SAN MARTÍN: COMUNIDADES SE MOVILIZAN EN CONTRA DE CONCESIONES MINERAS
Por: Ludwig H. Cárdenas
Silva
San
Martín ha sido históricamente una zona de producción agrícola y un enclave de
biodiversidad. La abundancia de recursos naturales ha convertido a este
departamento en uno de los más destacados en la producción de arroz, maíz,
plátano, yuca, café y cacao, permitiendo que miles de familias dependan de la
agricultura, la pesca y otras actividades estrechamente ligadas al ecosistema.
Sin embargo, en los últimos años, San Martín ha empezado a sufrir con
intensidad los efectos del cambio climático, lo que pone en peligro tanto la
estabilidad ecológica como la económica de la región.
El cambio climático
ya está mostrando sus efectos devastadores en toda la Amazonía, y uno de los
aspectos más críticos es la disminución del caudal de los ríos. La temporada de
estiaje, caracterizada por largos periodos sin lluvias, se ha vuelto más
prolongada e intensa, afectando no solo a los ecosistemas acuáticos, sino
también a las comunidades locales que dependen del agua para consumo y riego de
cultivos. Como resultado, varias ciudades han enfrentado racionamientos de agua
potable, lo que hace cada vez más difícil garantizar un suministro constante y
seguro de este recurso vital.
Los cambios en los
patrones de lluvia y el aumento de las temperaturas han comenzado a afectar
directamente la producción agrícola. Los cultivos tradicionales están sufriendo
los efectos de sequías prolongadas, lluvias intensas y erráticas, así como la
falta de acceso a sistemas de riego adecuados. Esta combinación de factores ha
desencadenado una crisis sin precedentes en el sector agrícola de San Martín.
Los efectos no se
limitan únicamente a la cantidad y calidad de los cultivos. Los incendios
forestales, una de las consecuencias más visibles del cambio climático, están
aumentando en frecuencia e intensidad. El calor extremo y la falta de humedad
en los bosques amazónicos crean condiciones propicias para la propagación de
incendios, muchos de los cuales resultan incontrolables. Estos incendios no
solo destruyen vastas áreas de bosque tropical, sino que también impactan la
biodiversidad, destruyendo hábitats de especies animales y vegetales que están
en situación vulnerable o en peligro de extinción.
En medio de esta
crisis climática, la región enfrenta una nueva amenaza: la minería. La
concesión de lotes para la minería en San Martín ha suscitado una creciente
preocupación, especialmente por su impacto en los ríos y bosques, así como en
las comunidades locales. El Ministerio de Energía y
Minas ha otorgado más de 500 concesiones mineras en la Amazonía, principalmente
para la exploración de minerales valiosos como el oro y otros metales. Aunque
la explotación minera en la Amazonía peruana no es un fenómeno reciente, su
expansión en departamentos como San Martín ha generado tensiones entre las
empresas mineras, los agricultores y las comunidades indígenas.
Uno de los
principales conflictos gira en torno a la contaminación del agua. La minería
requiere el uso de productos químicos tóxicos, como el mercurio y el cianuro,
que pueden filtrarse en los ríos y arroyos, contaminando las fuentes de agua.
Esta contaminación no solo afecta a la vida silvestre, sino que también pone en
peligro a las comunidades que dependen de estos ríos para su subsistencia. La
agricultura, que ya enfrenta serios desafíos debido al cambio climático, podría
verse aún más afectada por la falta de agua limpia para el riego y el consumo.
Además, las
actividades mineras suelen contemplar la deforestación de grandes extensiones
de bosque para acceder a los depósitos minerales. Esto resulta especialmente
preocupante en un departamento como San Martín, donde el 64.60% del territorio
está destinado a zonas de protección y conservación ecológica, el 20.38% son zonas de
recuperación, el 14.87% son zonas de producción y el 0.15% son zonas de
vocación urbana, según la Zonificación Ecológica Económica (ZEE).
La eliminación de la vegetación no solo provoca la pérdida de biodiversidad,
sino que también acelera la erosión del suelo, lo que perjudica a los
agricultores locales al reducir la fertilidad de las tierras.
Un problema
recurrente en la expansión de la minería en la Amazonía es la falta de
coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos
locales y las comunidades campesinas e indígenas. Muchas concesiones mineras se
otorgan sin la consulta previa adecuada a las poblaciones que habitan las zonas
afectadas. En distritos como Soritor y Tabalosos, las
empresas mineras han comenzado la exploración sin consultar a los agricultores,
sociedad civil y autoridades, lo que está generando fuertes protestas y
demandas.
Las comunidades están
particularmente preocupadas por el derecho al acceso al agua, un recurso cada
vez más escaso debido al cambio climático. Los residentes temen que la
actividad minera, con su alta demanda de agua y su potencial de contaminación,
pueda comprometer sus fuentes de agua potable y los sistemas de riego que
sustentan su agricultura.
Todo indica que las
empresas mineras no están considerando las regulaciones ambientales, como la
mencionada Zonificación Ecológica Económica (ZEE), ni la zonificación forestal.
Los estudios que realizan las empresas suelen basarse en información satelital,
lo que ignora el conocimiento local y la realidad de los ecosistemas en el
terreno. Las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas no
siempre son respetadas, y las actividades exploratorias frecuentemente se
superponen con territorios clave para la conservación ecológica.
En
relación con esta situación, es preocupante lo que manifestó el director
regional de Energía y Minas: “Nosotros no tenemos competencia directa en la
mediana y gran minería. El gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, fue
enfático en la audiencia al decir que rechazamos toda intervención de
exploración minera en nuestro territorio sin antes haber sido socializada con
la población. Una cosa es tener el conocimiento y otra es dar el
consentimiento; nosotros, como gobierno regional, no otorgamos autorizaciones”,
declaró José Enrique Celis Escudero en una entrevista en Radio Tropical. Estas
declaraciones sugieren que el gobierno regional tendría una capacidad limitada
frente a las decisiones del gobierno central, lo cual no refleja la realidad.
Cabe destacar que, a lo largo del proceso de elaboración de la Zonificación
Ecológica - Económica (ZEE), el GORESAM, junto con las municipalidades
provinciales y distritales, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) a través del Programa
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), así como la sociedad civil, asumieron un
liderazgo activo. Por lo tanto, la ZEE, al haber sido elaborada de manera
participativa y consensuada, tiene carácter vinculante. Solo queda hacerla
respetar.
Un aspecto importante
a considerar es la dependencia económica de Perú de la exportación de materias
primas, como los minerales, y los riesgos que esta dependencia implica a largo
plazo. Aunque la minería puede generar ingresos significativos a corto plazo,
es una actividad altamente destructiva para el medio ambiente y que, en muchos
casos, deja pocos beneficios económicos duraderos para las comunidades locales.
Ante este panorama,
surge la necesidad urgente de diversificar la economía de San Martín y de la
Amazonía en general. En lugar de depender de la minería, cuyos impactos
negativos sobre el medio ambiente y la agricultura son evidentes, se deberían promover
alternativas más sostenibles y menos destructivas. La agricultura sostenible,
el desarrollo de la agroindustria y el turismo ecológico son sectores capaces
de generar empleo y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, sin
poner en riesgo los recursos naturales de la región.
El sector agrícola,
por ejemplo, puede fortalecerse a través de la inversión en tecnologías de
riego eficiente, la promoción de prácticas de agricultura regenerativa y el
apoyo a pequeños agricultores para que adopten sistemas agroforestales que
ayuden a restaurar la biodiversidad y mejorar la resiliencia de los
ecosistemas. El turismo ecológico, que aprovecha la belleza natural y la rica
biodiversidad de la Amazonía, tiene el potencial de generar ingresos importantes
sin necesidad de degradar el medio ambiente.
La minería no puede
considerarse como la única solución para el desarrollo económico de San Martín
y del país. Es fundamental adoptar un enfoque más inclusivo y sostenible en la
gestión de los recursos naturales, que respete la Zonificación Ecológica
Económica, el Plan de Ordenamiento Territorial, y garantice la consulta previa
con las comunidades locales antes de otorgar concesiones mineras. La Amazonía
peruana es una de las regiones más biodiversas del planeta, y su conservación
es crucial, no solo para las generaciones actuales, sino también para las
futuras.
En medio de la crisis
provocada por el cambio climático, el desarrollo económico debe avanzar paralelo
con la conservación ambiental, y no a expensas de esta.
La implementación de políticas de desarrollo sostenible, el respeto a los
derechos de las comunidades locales, y la protección de los ecosistemas deben
ser prioridades fundamentales para asegurar que San Martín continúe siendo un
lugar donde la calidad de vida prospere, tanto para las personas como para la
biodiversidad que habita en sus bosques, ríos y montañas.
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