En San Martín: leyes y planes ambientales, solo para la figuración
Por: Ludwig H. Cárdenas Silva
En la última asamblea ordinaria del comité de gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, realizada el 29 de marzo y que contó también con la participación de los llamados “posesionarios” de esta área natural protegida, salieron a relucir hechos que sorprendieron —aunque no deberían— a muchos de los asistentes. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando un posesionario, integrante además del Frente de Defensa de Aguas Verdes, reconoció públicamente que, al igual que él, existían agricultores dentro del bosque de protección que poseían más de una parcela, e incluso algunos que superaban las 200 hectáreas. Esta confesión, tan sincera como alarmante, desnuda una realidad cruda que se arrastra desde hace varias décadas.
La apertura de la antigua carretera Marginal de la Selva, hoy conocida como Carretera Fernando Belaúnde Terry, se ejecutó sin prever los impactos ambientales que inevitablemente generaría. En aquel entonces, no se habló de planes de mitigación ni de mecanismos de compensación por los daños ambientales futuros. La prioridad era impulsar la llamada “colonización” de la selva, una visión que el propio Belaúnde Terry resumía en la frase “la conquista del Perú por los peruanos”. Esta idea fue ampliamente celebrada en su momento, sobre todo en la sierra y la costa norte del país.
Hasta cierto punto, la integración de la Amazonía con el resto del territorio nacional podía entenderse como una apuesta por el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y comercial. Sin embargo, jamás se consideró que ese modelo de desarrollo estaría acompañado por una ocupación desordenada del territorio, cuyo resultado ha sido una deforestación masiva e incontrolable que continúa hasta hoy. En aquellos años no se hablaba de capacidad de uso mayor de los suelos ni de vocación del territorio amazónico. La zonificación era un concepto reservado a unos pocos especialistas, mientras que los gobernantes de turno se limitaban a una visión superficial de la Amazonía, asumiendo erróneamente que cualquier actividad productiva podía desarrollarse en cualquier lugar. Cuán lejos estaban —y algunos aún lo están— de la realidad.
Han transcurrido ya más de cuatro décadas desde la apertura de la carretera Fernando Belaúnde Terry y, pese a la existencia de normas ambientales modernas, la crisis ambiental en San Martín no solo persiste, sino que se agrava. A la deforestación se suman la pérdida acelerada de biodiversidad, la disminución de las fuentes de agua y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, con consecuencias desastrosas para las poblaciones locales.
A estas alturas resulta aún más preocupante constatar que, pese a contar con un sinnúmero de planes e instrumentos de gestión ambiental, muy poco se ha avanzado en la conservación efectiva de las áreas naturales protegidas —tanto de nivel nacional como regional—, espacios donde se concentran nuestras principales fuentes de agua, nuestra biodiversidad y los atractivos turísticos naturales que nos diferencian de otras regiones. Resulta inconcebible que traficantes de tierras y de madera continúen actuando con total impunidad, incluso enfrentándose abiertamente a las autoridades, como si las leyes simplemente no existieran.
San Martín puede exhibir, con razón, una amplia producción de instrumentos de gestión ambiental. Probablemente sea uno de los departamentos con mayor número de estos documentos elaborados. Sin embargo, también parece ser uno de los primeros en ignorarlos sistemáticamente. Existen, al menos en el papel, una Agenda Ambiental Regional, un Plan de Acción Ambiental y una Política Ambiental Regional. Lo mismo ocurre en el ámbito provincial y municipal.
Desde hace más de cinco años, el departamento cuenta con una Zonificación Ecológica Económica, tanto a nivel macro como meso en algunas provincias. Se viene “avanzando”, además, en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Existen también un Plan Forestal Regional y numerosos planes maestros de las áreas naturales protegidas, muchos de los cuales corren el riesgo de quedar obsoletos sin haber sido nunca implementados. En otras palabras, San Martín está inundado de leyes, planes e instrumentos ambientales que, en la práctica, solo sirven para adornar los estantes y escritorios del Gobierno Regional y de las municipalidades.
Con todo este marco normativo y técnico, San Martín debería ser, en los hechos, un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, seguir hablando de “región verde” resulta hoy más una falacia que una realidad. De continuar por este camino, corremos el riesgo de ser reconocidos no como una región verde, sino como una región gris o marrón.
Si realmente se aspira a un desarrollo auténtico, es indispensable que las autoridades y funcionarios demuestren voluntad política en materia ambiental, que abandonen la demagogia y asuman con seriedad la magnitud de la crisis que enfrentamos. En lugar de alinearse con los intereses de quienes depredan nuestras áreas naturales protegidas, deberían orientar sus esfuerzos a conservar y proteger las riquezas que aún subsisten en ellas. Sin ese patrimonio natural, San Martín jamás podrá ser una región competitiva ni verdaderamente desarrollada.
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