30 ene 2012

Áreas naturales protegidas

Áreas naturales protegidas del Alto Mayo en serio proceso de destrucción

17/08/2011
Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El valle del Alto Mayo, ubicado al norte del departamento de San Martín y con una extensión aproximada de 6 307 km², está conformado por las provincias de Rioja y Moyobamba. Este singular territorio constituye uno de los refugios naturales más valiosos de la Selva Alta peruana. Su diversidad paisajística, su extraordinaria biodiversidad y su clima privilegiado lo convierten en un espacio con enorme potencial para el desarrollo del ecoturismo y de actividades sostenibles vinculadas a la naturaleza.

Sobre la superficie de ambas provincias se extiende el imponente Bosque de Protección Alto Mayo, con una extensión cercana a las 182 mil hectáreas. Esta área natural protegida, administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, alberga las vertientes de los principales ríos que abastecen de agua a las poblaciones, tierras de cultivo y humedales del norte sanmartinense. En su interior habita, además, una notable cantidad de especies endémicas de flora y fauna, entre las que destacan la orquídea Kovachii (Phragmipedium kovachii), el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda), el tocón andino (Callicebus oenanthe), el colibrí maravilloso o cola de espátula (Loddigesia mirabilis), la lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi) y el gallito de las rocas (Rupicola peruviana), entre muchas otras especies que hoy se encuentran seriamente amenazadas por la deforestación irracional, brutal y avasalladora que viene produciéndose en la región.

En el Alto Mayo existen también importantes áreas de conservación municipal y zonas de protección y conservación ecológica, creadas con fines similares a los de las áreas naturales protegidas de alcance nacional. Sin embargo, en estos espacios se reproduce desde hace años la misma problemática que afecta al Bosque de Protección Alto Mayo. La tala, el rozo y la quema de bosques con fines agrícolas se ejecutan ante la vista y paciencia de autoridades y funcionarios que parecen recordar la importancia del medio ambiente únicamente en discursos y reuniones protocolares.

No debe olvidarse que el Alto Mayo fue reconocido como una de las Siete Maravillas del Perú, distinción que lo posiciona no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Pese a ello, poco o nada se viene haciendo para conservar esta condición privilegiada, lo que pone en serio riesgo el futuro ambiental y económico de la zona.

Resulta particularmente lamentable reconocer que la destrucción de las riquezas naturales del Alto Mayo no es responsabilidad exclusiva de agricultores migrantes, traficantes de tierras o madereros ilegales. En no pocos casos, son las propias autoridades las que, en nombre de un desarrollo mal entendido y motivadas por intereses políticos de corto plazo, promueven la ejecución de obras de infraestructura —trochas carrozables, canales de riego, trasvases, puentes, entre otras— que terminan contribuyendo a la degradación de ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental, muchos de ellos ubicados dentro de áreas naturales protegidas.

Los impactos negativos son evidentes en el propio Bosque de Protección Alto Mayo, así como en zonas de protección y conservación ecológica como Mishquiyacu–Rumiyacu–Almendra y el Humedal del Alto Mayo, especialmente en los sectores de Tingana, Santa Elena y Lloros. La inoperancia de las instituciones responsables de velar por la conservación y protección de estos espacios se vuelve cada día más visible y preocupante.

Si bien el cuidado del entorno natural es un deber compartido por toda la sociedad, también es cierto que la mayor responsabilidad recae en quienes ejercen funciones públicas. Los burócratas que abundan en las municipalidades y en el Gobierno Regional deberían justificar los elevados sueldos que perciben con acciones concretas y eficaces en defensa del patrimonio natural que administran.

Frente a la grave crisis ambiental que atraviesa el Alto Mayo —y la región en general—, resulta indispensable que la sociedad civil se organice y participe activamente en las labores de recuperación, conservación y protección del entorno natural. Pero, al mismo tiempo, debe exigir con firmeza que sus representantes, recientemente elegidos y reelectos, dejen de lado la politiquería y gobiernen respetando las leyes ambientales nacionales y sus propias ordenanzas regionales y municipales. De no hacerlo, el Alto Mayo corre el serio riesgo de dejar de ser uno de los rincones más exuberantes y paradisíacos de la Amazonía peruana.


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