Por: Ludwig Cárdenas Silva
Desde hace más de una década, el Perú cuenta con la Ley N.º 27314, Ley General de Residuos Sólidos, norma que establece derechos, obligaciones y responsabilidades para asegurar una gestión de los residuos sólida, sanitaria y ambientalmente adecuada, basada en principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la población.
Sin embargo, pese a la vigencia de este marco legal, son contados los municipios, a nivel nacional, que han asumido con seriedad la tarea de elaborar y ejecutar su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). Las pocas municipalidades que cuentan con este instrumento —principalmente en la costa del país— presentan, en el mejor de los casos, niveles regulares de implementación. En el departamento de San Martín, la situación es aún más preocupante: hasta la fecha, ninguna de sus diez provincias cuenta con un PIGARS en ejecución. En consecuencia, no se brinda un manejo adecuado de los residuos sólidos ni se dispone de rellenos sanitarios formales.
Las acciones emprendidas por algunas municipalidades se han limitado, por lo general, a la adquisición de vehículos recolectores y a tímidos intentos de reciclaje de residuos domiciliarios. Estas medidas, aunque necesarias, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema.
Es importante subrayar que el manejo integral de los residuos sólidos va mucho más allá de la compra de camiones o de la distribución de contenedores para la segregación en los hogares. Implica, en primer lugar, un sostenido trabajo de educación y sensibilización de la población, tarea en la que deben involucrarse activamente los sectores Educación y Salud. La desinformación sigue siendo amplia, faltan programas de planificación y desarrollo, y persisten vacíos que solo pueden superarse mediante la elaboración de planes de optimización de la limpieza pública y la capacitación permanente del personal responsable de esta labor.
La contaminación generada por los residuos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final en botaderos informales —e incluso en ríos cercanos a las ciudades—, da lugar a focos infecciosos que afectan directamente la salud de las poblaciones asentadas en las zonas aledañas. Esta situación debería motivar una participación más activa del Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Salud, en la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles.
Asimismo, no puede soslayarse el impacto negativo que esta problemática tiene sobre el desarrollo turístico regional. La presencia de botaderos informales, muchos de ellos ubicados al borde de carreteras y caminos que conducen a los principales atractivos turísticos, deteriora gravemente la imagen de la región. En este ámbito, resulta indispensable la intervención de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, que debe reforzar y articular las acciones de sensibilización ambiental impulsadas por los gobiernos locales.
En conclusión, el manejo adecuado de los residuos sólidos exige un trabajo coordinado entre los distintos actores locales, incluyendo al sector privado y a la ciudadanía. El compromiso de la población dependerá, en gran medida, de la voluntad política que demuestren nuestras autoridades y funcionarios. De lo contrario, se continuará postergando no solo el mejoramiento de la salubridad pública, sino también la imagen y calidad de vida de nuestros pueblos.
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