San Martín sin política verde
Por: Ludwig Cárdenas Silva
Luego del lamentable suceso ocurrido el mes pasado en Nuevo Progreso, en la provincia de Picota, han salido a la luz una serie de hechos y declaraciones que evidencian una preocupante falta de coherencia entre el discurso técnico del Gobierno Regional de San Martín y las afirmaciones de sus principales representantes políticos.
A pocos días del desastre, la representante de la Autoridad Regional Ambiental manifestó públicamente que el Gobierno Regional no invertiría “ni un solo sol” en obras de infraestructura dentro de zonas de protección, como bosques y otras áreas de conservación. Fue enfática al señalar: “Ni escuelas, ni puentes, ni carreteras. El Gobierno Regional no invertirá en obras que se pretendan ejecutar dentro de áreas protegidas como las áreas de conservación regional”. Añadió, además, que cualquier proyecto de este tipo debería pasar previamente por una evaluación técnica del ARA para contar con su aprobación.
Estas declaraciones, aunque técnicamente correctas, dejan una incómoda impresión: que tales criterios recién se hacen visibles después de una tragedia, como si —de no haberse producido— el tema no hubiera merecido atención ni debate público.
Días después, el entonces presidente regional César Villanueva ofreció declaraciones que parecían transitar por un carril distinto. Señaló que “San Martín no tiene canon como otros departamentos del país, pero sí posee tierras que producen el mejor café y cacao del mundo”, afirmando que “nuestras riquezas están en las zonas rurales y por eso debemos potenciarlas”. Agregó, además, que el Gobierno Regional venía llegando a los pueblos más alejados para otorgar títulos de propiedad a los agricultores, proceso que debía complementarse con el mejoramiento de las principales carreteras de acceso a las comunidades, con el fin de fortalecer la actividad productiva.
Es evidente que tales afirmaciones aluden a los denominados “centros de producción agrícola”, muchos de los cuales se ubican precisamente en zonas ambientalmente frágiles o incluso legalmente protegidas.
No es ningún secreto que una parte significativa de los agricultores dedicados al cultivo de café y cacao en San Martín proviene de otras regiones del país, con experiencias productivas ajenas a la realidad ecológica amazónica. Muchos de ellos se han asentado de manera improvisada en cualquier espacio considerado “disponible”, sin conocer la verdadera vocación de las tierras que ocupan. Basta observar lo que ocurre en la zona de amortiguamiento y dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, donde cada año se deforestan cientos de hectáreas para destinarlas al cultivo de café, yuca, plátano o a la siembra de pastos para la crianza de ganado vacuno.
El Bosque de Protección Alto Mayo abarca los distritos de Yorongos, Rioja, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Awajún, Pardo Miguel y Moyobamba. En todos ellos predomina el cultivo de café. Lo más preocupante es que muchos de estos agricultores vienen practicando desde hace años una agricultura basada en la tala, el rozo y la quema de la cobertura vegetal, acelerando los procesos erosivos y degradando los suelos, sin que las instituciones competentes logren hacer cumplir de manera efectiva las leyes ambientales ni el plan maestro de esta área natural protegida.
Conviene recordar que el Bosque de Protección Alto Mayo cumple un rol fundamental en el equilibrio hídrico del departamento y de amplias zonas de la Amazonía. Su cobertura boscosa permite captar el agua de las lluvias y regular su flujo hacia los valles, abasteciendo a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Estos bosques actúan, además, como una barrera natural frente a huaycos y deslizamientos que, de otro modo, devastarían caminos, carreteras y poblados enteros asentados sobre terrenos frágiles y desprovistos de vegetación.
En ese contexto, afirmar que “nuestras riquezas están en las zonas rurales” resulta, cuando menos, una verdad a medias. Muchas de estas zonas rurales se localizan en espacios que deberían permanecer intangibles. Gran parte de los cultivos de café y cacao en San Martín se desarrolla en laderas de montaña, zonas de amortiguamiento e incluso dentro de áreas naturales protegidas; espacios que, aunque hoy puedan parecer productivos, están condenados —a mediano y largo plazo— a convertirse en purmas o en terrenos áridos e improductivos.
Está demostrado, además, que las tierras verdaderamente aptas para la agricultura en San Martín ya se encuentran saturadas. En consecuencia, las nuevas obras de infraestructura tenderán inevitablemente a dirigirse hacia áreas naturales protegidas o hacia zonas que, aun sin protección legal, tampoco poseen vocación agrícola, alentando su posterior invasión y depredación.
Todo indica que el presidente regional desconoce —o decide ignorar— los instrumentos de gestión ambiental, incluida la Zonificación Ecológica Económica elaborada por su propia institución. Su interés parece centrarse en promover un desarrollo de corto plazo, de alto impacto político inmediato, antes que en impulsar un desarrollo sostenible con una visión de mediano y largo plazo. De ahí el énfasis en la ampliación de la frontera agrícola y en la inversión de cuantiosos recursos públicos en trochas, carreteras y puentes hacia supuestos “centros de producción agrícola” que proliferan sin mayor planificación en toda la región.
El señor Villanueva debería tomar seriamente en cuenta las advertencias de sus propios funcionarios, quienes reconocen que existen numerosos caseríos en el departamento con características similares a las de Nuevo Progreso. Debería considerar, además, que en San Martín se pierden anualmente alrededor de 17 mil hectáreas de bosques, según datos del Ministerio del Ambiente.
La pregunta final resulta inevitable: ¿puede el afán de ganar adeptos o simpatizantes políticos estar por encima de los intereses colectivos y de los derechos ambientales de la mayoría de los sanmartinenses?
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