Hasta cuándo?

Continúan obras irregulares en el Alto Mayo

Por: Ludwig Cárdenas Silva

En los últimos años, diversas obras ejecutadas en el Alto Mayo vienen evidenciando una realidad preocupante: algunas instituciones regionales parecen estar infestadas de supuestos “profesionales” que, sin mayor esfuerzo, dejan al descubierto su improvisación, negligencia o abierta incapacidad. Como ejemplos palpables están las cuestionadas obras de agua y desagüe de Jepelacio y de la ciudad de Rioja.

Resulta difícil comprender cómo una institución que cuenta con una Oficina de Manejo Ambiental y que, en teoría, debería trabajar de manera coordinada con la Autoridad Regional Ambiental, incurra en errores tan elementales como reiterados. Un caso emblemático es el proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja”, una obra que, de manera absurda, presenta una cadena de anomalías técnicas y serias transgresiones a las normas legales vigentes.

Es de conocimiento público que los proyectos de saneamiento deben cumplir estrictamente con requisitos técnicos, legales y ambientales, tanto por parte de las instituciones públicas como de las empresas privadas ejecutoras, más aún cuando dichas obras se desarrollan en espacios vinculados a la conservación y protección de los recursos naturales.

El proyecto en mención involucra directamente la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo; por lo tanto, el ejecutor —el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)— debió solicitar, antes de iniciar cualquier intervención, la correspondiente opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Sin embargo, la obra se viene ejecutando sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el sector competente. Por esta razón, tanto la Autoridad Local del Agua de Rioja como la oficina del Bosque de Protección Alto Mayo se han visto impedidas de autorizar formalmente la ejecución de los trabajos en la zona de amortiguamiento.

Los representantes de estas instituciones han sido claros: no buscan frenar el desarrollo de proyectos, sino exigir que se cumplan las normas legales. En consecuencia, el PEAM, al no haber cumplido previamente con estos requisitos básicos, habría incurrido en faltas a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley General de Aguas. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que una entidad que se presenta como promotora del desarrollo sostenible y defensora de la Zonificación Ecológica Económica y del Ordenamiento Territorial, incurra en este tipo de infracciones.

A estas irregularidades se suman otras anomalías detectadas durante la ejecución del proyecto, las cuales han sido denunciadas por el Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR). Entre las principales observaciones se señalan las siguientes:

• Las tuberías de agua y desagüe se estarían instalando en las calles sin un criterio técnico adecuado. Se tiene conocimiento de que los tubos matrices no cumplirían con las dimensiones requeridas y que, además, se estaría utilizando material de bajo costo y dudosa calidad. Mientras tanto, la empresa supervisora parece mirar hacia otro lado.

• El consorcio ejecutor, ganador de la buena pro, habría solicitado reiterados adicionales de obra para continuar con el proyecto. Se señala que el PEAM ya habría aprobado más de nueve millones de soles en adicionales, superando largamente el límite legal del 15 % del monto contractual, lo que despierta serias sospechas sobre la transparencia del proceso.

• Pese a los evidentes retrasos en la ejecución, el PEAM no habría aplicado penalidad alguna a la empresa contratista, ni siquiera simbólicamente. Esta situación refuerza la percepción ciudadana de una posible colusión entre la entidad ejecutora y la empresa supervisora, generando un comprensible malestar y desconfianza en la población riojana respecto a la calidad final de la obra.

Ante este escenario, y considerando que la Municipalidad Provincial de Rioja no ha emitido un pronunciamiento claro y contundente sobre los hechos denunciados, el FEDIR ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República.

Resulta fundamental que las irregularidades existentes sean investigadas a fondo y sancionadas de manera ejemplar. De no hacerlo, se corre el riesgo de que estas malas prácticas se repliquen en otros proyectos y en distintas zonas del departamento, consolidando un patrón de impunidad que termina perjudicando, una vez más, a la ciudadanía y al propio desarrollo regional.