El tratamiento inadecuado impera en sus diez provincias
Por: Ludwig Cárdenas Silva
Por: Ludwig Cárdenas Silva
Desde hace 12 años, el Perú cuenta con la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la cual establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.
No obstante, la existencia de esta Ley, son contados los municipios, a nivel nacional, que se han preocupado por elaborar su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS. Las pocas municipalidades, principalmente de la Costa, que cuentan con este importante instrumento de gestión están en un nivel regular de su ejecución o desarrollo. En lo que concierne al departamento de San Martín, hasta ahora, ninguna de sus diez provincias tiene un PIGARS en desarrollo; es decir no brindan un manejo adecuado de sus residuos sólidos y mucho menos cuentan con un relleno sanitario. El manejo que algunas municipalidades vienen dando a este asunto no pasa de limitadas acciones, como comprar vehículos recolectores y de ciertos intentos de reciclar los residuos sólidos domiciliarios.
Es preciso recalcar que el tratamiento de los residuos sólidos implica una serie de actividades que van más allá de comprar vehículos o de repartir depósitos en los domicilios para segregar los residuos. Implica, en primera instancia, un trabajo de educación y sensibilización de la población; labor en la que deben participar activamente el sector Educación y Salud. Existe mucha desinformación, faltan programas de planificación y desarrollo; pero, antes, es necesario llenar los vacíos de la falta de información, elaborar planes de optimización de la limpieza pública, como también la capacitación del personal responsable.
La contaminación que generan los residuos sólidos, desde su recolección hasta su depósito en los botaderos informales y hasta en los ríos que discurren cerca de las ciudades, originan focos infecciosos que van contra la salud de las poblaciones que viven en zonas aledañas, lo cual debe ser motivo para que el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Salud, participe activamente en la solución de esta problemática.
Es menester, también, considerar que el desarrollo turistico regional se ve amenguado cuando los visitantes se encuentran, a cada paso, con los botaderos informales, que hasta se ubican al borde las carreteras o caminos que conducen a nuestros atractivos turísticos. En este aspecto es imperativo la participación de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, quienes deben reforzar las acciones de sensibilización ambiental que adopten los municipios.
En conclusión, el manejo adecuado de los residuos sólidos implica un trabajo coordinado entre los diferentes actores locales, incluyendo el sector privado. La participación y el compromiso ciudadano estará determinado por el nivel de voluntad política que pongan nuestras autoridades y funcionarios en este asunto, caso contrario seguiremos postergando el mejoramiento de la salubridad y la imagen de nuestros pueblos.
Los botaderos informales proliferan a lo largo y ancho del departamento de San Martín, originando focos infecciosos que afectan a las poblaciones aledañas.
