Sobre revocatorias

¿Sabemos elegir a nuestras autoridades?

Rioja, 04 de mayo de 2012

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El elector peruano, la mayor parte de las veces, decide su voto guiado más por sentimientos y emociones que por la razón. Vota con el corazón, con el hígado y, no pocas veces, con el estómago. En ese escenario, los planes de gobierno, la preparación académica y los valores éticos de los candidatos suelen quedar relegados, cuando no resultan completamente irrelevantes.

En un país como el nuestro, donde el nivel educativo sigue siendo bajo y la cultura política es frágil, no resulta extraño que, poco tiempo después de cada elección, aparezcan el desencanto, la frustración y la desmoralización colectiva. La ilusión electoral dura poco; la decepción, en cambio, se prolonga durante años.

Con frecuencia se escucha el dicho: “Cada pueblo tiene las autoridades que se merece”. Una frase dura, pero no por ello menos cierta, sobre todo cuando los representantes elegidos demuestran no estar a la altura de las expectativas ciudadanas. Sin embargo, cabe preguntarse con honestidad: ¿qué tanto de responsabilidad recae únicamente en las autoridades, si finalmente son los electores quienes les entregan el poder? ¿Qué se puede reclamar cuando, elección tras elección, la mayoría decide su voto sin reflexión, guiada por impulsos emocionales o intereses inmediatos?

El elector peruano, en general, lejos de valorar aspectos fundamentales como los planes de gobierno, la capacidad técnica o la honradez de los candidatos, se deja seducir por dádivas y gestos superficiales. ¿Qué se puede esperar cuando muchos votan a cambio de medio kilo de arroz, un poco de menestras, una gorra, un polo o algún juguete para los hijos? Antes de lamentarnos por las malas gestiones de nuestras autoridades, convendría empezar por una autocrítica sincera como ciudadanos. El elector debería aprender de cada proceso electoral y no dejarse impresionar por campañas millonarias ni por promesas grandilocuentes, sino apostar por quienes realmente cuentan con las cualidades necesarias para conducir un desarrollo participativo, ordenado y sostenible.

Hoy ya no sorprende ver cómo muchos candidatos cambian de discurso según las circunstancias. Son los conocidos politiqueros camaleónicos, capaces de modificar su color ideológico con total desparpajo, dependiendo del auditorio o del momento. Esta práctica se repite en todos los niveles de la vida política. No es ningún secreto cómo, en las últimas décadas, distintos personajes llegaron al poder prometiendo no aplicar ajustes económicos, gobernar para los más pobres, defender la democracia, acabar con la corrupción o erradicar la pobreza y el analfabetismo. Tampoco es un secreto que, una vez instalados en el gobierno, esas promesas quedaron convenientemente archivadas.

En la práctica, lo que terminó prevaleciendo fue la defensa de los intereses de grandes transnacionales y de reducidos grupos económicos nacionales. La venta de extensas áreas de tierra a precios irrisorios, las privatizaciones sin criterio estratégico y las concesiones petroleras y mineras al margen de la zonificación y de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas se convirtieron en prácticas recurrentes. Una realidad que la mayoría de peruanos aspira, legítimamente, a que no se repita.

Más allá de la permanente alharaca en torno al crecimiento económico —que no siempre equivale a desarrollo—, conviene observar algunos indicadores objetivos. Según el Foro Económico Mundial, en su ranking de competitividad del año 2012, el Perú ocupó el puesto 67, por debajo de varios países de la región. Chile se ubicó en el puesto 31; Puerto Rico, en el 35; Barbados, en el 42; Panamá, en el 49; Brasil, en el 53; México, en el 58; Costa Rica, en el 61, y Uruguay, en el 63.

De igual manera, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Perú ocupó en 2011 el puesto 80 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), situándose por detrás de países como Chile, Argentina, Uruguay, México, Panamá, Costa Rica y otros de América Latina y el Caribe.

Estos datos deberían conducirnos a una reflexión más profunda. En el Perú, la democracia necesita ser fortalecida con urgencia. El desarrollo, más que el simple crecimiento económico, depende de ciudadanos informados, críticos y responsables. Mientras quienes acudimos periódicamente a las urnas no aprendamos a diferenciar a los candidatos tradicionales —demagogos, oportunistas y sinvergüenzas— de aquellos que sí reúnen las condiciones necesarias para representarnos con dignidad, no tendremos derecho a lamentarnos. De lo contrario, seguiremos cambiando moco por baba, como ya es casi una costumbre en este país nuestro, tan grandioso como incomprendido.

San Martín, tierra de nadie

11 de abril de 2012

En San Martín: leyes y planes ambientales, solo para la figuración

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

En la última asamblea ordinaria del comité de gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, realizada el 29 de marzo y que contó también con la participación de los llamados “posesionarios” de esta área natural protegida, salieron a relucir hechos que sorprendieron —aunque no deberían— a muchos de los asistentes. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando un posesionario, integrante además del Frente de Defensa de Aguas Verdes, reconoció públicamente que, al igual que él, existían agricultores dentro del bosque de protección que poseían más de una parcela, e incluso algunos que superaban las 200 hectáreas. Esta confesión, tan sincera como alarmante, desnuda una realidad cruda que se arrastra desde hace varias décadas.

La apertura de la antigua carretera Marginal de la Selva, hoy conocida como Carretera Fernando Belaúnde Terry, se ejecutó sin prever los impactos ambientales que inevitablemente generaría. En aquel entonces, no se habló de planes de mitigación ni de mecanismos de compensación por los daños ambientales futuros. La prioridad era impulsar la llamada “colonización” de la selva, una visión que el propio Belaúnde Terry resumía en la frase “la conquista del Perú por los peruanos”. Esta idea fue ampliamente celebrada en su momento, sobre todo en la sierra y la costa norte del país.

Hasta cierto punto, la integración de la Amazonía con el resto del territorio nacional podía entenderse como una apuesta por el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y comercial. Sin embargo, jamás se consideró que ese modelo de desarrollo estaría acompañado por una ocupación desordenada del territorio, cuyo resultado ha sido una deforestación masiva e incontrolable que continúa hasta hoy. En aquellos años no se hablaba de capacidad de uso mayor de los suelos ni de vocación del territorio amazónico. La zonificación era un concepto reservado a unos pocos especialistas, mientras que los gobernantes de turno se limitaban a una visión superficial de la Amazonía, asumiendo erróneamente que cualquier actividad productiva podía desarrollarse en cualquier lugar. Cuán lejos estaban —y algunos aún lo están— de la realidad.

Han transcurrido ya más de cuatro décadas desde la apertura de la carretera Fernando Belaúnde Terry y, pese a la existencia de normas ambientales modernas, la crisis ambiental en San Martín no solo persiste, sino que se agrava. A la deforestación se suman la pérdida acelerada de biodiversidad, la disminución de las fuentes de agua y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, con consecuencias desastrosas para las poblaciones locales.

A estas alturas resulta aún más preocupante constatar que, pese a contar con un sinnúmero de planes e instrumentos de gestión ambiental, muy poco se ha avanzado en la conservación efectiva de las áreas naturales protegidas —tanto de nivel nacional como regional—, espacios donde se concentran nuestras principales fuentes de agua, nuestra biodiversidad y los atractivos turísticos naturales que nos diferencian de otras regiones. Resulta inconcebible que traficantes de tierras y de madera continúen actuando con total impunidad, incluso enfrentándose abiertamente a las autoridades, como si las leyes simplemente no existieran.

San Martín puede exhibir, con razón, una amplia producción de instrumentos de gestión ambiental. Probablemente sea uno de los departamentos con mayor número de estos documentos elaborados. Sin embargo, también parece ser uno de los primeros en ignorarlos sistemáticamente. Existen, al menos en el papel, una Agenda Ambiental Regional, un Plan de Acción Ambiental y una Política Ambiental Regional. Lo mismo ocurre en el ámbito provincial y municipal.

Desde hace más de cinco años, el departamento cuenta con una Zonificación Ecológica Económica, tanto a nivel macro como meso en algunas provincias. Se viene “avanzando”, además, en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Existen también un Plan Forestal Regional y numerosos planes maestros de las áreas naturales protegidas, muchos de los cuales corren el riesgo de quedar obsoletos sin haber sido nunca implementados. En otras palabras, San Martín está inundado de leyes, planes e instrumentos ambientales que, en la práctica, solo sirven para adornar los estantes y escritorios del Gobierno Regional y de las municipalidades.

Con todo este marco normativo y técnico, San Martín debería ser, en los hechos, un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, seguir hablando de “región verde” resulta hoy más una falacia que una realidad. De continuar por este camino, corremos el riesgo de ser reconocidos no como una región verde, sino como una región gris o marrón.

Si realmente se aspira a un desarrollo auténtico, es indispensable que las autoridades y funcionarios demuestren voluntad política en materia ambiental, que abandonen la demagogia y asuman con seriedad la magnitud de la crisis que enfrentamos. En lugar de alinearse con los intereses de quienes depredan nuestras áreas naturales protegidas, deberían orientar sus esfuerzos a conservar y proteger las riquezas que aún subsisten en ellas. Sin ese patrimonio natural, San Martín jamás podrá ser una región competitiva ni verdaderamente desarrollada.

Construcción ilegal de trochas al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, donde se ubican nuestras fuentes de agua que abastecen a las poblaciones y tierras de cultivo del valle. Este tipo de obras contribuyen al asentamiento de más migrantes originando posteriormente la deforestación de esta área natural protegida.

En el territorio sanmartinense existen áreas que son aptas para el desarrollo agropecuario. Al interior del bosque de protección Alto Mayo estas actividades están prohibidas porque ahí se encuentran nuestras fuentes de agua. Es imperativo que se hagan prevalecer las normas ambientales y los planes maestros de las áreas naturales protegidas.

 La extracción ilegal de madera en el bosque de protección Alto Mayo se incrementa a medida que avanza la construcción de trochas carrozables.

Deforestación y desabastecimiento de agua

San Martín: deforestación en cabeceras de cuenca amenaza el futuro abastecimiento de agua a poblaciones y tierras de cultivo

12/10/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El agua es el recurso natural más preciado de la Tierra. Es el elemento vital sin el cual la existencia humana resulta imposible, independientemente de la latitud o del nivel de desarrollo de las sociedades.

Del total de agua existente en el planeta, solo una fracción mínima está disponible para el consumo humano. Cerca del 90 % corresponde a agua salada de los océanos; alrededor del 2 % se encuentra en forma de hielo en los polos; y apenas el 1 % constituye agua dulce accesible, almacenada en ríos, lagos y mantos subterráneos. A ello debe añadirse que el agua, tal como se encuentra en la naturaleza, requiere ser tratada para eliminar partículas y organismos nocivos para la salud, y posteriormente distribuida mediante sistemas de tuberías hasta los domicilios, a fin de garantizar un consumo seguro.

En el Perú, la Amazonía continúa siendo una de las regiones más privilegiadas del mundo en cuanto a producción de agua dulce, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, esta condición viene siendo alterada de manera preocupante, como consecuencia del uso inadecuado de los recursos hídricos y de los cambios ambientales que se manifiestan a escala global. El calentamiento global ya está haciendo sentir sus efectos, con impactos cada vez más visibles y severos.

Las fuentes de agua, los manantiales y las cuencas se encuentran en un acelerado proceso de degradación. Se observan cambios en el clima y en los suelos, inundaciones más frecuentes, sequías prolongadas y procesos de desertificación. No obstante, la acción humana sigue siendo el factor más determinante y destructivo: una deforestación sin control, el desconocimiento —o desprecio— de los saberes tradicionales, especialmente de los pueblos indígenas, y la intervención indiscriminada de los ríos mediante obras de ingeniería como canales de riego, represas y trasvases.

No es casual que la escasez de agua se haya convertido en un tema prioritario en la agenda política internacional. Ante un escenario de carencia hídrica, se ven amenazados tres pilares fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la salud pública y la estabilidad social y política. Esta situación se agrava cuando las fuentes de agua son compartidas y se gestionan sin considerar los equilibrios ecológicos.

El sector agrícola es, a nivel mundial, el mayor consumidor de agua, con aproximadamente el 65 % del total disponible. Ello se debe no solo a la expansión de las áreas irrigadas, que se ha multiplicado en las últimas décadas, sino también a la falta de sistemas de riego eficientes, lo que genera pérdidas monumentales. Le sigue el sector industrial, con un consumo cercano al 25 %, y finalmente el uso doméstico, comercial y de servicios urbanos, que representa alrededor del 10 %. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hacia el año 2015 el consumo industrial podría alcanzar el 34 %, reduciendo los volúmenes destinados al riego agrícola y a otros usos. Desde 1950, el consumo mundial de agua se ha triplicado, alcanzando cerca del 30 % de la dotación renovable del planeta, umbral que ya coloca a muchas regiones al borde del límite de aprovechamiento sostenible.

En este contexto, la gestión del recurso hídrico debe orientarse a prevenir escenarios de conflicto derivados de la escasez, la sobreexplotación y la contaminación, mediante políticas y acciones que promuevan un uso racional y la conservación de las fuentes de agua.

En el departamento de San Martín, la deforestación incontenible y el uso inadecuado del recurso hídrico vienen generando una crisis que amenaza con tornarse irreversible. La evidencia más clara es la disminución progresiva del caudal de las fuentes de agua que abastecen a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Los racionamientos de agua en las ciudades son cada vez más frecuentes, obligando a las autoridades a adoptar medidas costosas y de corto plazo para cubrir una necesidad básica.

Sin embargo, la falta de visión de muchos de nuestros representantes políticos los lleva a priorizar únicamente proyectos de captación de agua desde ríos más caudalosos, en lugar de apostar por un uso eficiente del recurso y por la conservación de las cabeceras de cuenca. Las lecciones del pasado parecen no haber sido aprendidas. Resulta urgente que, paralelamente a la ejecución de nuevas obras de infraestructura hídrica, se elaboren y ejecuten planes integrales de manejo de microcuencas, que incluyan acciones concretas de conservación, protección y uso sostenible de los ríos y de su entorno natural.

La conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso integral y multisectorial. No es una tarea exclusiva de un solo sector o institución. La estrategia para enfrentar esta crisis debe considerar, de manera articulada, los aspectos sociales, económicos y biológicos. Solo así será posible garantizar, a mediano y largo plazo, el abastecimiento de agua para las poblaciones y la sostenibilidad de las actividades productivas que sustentan el desarrollo de San Martín.

 Río Shilcayo, Tarapoto

 Río Gera, Moyobamba

Agua sí, deforestación no

¡Agua sí, deforestación no!

18/12/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

“¡Viva la justa lucha de los cajamarquinos!”, “¡Viva la lucha por el agua y la vida!”, “¡Agua sí, oro no!”. Estos son algunos de los lemas más emblemáticos que acompañan la firme protesta del pueblo de Cajamarca frente a una actividad minera irresponsable que, durante años, ha puesto en riesgo sus fuentes de agua y sus ecosistemas. Se trata de una lucha legítima, que interpela no solo a las autoridades, sino a todo un país que aún no termina de comprender que sin agua no hay vida posible.

Mientras en Cajamarca campesinos y autoridades locales se organizan para defender sus cabeceras de cuenca, en el departamento de San Martín persiste una preocupante indiferencia frente a la deforestación incontrolable que avanza día a día. Aquí no son las transnacionales mineras las que amenazan directamente nuestras fuentes de agua; paradójicamente, el peligro proviene de la expansión agrícola desordenada impulsada por agricultores migrantes, en su mayoría procedentes de la sierra norte del país, que se apropian de grandes extensiones de bosque para convertirlas en supuestas “zonas de producción”.

Este proceso se desarrolla, casi siempre, sin ningún criterio técnico. Ante la escasez de tierras disponibles en el valle, estos agricultores se instalan en áreas naturales protegidas y, lo que es aún más grave, en las cabeceras de ríos y quebradas, es decir, en las principales fuentes que abastecen de agua a las poblaciones y a las tierras de cultivo de las zonas bajas, donde se concentran nuestras ciudades.

A diferencia de lo que ocurre en Cajamarca, en San Martín esta situación irregular se arrastra desde la apertura de la Carretera Fernando Belaúnde Terry, hace más de tres décadas, sin que exista una verdadera voluntad política para enfrentar el problema con claridad, responsabilidad y firmeza. Las autoridades y funcionarios continúan observando con pasividad cómo se incrementa la deforestación y, con ella, la temperatura ambiental y el desabastecimiento de agua.

San Martín puede ostentar el mérito de ser uno de los primeros departamentos en contar con instrumentos de gestión ambiental elaborados; sin embargo, también parece ser el primero en ignorarlos. No es casual que figure entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. La Zonificación Ecológica–Económica y el Plan Forestal Regional han terminado reducidos a un simple saludo a la bandera. Solo cabe esperar que el Plan de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo, aún en proceso de validación, no corra la misma suerte.

Peor aún, algunas autoridades, amparadas en un supuesto “sentido social”, terminan favoreciendo la permanencia de invasores en áreas naturales protegidas, ofreciéndoles —o facilitándoles— trochas carrozables, puentes, escuelas y postas médicas. En lugar de aplicar las normas ambientales y los planes de gestión que ellas mismas promovieron, optan por el camino más fácil: asegurar votos. ¿Qué se puede esperar de autoridades que en campaña prometieron el oro y el moro incluso a quienes depredan nuestros bosques de protección?

El problema de la deforestación y de la consecuente disminución del caudal de nuestras fuentes de agua no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Debe abordarse también desde un enfoque regional e interregional. Esta problemática tiene raíces profundas en la precaria situación en la que viven miles de agricultores y ganaderos de la sierra norte, principalmente en Cajamarca y Amazonas, quienes, ante la falta de atención estatal, se ven forzados a migrar en busca de mejores oportunidades. San Martín aparece entonces como una “tierra de nadie”, donde la tierra cuesta poco o nada y la presencia del Estado es débil. En ese escenario proliferan, además, los traficantes de tierras y de madera, que continúan deforestando grandes extensiones de bosque para luego ofrecerlas sin escrúpulos.

Ni la Zonificación Ecológica–Económica ni el Plan de Ordenamiento Territorial del Alto Mayo lograrán los resultados esperados mientras persistan la indiferencia y la apatía de nuestras autoridades, y mientras se pretenda aplicar estos instrumentos desde una visión localista y aislada. La crisis ambiental de San Martín solo podrá enfrentarse de manera efectiva si se asume de forma coordinada con otros departamentos, especialmente Cajamarca y Amazonas, mediante estrategias conjuntas que permitan mejorar las condiciones de vida de los agricultores en sus lugares de origen y reducir así la presión migratoria hacia la Amazonía.

Sin ánimo discriminatorio alguno, es necesario afirmar que San Martín no tiene por qué pagar los platos rotos de la desatención histórica de otras regiones. La forma en que muchos agricultores migrantes vienen desarrollando sus actividades no solo vulnera el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y equilibrado, sino que amenaza con llevarnos, en pocos años, a una situación crítica que frenaría cualquier posibilidad de desarrollo socioeconómico.

Algunas autoridades regionales y municipales suelen justificar esta situación con el argumento simplista de que “toda persona tiene derecho a trabajar y a ganarse la vida”. Con ello optan por la salida más cómoda, evadiendo la responsabilidad de enfrentar el problema con seriedad. Poner orden no es ser egoísta ni mezquino; es, simplemente, hacer cumplir normas básicas para garantizar un desarrollo sostenible. Nadie cuestiona el derecho al trabajo de agricultores y ganaderos, pero es indispensable que se respete la intangibilidad de ciertas zonas, especialmente las cabeceras de microcuencas y las áreas naturales protegidas.

En el Alto Mayo, la mayoría de agricultores desarrolla sus actividades en el valle y depende directamente del agua que nace en las montañas, precisamente en aquellas áreas que hoy están siendo invadidas y depredadas. No podemos seguir permitiendo, en nombre de un desarrollo mal entendido, la ocupación desordenada del territorio ni la destrucción de nuestros bosques protegidos. De continuar por este camino, quienes terminaremos migrando en busca de una vida digna —por falta de agua— seremos nosotros, los que habitamos legalmente nuestros pueblos y ciudades.

Por todo lo expuesto, ha llegado el momento de que los sanmartinenses alcemos una sola voz y afirmemos con claridad y convicción: ¡Agua sí, deforestación no!

Áreas naturales protegidas

Áreas naturales protegidas del Alto Mayo en serio proceso de destrucción

17/08/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El valle del Alto Mayo, ubicado al norte del departamento de San Martín y con una extensión aproximada de 6 307 km², está conformado por las provincias de Rioja y Moyobamba. Este singular territorio constituye uno de los refugios naturales más valiosos de la Selva Alta peruana. Su diversidad paisajística, su extraordinaria biodiversidad y su clima privilegiado lo convierten en un espacio con enorme potencial para el desarrollo del ecoturismo y de actividades sostenibles vinculadas a la naturaleza.

Sobre la superficie de ambas provincias se extiende el imponente Bosque de Protección Alto Mayo, con una extensión cercana a las 182 mil hectáreas. Esta área natural protegida, administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, alberga las vertientes de los principales ríos que abastecen de agua a las poblaciones, tierras de cultivo y humedales del norte sanmartinense. En su interior habita, además, una notable cantidad de especies endémicas de flora y fauna, entre las que destacan la orquídea Kovachii (Phragmipedium kovachii), el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda), el tocón andino (Callicebus oenanthe), el colibrí maravilloso o cola de espátula (Loddigesia mirabilis), la lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi) y el gallito de las rocas (Rupicola peruviana), entre muchas otras especies que hoy se encuentran seriamente amenazadas por la deforestación irracional, brutal y avasalladora que viene produciéndose en la región.

En el Alto Mayo existen también importantes áreas de conservación municipal y zonas de protección y conservación ecológica, creadas con fines similares a los de las áreas naturales protegidas de alcance nacional. Sin embargo, en estos espacios se reproduce desde hace años la misma problemática que afecta al Bosque de Protección Alto Mayo. La tala, el rozo y la quema de bosques con fines agrícolas se ejecutan ante la vista y paciencia de autoridades y funcionarios que parecen recordar la importancia del medio ambiente únicamente en discursos y reuniones protocolares.

No debe olvidarse que el Alto Mayo fue reconocido como una de las Siete Maravillas del Perú, distinción que lo posiciona no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Pese a ello, poco o nada se viene haciendo para conservar esta condición privilegiada, lo que pone en serio riesgo el futuro ambiental y económico de la zona.

Resulta particularmente lamentable reconocer que la destrucción de las riquezas naturales del Alto Mayo no es responsabilidad exclusiva de agricultores migrantes, traficantes de tierras o madereros ilegales. En no pocos casos, son las propias autoridades las que, en nombre de un desarrollo mal entendido y motivadas por intereses políticos de corto plazo, promueven la ejecución de obras de infraestructura —trochas carrozables, canales de riego, trasvases, puentes, entre otras— que terminan contribuyendo a la degradación de ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental, muchos de ellos ubicados dentro de áreas naturales protegidas.

Los impactos negativos son evidentes en el propio Bosque de Protección Alto Mayo, así como en zonas de protección y conservación ecológica como Mishquiyacu–Rumiyacu–Almendra y el Humedal del Alto Mayo, especialmente en los sectores de Tingana, Santa Elena y Lloros. La inoperancia de las instituciones responsables de velar por la conservación y protección de estos espacios se vuelve cada día más visible y preocupante.

Si bien el cuidado del entorno natural es un deber compartido por toda la sociedad, también es cierto que la mayor responsabilidad recae en quienes ejercen funciones públicas. Los burócratas que abundan en las municipalidades y en el Gobierno Regional deberían justificar los elevados sueldos que perciben con acciones concretas y eficaces en defensa del patrimonio natural que administran.

Frente a la grave crisis ambiental que atraviesa el Alto Mayo —y la región en general—, resulta indispensable que la sociedad civil se organice y participe activamente en las labores de recuperación, conservación y protección del entorno natural. Pero, al mismo tiempo, debe exigir con firmeza que sus representantes, recientemente elegidos y reelectos, dejen de lado la politiquería y gobiernen respetando las leyes ambientales nacionales y sus propias ordenanzas regionales y municipales. De no hacerlo, el Alto Mayo corre el serio riesgo de dejar de ser uno de los rincones más exuberantes y paradisíacos de la Amazonía peruana.

Río Negro: Pieza clave

Río Negro: pieza clave para el desarrollo del Alto Mayo

17/05/2010

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El 25 de marzo de 2008 se dieron a conocer las Siete Maravillas del Perú, concurso organizado por el diario El Comercio, mediante votación popular, para seleccionar los atractivos turísticos más emblemáticos del país. Los lugares elegidos fueron: Baños del Inca, el Valle del Alto Mayo, el Bosque de Piedras de Huayllay, el Gran Pajatén, Kuélap, Los Frailones y el Valle del Colca. Machu Picchu no fue considerado por haber sido previamente declarado una de las maravillas del mundo. Este reconocimiento llenó de legítima emoción y orgullo no solo a quienes vivimos en este valle singular y exuberante, sino también al conjunto del pueblo sanmartinense.

Las razones que llevaron al Alto Mayo a figurar entre las maravillas del país están estrechamente vinculadas a su riqueza natural: paisajes de gran belleza, clima privilegiado, ríos, lagunas, cascadas, aguas termales y cavernas, además de una notable biodiversidad con numerosas especies endémicas que aún se concentran en sus áreas naturales protegidas. A ello se suma, de manera inseparable, la riqueza folklórica y cultural de sus poblaciones. Sin embargo, a más de dos años de este importante reconocimiento, resulta evidente que poco o nada se ha hecho para conservar estos atractivos naturales y, menos aún, para consolidar al Alto Mayo como un destino turístico de relevancia nacional e internacional.

Las autoridades continúan atrapadas en viejas prácticas. Siguen priorizando obras de infraestructura, muchas veces sin estudios de impacto ambiental y al margen de la Zonificación Ecológica–Económica, mientras que el turismo es tratado como un asunto secundario. Las pocas autoridades que muestran interés en esta actividad lo hacen de manera aislada, sin lineamientos claros que permitan articular esfuerzos, implementar circuitos turísticos integrales o generar condiciones adecuadas para ofrecer servicios de calidad al visitante. Se gobierna, en suma, sin estrategias definidas para conservar y proteger ese enorme potencial natural y cultural que distingue al Alto Mayo de otras regiones del país.

En este contexto, las áreas naturales protegidas del Alto Mayo atraviesan una situación crítica, principalmente debido a la deforestación provocada por agricultores migrantes, ganaderos, madereros ilegales, traficantes de tierras y extractores informales de agregados para la construcción. Una muestra alarmante de esta realidad puede observarse en la propia naciente del Río Negro, sin que, hasta el momento, ninguna autoridad adopte medidas efectivas para detener estos hechos.

Conviene subrayar que el río Negro no es solo un atractivo turístico de primer orden. Desde esta microcuenca se proyecta, además, el abastecimiento de agua para la población riojana, función que ya cumple parcialmente en el distrito de Yuracyacu. Su importancia estratégica para la seguridad hídrica de la zona resulta, por tanto, incuestionable.

Debe señalarse también que el río Negro atraviesa la Zona de Protección y Conservación Ecológica Humedal del Alto Mayo, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de su singular biodiversidad, donde habitan numerosas especies endémicas de flora y fauna.

Resulta evidente que los servicios ambientales que brinda el río Negro son fundamentales para el desarrollo sostenible del Alto Mayo. No obstante, es profundamente preocupante constatar la indiferencia persistente de nuestras autoridades, quienes deberían adoptar con urgencia medidas firmes para conservar y proteger esta microcuenca. Desde esta tribuna, y con ánimo propositivo, se plantean algunas acciones concretas que podrían implementarse: declarar la naciente del río Negro como zona intangible y de interés comunal; elaborar un Plan de Manejo Integral de la Microcuenca, desde el poblado de Consuelo hasta la desembocadura del río Negro en el Río Mayo; y establecer mecanismos efectivos de conservación y protección con la participación de las municipalidades de Rioja, Elías Soplín Vargas y Yuracyacu, así como de SEDAPAR y la administración del Bosque de Protección Alto Mayo.

De no adoptarse estas medidas, el río Negro corre el serio riesgo de seguir el mismo destino de otras fuentes de agua ya degradadas, como Cuchachi y Uquihua. Y con ello, el Alto Mayo perdería no solo un recurso estratégico para su desarrollo, sino también una parte esencial de su identidad y de su futuro.

Alto Mayo: Maravilla del Perú

Alto Mayo: maravilla del Perú… ¿hasta cuándo?

06/09/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Desde marzo de 2008, el Alto Mayo figura entre las llamadas Siete maravillas del Perú, un reconocimiento que despertó legítimo orgullo y esperanza entre quienes tenemos la dicha de vivir en este valle singular y, todavía, exuberante del departamento de San Martín.

Han transcurrido ya varios años desde aquel meritorio nombramiento y, sin embargo, las expectativas de los habitantes de los quince distritos que conforman el Alto Mayo —especialmente en torno al tan anunciado desarrollo turístico— siguen siendo más una promesa que una realidad. Desde hace décadas se habla mucho del potencial turístico de la zona, pero se hace poco o casi nada para convertir ese discurso en acciones concretas.

Las razones que llevaron al Alto Mayo a ser reconocido como una de las maravillas del país son evidentes y contundentes. Nuestros paisajes, modelados por ríos, lagunas, cascadas, aguas termales y cavernas, se combinan con una flora y fauna extraordinarias, donde aún sobreviven numerosas especies endémicas, principalmente en las áreas naturales protegidas. A ello se suma una riqueza cultural y folklórica que se expresa con fuerza en cada uno de nuestros distritos. No obstante, pese a contar con estos atributos, poco se ha avanzado para posicionar al Alto Mayo como un destino turístico relevante, al menos en el ámbito nacional.

Las autoridades, lamentablemente, parecen atrapadas en viejas prácticas. Predomina el trabajo descoordinado, la ausencia de lineamientos comunes y la incapacidad para impulsar proyectos conjuntos que beneficien a toda la subregión. En lugar de apostar por la concertación, algunos politiqueros retrógrados, alentados por un chauvinismo añejo y estéril, proponen la ejecución de obras monumentales sin justificación técnica ni social, generando enfrentamientos innecesarios y malestar entre pobladores que, en el fondo, aspiran a trabajar de manera unida y solidaria.

Resulta preocupante constatar que ciertas autoridades regionales persisten en fomentar la confrontación, en vez de concentrarse en crear las condiciones que permitan consolidar al Alto Mayo como una verdadera maravilla del Perú. Los problemas que enfrenta la zona son numerosos y exigen respuestas conjuntas. A diario se invaden y destruyen áreas naturales protegidas que albergan nuestros principales recursos turísticos. Se deterioran, además, las vertientes de ríos y quebradas que abastecen de agua a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Paralelamente, la mayoría de los distritos continúa careciendo de servicios básicos adecuados, como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y un sistema integral de manejo de residuos sólidos. Frente a esta realidad, cabe preguntarse con honestidad: ¿puede existir un verdadero desarrollo sin inclusión social y sin una gestión responsable de los recursos naturales?

En las circunstancias actuales, resulta inevitable formular interrogantes incómodas pero necesarias: ¿hasta cuándo los altomayonenses seguiremos cargando con las consecuencias de viejos antagonismos?, ¿qué más debe ocurrir para que nuestras autoridades comprendan, de una vez por todas, que la integración no es solo una palabra bonita, sino un ejercicio de desprendimiento, diálogo y visión compartida?

Definitivamente, en el Alto Mayo no existe otra alternativa que el trabajo concertado y articulado, bajo una visión integral del desarrollo. Es momento de dejar de lado hábitos mezquinos y apostar por la unidad, con objetivos claros y estrategias comunes, orientadas a un crecimiento verdaderamente sostenible. Solo así el Alto Mayo podrá seguir siendo, en los hechos y no solo en el discurso, una auténtica maravilla del Perú.