Río Negro: Pieza clave

Río Negro: pieza clave para el desarrollo del Alto Mayo

17/05/2010

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El 25 de marzo de 2008 se dieron a conocer las Siete Maravillas del Perú, concurso organizado por el diario El Comercio, mediante votación popular, para seleccionar los atractivos turísticos más emblemáticos del país. Los lugares elegidos fueron: Baños del Inca, el Valle del Alto Mayo, el Bosque de Piedras de Huayllay, el Gran Pajatén, Kuélap, Los Frailones y el Valle del Colca. Machu Picchu no fue considerado por haber sido previamente declarado una de las maravillas del mundo. Este reconocimiento llenó de legítima emoción y orgullo no solo a quienes vivimos en este valle singular y exuberante, sino también al conjunto del pueblo sanmartinense.

Las razones que llevaron al Alto Mayo a figurar entre las maravillas del país están estrechamente vinculadas a su riqueza natural: paisajes de gran belleza, clima privilegiado, ríos, lagunas, cascadas, aguas termales y cavernas, además de una notable biodiversidad con numerosas especies endémicas que aún se concentran en sus áreas naturales protegidas. A ello se suma, de manera inseparable, la riqueza folklórica y cultural de sus poblaciones. Sin embargo, a más de dos años de este importante reconocimiento, resulta evidente que poco o nada se ha hecho para conservar estos atractivos naturales y, menos aún, para consolidar al Alto Mayo como un destino turístico de relevancia nacional e internacional.

Las autoridades continúan atrapadas en viejas prácticas. Siguen priorizando obras de infraestructura, muchas veces sin estudios de impacto ambiental y al margen de la Zonificación Ecológica–Económica, mientras que el turismo es tratado como un asunto secundario. Las pocas autoridades que muestran interés en esta actividad lo hacen de manera aislada, sin lineamientos claros que permitan articular esfuerzos, implementar circuitos turísticos integrales o generar condiciones adecuadas para ofrecer servicios de calidad al visitante. Se gobierna, en suma, sin estrategias definidas para conservar y proteger ese enorme potencial natural y cultural que distingue al Alto Mayo de otras regiones del país.

En este contexto, las áreas naturales protegidas del Alto Mayo atraviesan una situación crítica, principalmente debido a la deforestación provocada por agricultores migrantes, ganaderos, madereros ilegales, traficantes de tierras y extractores informales de agregados para la construcción. Una muestra alarmante de esta realidad puede observarse en la propia naciente del Río Negro, sin que, hasta el momento, ninguna autoridad adopte medidas efectivas para detener estos hechos.

Conviene subrayar que el río Negro no es solo un atractivo turístico de primer orden. Desde esta microcuenca se proyecta, además, el abastecimiento de agua para la población riojana, función que ya cumple parcialmente en el distrito de Yuracyacu. Su importancia estratégica para la seguridad hídrica de la zona resulta, por tanto, incuestionable.

Debe señalarse también que el río Negro atraviesa la Zona de Protección y Conservación Ecológica Humedal del Alto Mayo, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de su singular biodiversidad, donde habitan numerosas especies endémicas de flora y fauna.

Resulta evidente que los servicios ambientales que brinda el río Negro son fundamentales para el desarrollo sostenible del Alto Mayo. No obstante, es profundamente preocupante constatar la indiferencia persistente de nuestras autoridades, quienes deberían adoptar con urgencia medidas firmes para conservar y proteger esta microcuenca. Desde esta tribuna, y con ánimo propositivo, se plantean algunas acciones concretas que podrían implementarse: declarar la naciente del río Negro como zona intangible y de interés comunal; elaborar un Plan de Manejo Integral de la Microcuenca, desde el poblado de Consuelo hasta la desembocadura del río Negro en el Río Mayo; y establecer mecanismos efectivos de conservación y protección con la participación de las municipalidades de Rioja, Elías Soplín Vargas y Yuracyacu, así como de SEDAPAR y la administración del Bosque de Protección Alto Mayo.

De no adoptarse estas medidas, el río Negro corre el serio riesgo de seguir el mismo destino de otras fuentes de agua ya degradadas, como Cuchachi y Uquihua. Y con ello, el Alto Mayo perdería no solo un recurso estratégico para su desarrollo, sino también una parte esencial de su identidad y de su futuro.

Alto Mayo: Maravilla del Perú

Alto Mayo: maravilla del Perú… ¿hasta cuándo?

06/09/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Desde marzo de 2008, el Alto Mayo figura entre las llamadas Siete maravillas del Perú, un reconocimiento que despertó legítimo orgullo y esperanza entre quienes tenemos la dicha de vivir en este valle singular y, todavía, exuberante del departamento de San Martín.

Han transcurrido ya varios años desde aquel meritorio nombramiento y, sin embargo, las expectativas de los habitantes de los quince distritos que conforman el Alto Mayo —especialmente en torno al tan anunciado desarrollo turístico— siguen siendo más una promesa que una realidad. Desde hace décadas se habla mucho del potencial turístico de la zona, pero se hace poco o casi nada para convertir ese discurso en acciones concretas.

Las razones que llevaron al Alto Mayo a ser reconocido como una de las maravillas del país son evidentes y contundentes. Nuestros paisajes, modelados por ríos, lagunas, cascadas, aguas termales y cavernas, se combinan con una flora y fauna extraordinarias, donde aún sobreviven numerosas especies endémicas, principalmente en las áreas naturales protegidas. A ello se suma una riqueza cultural y folklórica que se expresa con fuerza en cada uno de nuestros distritos. No obstante, pese a contar con estos atributos, poco se ha avanzado para posicionar al Alto Mayo como un destino turístico relevante, al menos en el ámbito nacional.

Las autoridades, lamentablemente, parecen atrapadas en viejas prácticas. Predomina el trabajo descoordinado, la ausencia de lineamientos comunes y la incapacidad para impulsar proyectos conjuntos que beneficien a toda la subregión. En lugar de apostar por la concertación, algunos politiqueros retrógrados, alentados por un chauvinismo añejo y estéril, proponen la ejecución de obras monumentales sin justificación técnica ni social, generando enfrentamientos innecesarios y malestar entre pobladores que, en el fondo, aspiran a trabajar de manera unida y solidaria.

Resulta preocupante constatar que ciertas autoridades regionales persisten en fomentar la confrontación, en vez de concentrarse en crear las condiciones que permitan consolidar al Alto Mayo como una verdadera maravilla del Perú. Los problemas que enfrenta la zona son numerosos y exigen respuestas conjuntas. A diario se invaden y destruyen áreas naturales protegidas que albergan nuestros principales recursos turísticos. Se deterioran, además, las vertientes de ríos y quebradas que abastecen de agua a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Paralelamente, la mayoría de los distritos continúa careciendo de servicios básicos adecuados, como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y un sistema integral de manejo de residuos sólidos. Frente a esta realidad, cabe preguntarse con honestidad: ¿puede existir un verdadero desarrollo sin inclusión social y sin una gestión responsable de los recursos naturales?

En las circunstancias actuales, resulta inevitable formular interrogantes incómodas pero necesarias: ¿hasta cuándo los altomayonenses seguiremos cargando con las consecuencias de viejos antagonismos?, ¿qué más debe ocurrir para que nuestras autoridades comprendan, de una vez por todas, que la integración no es solo una palabra bonita, sino un ejercicio de desprendimiento, diálogo y visión compartida?

Definitivamente, en el Alto Mayo no existe otra alternativa que el trabajo concertado y articulado, bajo una visión integral del desarrollo. Es momento de dejar de lado hábitos mezquinos y apostar por la unidad, con objetivos claros y estrategias comunes, orientadas a un crecimiento verdaderamente sostenible. Solo así el Alto Mayo podrá seguir siendo, en los hechos y no solo en el discurso, una auténtica maravilla del Perú.

Gestión de los recursos hídricos

En San Martín: gestión de los recursos hídricos en su peor crisis

07/12/2009

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Tras la apertura de la Carretera Fernando Belaúnde Terry, San Martín empezó a recibir una afluencia masiva y desordenada de agricultores migrantes, provenientes en su mayoría de las zonas rurales de la sierra y de la costa norte del país. Llegaron con la legítima aspiración de encontrar tierras aptas y disponibles para dedicarse principalmente a la agricultura y la ganadería, con la esperanza de construir un futuro más promisorio que el que habían dejado atrás.

Sin embargo, después de más de treinta años de esta “integración” terrestre con el resto del país, la ocupación del territorio sanmartinense continúa dándose sin ningún criterio de sostenibilidad. Los migrantes, ante la ausencia de orientación técnica y planificación estatal, se asentaron —y siguen asentándose— donde mejor les parece, desconociendo la vocación de las tierras y aplicando técnicas de cultivo ajenas a la realidad amazónica. El resultado es evidente: la problemática ambiental de San Martín se ha vuelto cada vez más crítica.

Desde Rioja, en el extremo norte, hasta Tocache, en el sur, la deforestación bajo la modalidad de tala, rozo y quema, con fines agrícolas, pecuarios y forestales, avanza de manera imparable e incontrolable. Esta situación ha llevado a que San Martín figure actualmente como uno de los departamentos más deforestados del país, con graves consecuencias para su equilibrio ecológico y su futuro económico.

Las cifras demográficas ayudan a comprender la magnitud del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 1972 la población de San Martín ascendía a 224 427 habitantes; en 1981 se incrementó a 319 751, y en la actualidad supera los 728 000. Algunos especialistas sostienen que este crecimiento poblacional representó, hasta fines de la década de 1980, un aporte al desarrollo socioeconómico regional. No obstante, una vez saturadas las tierras con vocación agrícola y pecuaria, la expansión se desplazó hacia zonas que deberían permanecer intangibles: áreas naturales protegidas y microcuencas, es decir, las principales fuentes de agua.

Las consecuencias de esta ocupación irresponsable son cada vez más visibles. Entre los meses de mayo y diciembre, el caudal de los ríos disminuye progresivamente, obligando a racionamientos de agua que afectan tanto a las poblaciones urbanas como a las tierras de cultivo ubicadas en los valles. En contraste, durante la temporada de lluvias —de enero a abril—, los huaycos y deslizamientos castigan nuestras carreteras, mientras los ríos crecen más de lo habitual y provocan inundaciones devastadoras. En ambos escenarios, las pérdidas económicas y sociales para la región son significativas.

Paradójicamente, San Martín es uno de los departamentos más estudiados del país. Cuenta con diversos instrumentos de gestión ambiental que, de aplicarse de manera efectiva, permitirían encaminar un desarrollo socioeconómico en armonía con la conservación del patrimonio natural. Entre ellos destacan la Zonificación Ecológica–Económica, validada en 2006, y el Plan de Ordenamiento Territorial, ya elaborado en algunas provincias y distritos y en proceso en otros, como Rioja y Moyobamba. Ambos instrumentos constituyen herramientas fundamentales para frenar la devastación del territorio.

No obstante, la realidad demuestra que la implementación de estos planes, al igual que de otros instrumentos ambientales, no es una prioridad para las autoridades regionales, provinciales y distritales. El crecimiento desordenado de los centros poblados y la práctica de actividades productivas insostenibles se imponen sobre las medidas tímidas e ineficaces adoptadas por nuestros “representantes”. La ausencia de voluntad política es evidente: los instrumentos de gestión ambiental permanecen archivados, cumpliendo una función meramente decorativa en los escritorios del Gobierno Regional y de las municipalidades.

Cabe entonces preguntarse: ¿acaso la Zonificación Ecológica–Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial no tienen como objetivo central el uso adecuado de los recursos naturales?, ¿no buscan ordenar las actividades que se desarrollan en el territorio?, ¿qué más tiene que ocurrir para que las autoridades reaccionen y adopten medidas responsables en favor de las generaciones presentes y futuras?

De mantenerse esta tendencia, no resulta aventurado prever que, en un par de décadas, la mayoría de los pueblos sanmartinenses enfrente una severa escasez de agua, al punto de verse obligados a migrar. Tampoco es exagerado afirmar que la falta de conciencia ambiental, la negligencia y el oportunismo político —que prioriza obras de impacto inmediato— están profundizando una crisis cuyos efectos trascenderán las fronteras regionales. Todo indica que, para muchos políticos, el tema ambiental no resulta “rentable”, pues se trata de un asunto de mediano y largo plazo que no genera réditos electorales inmediatos.

Conviene recordar que San Martín forma parte de un ecosistema global. Lo que aquí se destruye o se gestiona mal termina afectando a otras regiones. El origen de esta crisis no debe buscarse en la naturaleza, sino en la forma en que se administran los recursos naturales, en particular los recursos hídricos, cuya degradación responde al uso de métodos inadecuados y a la ausencia de planificación.

Finalmente, es necesario entender que la falta de acceso al agua en cantidad y calidad suficientes limita nuestra capacidad de producir alimentos, de generar ingresos, de impulsar industrias, de promover el turismo, la agricultura y la ganadería, e incluso de producir energía. En otras palabras, sin una gestión responsable de los recursos hídricos, San Martín no podrá aspirar a un crecimiento verdaderamente sostenible.

ZEE y POT en San Martín - II Parte

La Zonificación Ecológica–Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial en San Martín

II Parte

24/01/2010

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

En la edición anterior se abordó la Zonificación Ecológica–Económica (ZEE), dejando claramente establecido que este instrumento de gestión ambiental permite identificar las potencialidades y limitaciones de un territorio determinado. Se señaló, asimismo, que su finalidad principal es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del espacio, considerando las necesidades de la población que lo habita y manteniendo una relación armónica con el ambiente. Se precisó también que la ZEE constituye un marco de referencia espacial para los planes sectoriales y regionales, además de servir como herramienta para promover y orientar la inversión privada.

En el ámbito de la región San Martín, la elaboración de la ZEE a nivel macro, a escala 1:250 000, culminó en el año 2006. En el caso del Alto Mayo, este proceso avanzó hacia un nivel más específico y detallado, es decir, a nivel meso, con una escala de 1:100 000, instrumento que fue validado en el año 2008. Este avance dotó a las autoridades y a la población de información técnica suficiente para orientar de mejor manera el uso del territorio.

La ZEE constituye, además, la base técnica para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), proceso que ya ha culminado en las provincias de Tocache y Picota, así como en los distritos de Nueva Cajamarca y Soritor. Estos avances, aunque parciales, demuestran que existen herramientas concretas para empezar a ordenar el uso del territorio sin necesidad de esperar la culminación de estudios a escala departamental.

El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de gestión ambiental que define cómo deben utilizarse los recursos existentes en los centros poblados, distritos y provincias. Este estudio establece dónde y de qué manera deben desarrollarse las actividades agrícolas, pecuarias, mineras, turísticas y otras, con el objetivo de optimizar los beneficios y reducir los impactos negativos. Asimismo, orienta las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de agua tanto en el ámbito rural como urbano. En síntesis, el POT busca ordenar las actividades que los pobladores vienen realizando en un territorio, muchas veces sin criterio técnico alguno, generando desequilibrios ambientales que terminan afectando a toda la sociedad.

Resulta preocupante que algunos funcionarios del Gobierno Regional y de determinadas municipalidades sostengan, de manera absurda, que recién cuando el Plan de Ordenamiento Territorial esté concluido en todo el departamento se empezarán a adoptar medidas frente al uso inadecuado del territorio. Esta postura resulta aún más grave si se considera que la región continúa recibiendo una afluencia masiva y desordenada de agricultores migrantes, principalmente provenientes de las zonas rurales de la sierra y la costa norte del país. En las circunstancias actuales, las autoridades ya podrían —y deberían— utilizar la información existente de la ZEE y de los POT elaborados para implementar, con urgencia, acciones de orientación y control migratorio.

Teniendo en cuenta los avances logrados en materia de estudios y planificación territorial en San Martín, nada justifica que las autoridades regionales, provinciales y distritales no adopten medidas firmes para frenar la invasión y deforestación de las áreas naturales protegidas, de las cabeceras de cuenca y de las laderas de las montañas que bordean nuestras carreteras. Nada justifica que se continúe destruyendo el potencial turístico natural de la región ni que San Martín siga figurando, a nivel nacional, como uno de los departamentos con mayores índices de deforestación.

Hoy más que nunca debe tenerse presente que el bienestar presente y futuro de la población depende de la oportunidad con la que se adopten las decisiones correctas. La solución de la problemática ambiental regional no puede basarse en acciones aisladas ni en consignas demagógicas como “San Martín, región verde”, sino en la aplicación efectiva de los instrumentos existentes y en la adopción de medidas prácticas, coherentes y contundentes que permitan ordenar el territorio y proteger nuestro patrimonio natural.

ZEE y POT en San Martín - I Parte

La Zonificación Ecológica–Económica y el Plan de

Ordenamiento Territorial en San Martín

I Parte

23/12/2009

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Con fecha 16 de diciembre de 2004 se promulgó el Decreto Supremo N.º 087-2004-PCM, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), en concordancia con lo establecido por la Ley N.º 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Este marco normativo sentó las bases para una planificación territorial más racional y responsable en el país.

Según el referido decreto supremo, la Zonificación Ecológica–Económica es un proceso dinámico y flexible orientado a identificar las distintas alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, a partir de la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, considerando criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada, la ZEE se convierte en un instrumento técnico orientador del uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales. Su finalidad es clara: guiar la toma de decisiones sobre los mejores usos del espacio, atendiendo las necesidades de la población y manteniendo una relación armónica con el ambiente. Asimismo, la ZEE debe servir como marco de referencia espacial para los planes sectoriales y regionales, además de orientar la inversión privada.

En el caso del departamento de San Martín, se cuenta con el valioso antecedente de una Zonificación Ecológica–Económica a nivel macro, aprobada mediante Ordenanza Regional N.º 012-2006-GRSM/CR, el 20 de julio de 2006. Este instrumento está conformado por catorce informes temáticos finales, acompañados de sus respectivos mapas, y permite comprender con precisión la vocación de nuestro territorio. De acuerdo con sus resultados, apenas el 14,87 % del territorio regional corresponde a zonas de aptitud productiva; el 64,60 % está destinado a zonas de protección y conservación ecológica; el 20,38 % a zonas de recuperación, y solo el 0,15 % presenta vocación urbano-marginal. Estos datos, por sí solos, deberían ser suficientes para orientar cualquier política pública o privada de ocupación del territorio.

En el ámbito del Alto Mayo, que comprende las provincias de Rioja y Moyobamba, la ZEE avanzó hacia un nivel más específico y detallado, es decir, a escala meso (1:100 000). Gracias a ello, las instituciones representativas —Gobierno Regional y municipalidades provinciales y distritales— disponen de información suficiente para orientar adecuadamente a la población, incluidos los migrantes, a fin de que desarrollen sus actividades productivas considerando la vocación del territorio y la capacidad de uso mayor de los suelos. De aplicarse correctamente, esta información permitiría generar condiciones reales para un mejor aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.

Cabe señalar que, de manera paralela a la elaboración de la ZEE regional, se desarrolló el Análisis de Riesgo de Desastres (AdR), instrumento técnico-social mediante el cual se diagnosticaron y evaluaron las condiciones de riesgo existentes en el territorio. Este estudio permitió identificar zonas con peligros, vulnerabilidad y riesgo frente a desastres naturales, con el propósito de proponer alternativas orientadas a reducir la vulnerabilidad y elevar los niveles de seguridad de la población, evitando así que estos eventos se repitan de manera recurrente.

Con toda esta información disponible, puede afirmarse sin exageración que San Martín es uno de los departamentos más estudiados de la Amazonía peruana. Por ello resulta no solo ilógico, sino profundamente preocupante, constatar cómo se sigue permitiendo una ocupación desordenada del territorio. Conociendo las potencialidades y limitaciones de nuestros suelos y ecosistemas, resulta paradójico figurar entre las regiones con mayores tasas de deforestación a nivel nacional. Resulta igualmente alarmante observar el avance incontenible de la depredación de las áreas naturales protegidas, de las cabeceras de ríos y quebradas, así como de las laderas de las montañas que bordean la Carretera Fernando Belaúnde Terry.

Todo ello ocurre ante la vista y paciencia de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, de las municipalidades, de las direcciones regionales de Agricultura, Transportes y de otras instancias del Estado, que deberían asumir un rol más activo y responsable. Si el conocimiento existe y los instrumentos están disponibles, lo que falta no es información, sino decisión política para frenar esta devastación progresiva de nuestro patrimonio natural.

Amazonía

La Amazonía debe permanecer siempre verde por el bien de la humanidad. Este debe ser el reto y compromiso de todos.