctica de actividades productivas insostenibles se imponen sobre las medidas tímidas e ineficaces adoptadas por nuestros “representantes”. La ausencia de voluntad política es evidente: los instrumentos de gestión ambiental permanecen archivados, cumpliendo una función meramente decorativa en los escritorios del Gobierno Regional y de las municipalidades.

Cabe entonces preguntarse: ¿acaso la Zonificación Ecológica–Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial no tienen como objetivo central el uso adecuado de los recursos naturales?, ¿no buscan ordenar las actividades que se desarrollan en el territorio?, ¿qué más tiene que ocurrir para que las autoridades reaccionen y adopten medidas responsables en favor de las generaciones presentes y futuras?

De mantenerse esta tendencia, no resulta aventurado prever que, en un par de décadas, la mayoría de los pueblos sanmartinenses enfrente una severa escasez de agua, al punto de verse obligados a migrar. Tampoco es exagerado afirmar que la falta de conciencia ambiental, la negligencia y el oportunismo político —que prioriza obras de impacto inmediato— están profundizando una crisis cuyos efectos trascenderán las fronteras regionales. Todo indica que, para muchos políticos, el tema ambiental no resulta “rentable”, pues se trata de un asunto de mediano y largo plazo que no genera réditos electorales inmediatos.

Conviene recordar que San Martín forma parte de un ecosistema global. Lo que aquí se destruye o se gestiona mal termina afectando a otras regiones. El origen de esta crisis no debe buscarse en la naturaleza, sino en la forma en que se administran los recursos naturales, en particular los recursos hídricos, cuya degradación responde al uso de métodos inadecuados y a la ausencia de planificación.

Finalmente, es necesario entender que la falta de acceso al agua en cantidad y calidad suficientes limita nuestra capacidad de producir alimentos, de generar ingresos, de impulsar industrias, de promover el turismo, la agricultura y la ganadería, e incluso de producir energía. En otras palabras, sin una gestión responsable de los recursos hídricos, San Martín no podrá aspirar a un crecimiento verdaderamente sostenible.