Por: Ludwig Cárdenas Silva
Un creciente malestar viene manifestándose entre la población riojana ante la evidencia de que el anunciado proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” no contempla importantes arterias del casco urbano. El proyecto en cuestión se ejecuta mediante un convenio de cooperación entre el Gobierno Regional de San Martín, a través de su unidad ejecutora el PEAM, y la Municipalidad Provincial de Rioja.
Es de conocimiento público que el Gobierno Regional de San Martín contrajo una deuda superior a los 122 millones de soles para ejecutar proyectos de infraestructura básica en los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Rioja, Juanjuí y Saposoa. De ese monto, más de 48 millones de soles estarían destinados a Rioja, más de 51 millones a Juanjuí y alrededor de 22 millones a Saposoa. Cabe suponer que una inversión de tal magnitud se sustentó en un estudio de factibilidad serio y minucioso, que debía contemplar no solo el mejoramiento o renovación de las redes existentes, sino también la ampliación de los servicios hacia las zonas periféricas de dichas ciudades.
Sin embargo, los hechos vienen demostrando que, al menos en el caso de Rioja, el proyecto carece de un enfoque integral. No se ha considerado la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en numerosas calles antiguas y céntricas de la ciudad, que en conjunto superan las cien cuadras. Se trata de zonas que cuentan con tuberías cuya antigüedad oscila entre los 21 y 25 años, lo que hace imprescindible su reemplazo, más aún si se tiene en cuenta que el Estado no financiará nuevos proyectos de saneamiento en la ciudad en las próximas dos décadas.
A ello se suma un aspecto especialmente preocupante: una parte significativa de la red de agua potable existente está construida con tuberías de asbesto-cemento, material cuya peligrosidad para la salud ha sido ampliamente documentada. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia de Protección Ambiental han determinado que el asbesto o amianto posee propiedades cancerígenas, por lo que su uso debería ser eliminado de manera progresiva y responsable.
En lo que respecta al sistema de desagüe, el expediente técnico elaborado por el PEAM tampoco se ajusta plenamente a las normas de saneamiento vigentes, las cuales prohíben el uso de tuberías con un diámetro menor a los 200 milímetros para colectores. Pese a ello, existen numerosas cuadras con tuberías de 160 milímetros que no han sido consideradas para su renovación. Actualmente, toda la red de desagüe de la ciudad de Rioja está conformada por tuberías de concreto simple normalizado o de plástico con campana soldada, materiales que presentan constantes roturas, atoros y filtraciones. Bajo estas condiciones, no existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen su exclusión del proyecto.
Por otro lado, vecinos de las calles que sí están siendo intervenidas —principalmente en las zonas periféricas— vienen señalando reiteradamente que la instalación de tuberías de agua y desagüe se realiza de manera apresurada y por mero cumplimiento. En algunos casos, trabajadores del consorcio ejecutor intentaron colocar tuberías de desagüe por encima del nivel de las viviendas colindantes, situación que fue corregida únicamente gracias al oportuno y firme reclamo de los pobladores. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban los supervisores de obra? Todo indica que su presencia en la ciudad es, cuando menos, esporádica.
A la luz de estos hechos, resulta evidente que el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” fue deficientemente formulado y viene siendo mal ejecutado. Ello obliga a plantear interrogantes que merecen respuestas claras: ¿cómo es posible que el PEAM haya elaborado un expediente técnico con tantas falencias, si se supone que previamente se realizó un detallado estudio de factibilidad en coordinación con la municipalidad y la empresa prestadora del servicio?, ¿por qué el expediente técnico final fue remitido a la Municipalidad Provincial de Rioja recién después de haberse otorgado la Buena Pro al Consorcio Alianza?, ¿es esta la forma en que el Gobierno Regional afirma actuar con transparencia y ubicarse entre los primeros lugares del país en ejecución de inversiones públicas?
Todo parece indicar que la actual gestión regional privilegia el aspecto cuantitativo de las inversiones —el monto ejecutado, el número de obras— por encima del aspecto cualitativo, es decir, la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los proyectos. En materia de saneamiento básico, esta forma de proceder no solo resulta irresponsable, sino que compromete seriamente la salud y el bienestar de la población riojana por muchos años más.
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