LA
POLÉMICA REFORMA DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE: CRONOLOGÍA Y
REFLEXIONES
Por: Ludwig H. Cárdenas Silva
Después de varias semanas de un
procedimiento parlamentario irregular, redacto estas líneas para exponer los
acontecimientos relacionados con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(Ley N° 31973), la cual ha generado un gran malestar tanto a nivel nacional
como internacional. Con este propósito, considero oportuno presentar la
cronología de esta nueva ley.
· El Proyecto
de Ley 649/2021-CR fue presentado por el grupo parlamentario Perú Libre el 5 de
noviembre del 2021, a iniciativa de la congresista Elizabeth Sara Medina
Hermosilla. El Proyecto de Ley 894/2021-CR fue presentado el 06 de diciembre de
2021, a iniciativa de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano (APP).
Finalmente, el proyecto de Ley 02315/2021-CR fue presentado el 9 de junio de
2022, a iniciativa del congresista Pedro Martínez Talavera (AP). Los tres proyectos
de ley fueron acumulados durante la sesión del Pleno del Congreso del 7 de
julio de 2022.
· El 07 de
julio del 2022, el Pleno del Congreso de la República aprobó los Proyectos de
Ley 649/2021-CR y 894/2021-CR. Posteriormente, el 14 de julio de 2022, remitió
la autógrafa al Poder Ejecutivo, frente a lo cual el 8 de agosto de 2022 el
Poder Ejecutivo observó los referidos proyectos de Ley por considerar que “no
constituyen una legislación adecuada, no solo para la protección de la Amazonía
sino de todo el ecosistema nacional, desnaturalizando así el objeto y fin de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.
· El 24 de
agosto del 2022, la Junta de Portavoces del Congreso decidió exonerar de
dictamen los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR.
· El 29 de
agosto del 2022, se aprueban las cuestiones previas para que los Proyectos de
Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR pasen a la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y luego retorne a la
Comisión Agraria.
· El 23 de
marzo del 2023, el Pleno del Congreso votó por la insistencia en los Proyectos
de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR. Como resultado de la votación,
se dispuso su archivamiento. Ese mismo día, los congresistas Nilza Chacón y
Elvis Vergara Mendoza presentaron una solicitud de reconsideración a la
votación por insistencia de los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y
02315/2021-CR.
· El 13 de
diciembre del 2023, la CONFIEP envió un documento al Congreso instando a la
“discusión y análisis” de los tres proyectos de ley que buscan modificar la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley
N° 29763).
· El 14 de
diciembre del 2023, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia los Proyectos
de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR.
Es
importante destacar que desde el 2022, el Poder Ejecutivo y otras instituciones
venían observando las propuestas de modificación a la Ley N° 29763,
argumentando falta de consulta a las poblaciones indígenas y autoridades. A
pesar de las observaciones, el Congreso aprobó el dictamen de insistencia por
unanimidad.
La
reciente norma promulgada por el Congreso suspende hasta por dos años la
obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la
entrega de títulos habilitantes en áreas que se encuentren en trámite de
reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y
nativas. También están incluidas las áreas que se encuentren en trámite para el
establecimiento de reservas territoriales y pueblos en aislamiento voluntario.
La
ley establece, además, que los predios privados que no contengan
bosques serán considerados áreas de exclusión para fines agropecuarios.
Compromisos
climáticos del Perú en peligro: En
la última opinión legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental respecto al
tema, los especialistas advirtieron que lo aprobado por el Parlamento “deja al
país en una posición de incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos
como el Acuerdo de París, Declaración Conjunta de Intención
(DCI) con Noruega y Alemania, y el Acuerdo de Promoción Comercial
(APC) con Estados Unidos”.
Asimismo,
“se pone en riesgo a cientos de miles de agricultores y de productores
agrícolas cuyos productos no podrán cumplir con el Reglamento de la Unión
Europea sobre cero deforestación, por haber sido producidos en tierras que
no han cumplido con los estándares de protección ambiental nacionales y a los
que se les ha dado una legalidad aparente”.
El
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) señala una brecha del 80.63 %
en la implementación de la zonificación forestal. Mejorar estos procesos era
esencial, pero debilitar su implementación o excluir a actores clave
comprometerá su eficacia.
En
lugar de debilitar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), era
crucial centrarse en mejorar su implementación. Asegurar la seguridad jurídica
para los agricultores y fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales
debieron ser prioritarios. Herramientas como el contrato de Cesión en Uso en
Sistemas Agroforestales (CUSAF) pudieron mejorarse y utilizarse para brindar
soluciones legales a actividades económicas necesarias.
A
pesar de todas las observaciones, el 10 de enero del 2024, el presidente del
Congreso firmó autógrafas que modifican la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, eliminando
pedidos de reconsideración y enviando la norma para su publicación; es decir, sin
seguir los procedimientos correspondientes.
Las
embajadas de Noruega, Inglaterra, Canadá y Alemania expresaron su preocupación,
instando al Congreso peruano a reconsiderar normativas que comprometen la
conservación de la selva tropical y las comunidades indígenas.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)
emitió un comunicado oponiéndose a las modificaciones, argumentando que
vulneran la Constitución y amenazan el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Esta posición se suma a la denuncia constitucional presentada por la defensora
ambiental Angela Pautrat Oyarzun contra el presidente del Congreso y el segundo
vicepresidente de la Mesa Directiva. En
la misma línea, el Consejo Regional de San Martín autorizó la presentación de
una demanda de inconstitucionalidad, destacando la falta de consulta a los pueblos
indígenas.
Es
destacable la iniciativa y posición adoptada por los representantes del Gobierno
Regional de San Martín sobre la coyuntura actual; sin embargo, eso no exime la
responsabilidad que tienen para tratar con más determinación nuestra problemática
ambiental, pues figuramos entre las regiones con mayor deforestación en el
país. Hasta ahora no se conoce una estrategia regional a corto, mediano y largo
plazo que contribuya a mitigar la deforestación y los efectos del cambio
climático. El desafío es grande.
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