Inversión pública vs. ofertas electorales
El caso de San Martín
En los últimos años se ha vuelto frecuente escuchar elogios al desempeño del Gobierno Regional de San Martín en relación con el manejo y la ejecución de su presupuesto anual. Las cifras, repetidas con insistencia desde los discursos oficiales, suelen presentarse como prueba irrefutable de una gestión eficiente y exitosa, casi incuestionable.
Según el resumen ejecutivo del Congreso de la República correspondiente al año fiscal 2011, la gestión encabezada por César Villanueva figura entre las primeras a nivel nacional en cuanto a ejecución de inversiones públicas. En un contexto donde muchas regiones evidencian serias dificultades para gastar sus presupuestos, este dato podría considerarse meritorio. Sin embargo, de ahí a sostener que San Martín constituye un modelo de gestión solo porque se invierte más —o porque a otros les va peor— hay una distancia considerable. Celebrar cifras sin mayor análisis no deja de ser, en el fondo, un consuelo engañoso.
La inversión pública no puede evaluarse únicamente desde el aspecto cuantitativo. Resulta indispensable analizar también su dimensión cualitativa. ¿Qué porcentaje de los proyectos ejecutados o en ejecución responde a criterios de sostenibilidad?, ¿cuántos de ellos están realmente justificados por las necesidades de la población?, ¿en qué medida las ofertas electorales se vienen cumpliendo? Estas preguntas adquieren mayor relevancia si se considera el progresivo descrédito del lema “San Martín, región verde”, una consigna que contrasta abiertamente con la crisis ambiental que hoy se manifiesta a lo largo y ancho del departamento.
La pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación ambiental, el incremento de la temperatura y la disminución del caudal de las fuentes de agua, como consecuencia de la deforestación y quema de bosques —incluso en áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca— continúan produciéndose de manera persistente y, en muchos casos, con total impunidad. Estos hechos son señales claras de que, en materia ambiental, las acciones emprendidas han sido insuficientes o meramente declarativas.
San Martín ostenta hoy el lamentable demérito de figurar entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. Más de un millón seiscientas mil hectáreas de bosques primarios han desaparecido, en su mayor parte debido a la expansión agrícola impulsada por migrantes provenientes de otras regiones del país. Basta recorrer los márgenes de la Carretera Fernando Belaúnde Terry para constatar esta realidad. La relación entre migración desordenada, crecimiento poblacional y deforestación resulta evidente y difícil de negar.
Para cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común, también resulta claro que la mayor parte del presupuesto regional se destina a obras de infraestructura. Estas inversiones podrían ser positivas si respondieran efectivamente a las verdaderas necesidades de los pueblos y si se ejecutaran sin sobrecostos ni irregularidades. No obstante, diversos indicios —ya cuestionados por algunos consejeros regionales y por la prensa independiente— sugieren que estos criterios no siempre se cumplen.
Paradójicamente, en el ámbito ambiental, San Martín es probablemente uno de los departamentos con mayor cantidad de instrumentos de gestión elaborados. Se cuenta con una Zonificación Ecológica Económica; sobre esta base, varias provincias y distritos han desarrollado planes de ordenamiento territorial. Existen, además, un plan de acción ambiental, una política y una agenda ambiental, tanto a nivel regional como provincial. A ello se suman otros instrumentos, como el Plan Forestal Regional y el Plan Estratégico Regional de Turismo, entre muchos más. Sin embargo, la mayoría de estos documentos permanece desde hace años relegada a los escritorios y estanterías del Gobierno Regional y de las municipalidades. Todo indica que ponerlos en práctica no resulta tan “rentable” políticamente como inaugurar una carretera o anunciar una nueva obra de cemento.
Hoy más que nunca resulta imperativo que las autoridades regionales y provinciales orienten sus esfuerzos a la implementación efectiva de los numerosos planes e instrumentos de gestión ambiental existentes. Solo así será posible avanzar hacia la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. De lo contrario, en pocos años habremos dilapidado gran parte de nuestras potencialidades y, con ellas, las posibilidades reales de que San Martín se consolide como un departamento competitivo, con un desarrollo humano digno y verdaderamente sostenible.
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