Una más del PEAM

EN RIOJA: IMPORTANTES ARTERIAS DE LA CIUDAD QUEDAN EXCLUIDAS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Un creciente malestar viene manifestándose entre la población riojana ante la evidencia de que el anunciado proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” no contempla importantes arterias del casco urbano. El proyecto en cuestión se ejecuta mediante un convenio de cooperación entre el Gobierno Regional de San Martín, a través de su unidad ejecutora el PEAM, y la Municipalidad Provincial de Rioja.

Es de conocimiento público que el Gobierno Regional de San Martín contrajo una deuda superior a los 122 millones de soles para ejecutar proyectos de infraestructura básica en los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Rioja, Juanjuí y Saposoa. De ese monto, más de 48 millones de soles estarían destinados a Rioja, más de 51 millones a Juanjuí y alrededor de 22 millones a Saposoa. Cabe suponer que una inversión de tal magnitud se sustentó en un estudio de factibilidad serio y minucioso, que debía contemplar no solo el mejoramiento o renovación de las redes existentes, sino también la ampliación de los servicios hacia las zonas periféricas de dichas ciudades.

Sin embargo, los hechos vienen demostrando que, al menos en el caso de Rioja, el proyecto carece de un enfoque integral. No se ha considerado la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en numerosas calles antiguas y céntricas de la ciudad, que en conjunto superan las cien cuadras. Se trata de zonas que cuentan con tuberías cuya antigüedad oscila entre los 21 y 25 años, lo que hace imprescindible su reemplazo, más aún si se tiene en cuenta que el Estado no financiará nuevos proyectos de saneamiento en la ciudad en las próximas dos décadas.

A ello se suma un aspecto especialmente preocupante: una parte significativa de la red de agua potable existente está construida con tuberías de asbesto-cemento, material cuya peligrosidad para la salud ha sido ampliamente documentada. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia de Protección Ambiental han determinado que el asbesto o amianto posee propiedades cancerígenas, por lo que su uso debería ser eliminado de manera progresiva y responsable.

En lo que respecta al sistema de desagüe, el expediente técnico elaborado por el PEAM tampoco se ajusta plenamente a las normas de saneamiento vigentes, las cuales prohíben el uso de tuberías con un diámetro menor a los 200 milímetros para colectores. Pese a ello, existen numerosas cuadras con tuberías de 160 milímetros que no han sido consideradas para su renovación. Actualmente, toda la red de desagüe de la ciudad de Rioja está conformada por tuberías de concreto simple normalizado o de plástico con campana soldada, materiales que presentan constantes roturas, atoros y filtraciones. Bajo estas condiciones, no existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen su exclusión del proyecto.

Por otro lado, vecinos de las calles que sí están siendo intervenidas —principalmente en las zonas periféricas— vienen señalando reiteradamente que la instalación de tuberías de agua y desagüe se realiza de manera apresurada y por mero cumplimiento. En algunos casos, trabajadores del consorcio ejecutor intentaron colocar tuberías de desagüe por encima del nivel de las viviendas colindantes, situación que fue corregida únicamente gracias al oportuno y firme reclamo de los pobladores. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban los supervisores de obra? Todo indica que su presencia en la ciudad es, cuando menos, esporádica.

A la luz de estos hechos, resulta evidente que el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” fue deficientemente formulado y viene siendo mal ejecutado. Ello obliga a plantear interrogantes que merecen respuestas claras: ¿cómo es posible que el PEAM haya elaborado un expediente técnico con tantas falencias, si se supone que previamente se realizó un detallado estudio de factibilidad en coordinación con la municipalidad y la empresa prestadora del servicio?, ¿por qué el expediente técnico final fue remitido a la Municipalidad Provincial de Rioja recién después de haberse otorgado la Buena Pro al Consorcio Alianza?, ¿es esta la forma en que el Gobierno Regional afirma actuar con transparencia y ubicarse entre los primeros lugares del país en ejecución de inversiones públicas?

Todo parece indicar que la actual gestión regional privilegia el aspecto cuantitativo de las inversiones —el monto ejecutado, el número de obras— por encima del aspecto cualitativo, es decir, la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los proyectos. En materia de saneamiento básico, esta forma de proceder no solo resulta irresponsable, sino que compromete seriamente la salud y el bienestar de la población riojana por muchos años más.

Un gran reto para el futuro

POTENCIAL TURÍSTICO DEL ALTO MAYO

I Parte

Por: Ludwig Cárdenas

El Alto Mayo, ubicado al norte del departamento de San Martín, está conformado por las provincias de Rioja, con nueve distritos, y Moyobamba, con seis. Se trata de un territorio privilegiado por la naturaleza, surcado por ríos de singular belleza, entre los que destacan el Mayo, Tónchima, Negro, Avisado, Naranjos, Tioyacu, Serranoyacu, Aguas Verdes, Yuracyacu, Gera, Huascayacu e Indoche, además de innumerables riachuelos que, en su mayoría, nacen en las áreas naturales protegidas de la zona.

Entre estas áreas sobresale el Bosque de Protección Alto Mayo, uno de los ecosistemas más imponentes de la Amazonía peruana, donde habita una notable diversidad de especies endémicas de flora y fauna. En cuanto a flora, destacan las bromelias y las orquídeas, entre las cuales sobresale la Kovachii (Phragmipedium kovachii), considerada una de las orquídeas más cotizadas a nivel nacional e internacional. En fauna, el Alto Mayo alberga especies emblemáticas como el gallito de las rocas (Rupícola peruviana), ave nacional del Perú; la lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi); el colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis); así como el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) y el mono tocón (Callicebus oenanthe), entre muchas otras especies que aún habitan y dan vida a sus montañas.

En el Alto Mayo se encuentran algunos de los paisajes más impresionantes de la Selva Alta peruana. Destacan sus cascadas, entre las que sobresalen Urkuchaki, Lejiayacu y Lahuarpía, así como sus cavernas, entre ellas Cascayunga —una de las más profundas del Perú—, El Diamante, Palestina y Las Velas. Igualmente notables son las nacientes de ríos como Tioyacu, Negro y Aguas Claras, todas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo.

Este territorio posee, además, singularidades que lo hacen único. A pesar de su ubicación en la Selva Alta, alberga un importante humedal o pantanal, ecosistema característico de la Selva Baja. En la zona de conservación conocida como Humedal del Alto Mayo, considerado el pantano más alto del país, abundan especies como el aguaje (Mauritia flexuosa), el renaco (Ficus schultesii) y una variada fauna endémica. Recorrer las aguas de los ríos Negro, Romero y Avisado, que atraviesan serpenteando este paraje, constituye una experiencia singular, pues se trata probablemente de uno de los últimos refugios de especies como la nutria de río (Lontra longicaudis), el martín pescador (Ceryle torcuata) y el omeco o mono aullador rojo (Alouatta seniculus).

Por la riqueza y diversidad de sus paisajes naturales, el Alto Mayo fue reconocido en el año 2008 como una de las siete maravillas del Perú, distinción que confirma su enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza.

Sin embargo, en la actualidad, esta zona enfrenta una de las presiones migratorias más intensas de su historia, situación que se agravó tras la inauguración de la Carretera Fernando Belaúnde Terry. Ante la escasez de tierras aptas para la agricultura, muchos migrantes vienen invadiendo áreas naturales protegidas que, lejos de ser depredadas, podrían convertirse en escenarios ideales para el ecoturismo. Frente a estos hechos preocupantes, las acciones de nuestras autoridades han sido, hasta ahora, insuficientes.

Ante esta realidad, no queda otra alternativa que promover la organización y la conciencia de la población, para que comprenda la gravedad de lo que está ocurriendo y asuma un rol activo en la defensa de los últimos remanentes de bosque que aún conserva el Alto Mayo. De ello depende no solo la preservación de un patrimonio natural invaluable, sino también la posibilidad de construir un desarrollo turístico sostenible para las futuras generaciones.

Cascada Urkuchaki, se ubica dentro del bosque de protección Alto Mayo, cerca de la naciente del río Negro.



Paseo en Santa Elena (Pósic), parte del Humedal del Alto Mayo. Aquí, todavía, es posible observar las especies de flora y fauna silvestre que antes abundaban en todo el valle.

RESIDUOS SÓLIDOS EN SAN MARTÍN

El tratamiento inadecuado impera en sus diez provincias

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Desde hace más de una década, el Perú cuenta con la Ley N.º 27314, Ley General de Residuos Sólidos, norma que establece derechos, obligaciones y responsabilidades para asegurar una gestión de los residuos sólida, sanitaria y ambientalmente adecuada, basada en principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, pese a la vigencia de este marco legal, son contados los municipios, a nivel nacional, que han asumido con seriedad la tarea de elaborar y ejecutar su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). Las pocas municipalidades que cuentan con este instrumento —principalmente en la costa del país— presentan, en el mejor de los casos, niveles regulares de implementación. En el departamento de San Martín, la situación es aún más preocupante: hasta la fecha, ninguna de sus diez provincias cuenta con un PIGARS en ejecución. En consecuencia, no se brinda un manejo adecuado de los residuos sólidos ni se dispone de rellenos sanitarios formales.

Las acciones emprendidas por algunas municipalidades se han limitado, por lo general, a la adquisición de vehículos recolectores y a tímidos intentos de reciclaje de residuos domiciliarios. Estas medidas, aunque necesarias, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema.

Es importante subrayar que el manejo integral de los residuos sólidos va mucho más allá de la compra de camiones o de la distribución de contenedores para la segregación en los hogares. Implica, en primer lugar, un sostenido trabajo de educación y sensibilización de la población, tarea en la que deben involucrarse activamente los sectores Educación y Salud. La desinformación sigue siendo amplia, faltan programas de planificación y desarrollo, y persisten vacíos que solo pueden superarse mediante la elaboración de planes de optimización de la limpieza pública y la capacitación permanente del personal responsable de esta labor.

La contaminación generada por los residuos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final en botaderos informales —e incluso en ríos cercanos a las ciudades—, da lugar a focos infecciosos que afectan directamente la salud de las poblaciones asentadas en las zonas aledañas. Esta situación debería motivar una participación más activa del Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Salud, en la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles.

Asimismo, no puede soslayarse el impacto negativo que esta problemática tiene sobre el desarrollo turístico regional. La presencia de botaderos informales, muchos de ellos ubicados al borde de carreteras y caminos que conducen a los principales atractivos turísticos, deteriora gravemente la imagen de la región. En este ámbito, resulta indispensable la intervención de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, que debe reforzar y articular las acciones de sensibilización ambiental impulsadas por los gobiernos locales.

En conclusión, el manejo adecuado de los residuos sólidos exige un trabajo coordinado entre los distintos actores locales, incluyendo al sector privado y a la ciudadanía. El compromiso de la población dependerá, en gran medida, de la voluntad política que demuestren nuestras autoridades y funcionarios. De lo contrario, se continuará postergando no solo el mejoramiento de la salubridad pública, sino también la imagen y calidad de vida de nuestros pueblos.

Los botaderos informales proliferan a lo largo y ancho del departamento de San Martín, originando focos infecciosos que afectan la salud de las poblaciones aledañas.

Cuando la demagogia se impone

Inversión pública vs. ofertas electorales

El caso de San Martín

26/06/2012

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

En los últimos años se ha vuelto frecuente escuchar elogios al desempeño del Gobierno Regional de San Martín en relación con el manejo y la ejecución de su presupuesto anual. Las cifras, repetidas con insistencia desde los discursos oficiales, suelen presentarse como prueba irrefutable de una gestión eficiente y exitosa, casi incuestionable.

Según el resumen ejecutivo del Congreso de la República correspondiente al año fiscal 2011, la gestión encabezada por César Villanueva figura entre las primeras a nivel nacional en cuanto a ejecución de inversiones públicas. En un contexto donde muchas regiones evidencian serias dificultades para gastar sus presupuestos, este dato podría considerarse meritorio. Sin embargo, de ahí a sostener que San Martín constituye un modelo de gestión solo porque se invierte más —o porque a otros les va peor— hay una distancia considerable. Celebrar cifras sin mayor análisis no deja de ser, en el fondo, un consuelo engañoso.

La inversión pública no puede evaluarse únicamente desde el aspecto cuantitativo. Resulta indispensable analizar también su dimensión cualitativa. ¿Qué porcentaje de los proyectos ejecutados o en ejecución responde a criterios de sostenibilidad?, ¿cuántos de ellos están realmente justificados por las necesidades de la población?, ¿en qué medida las ofertas electorales se vienen cumpliendo? Estas preguntas adquieren mayor relevancia si se considera el progresivo descrédito del lema “San Martín, región verde”, una consigna que contrasta abiertamente con la crisis ambiental que hoy se manifiesta a lo largo y ancho del departamento.

La pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación ambiental, el incremento de la temperatura y la disminución del caudal de las fuentes de agua, como consecuencia de la deforestación y quema de bosques —incluso en áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca— continúan produciéndose de manera persistente y, en muchos casos, con total impunidad. Estos hechos son señales claras de que, en materia ambiental, las acciones emprendidas han sido insuficientes o meramente declarativas.

San Martín ostenta hoy el lamentable demérito de figurar entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. Más de un millón seiscientas mil hectáreas de bosques primarios han desaparecido, en su mayor parte debido a la expansión agrícola impulsada por migrantes provenientes de otras regiones del país. Basta recorrer los márgenes de la Carretera Fernando Belaúnde Terry para constatar esta realidad. La relación entre migración desordenada, crecimiento poblacional y deforestación resulta evidente y difícil de negar.

Para cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común, también resulta claro que la mayor parte del presupuesto regional se destina a obras de infraestructura. Estas inversiones podrían ser positivas si respondieran efectivamente a las verdaderas necesidades de los pueblos y si se ejecutaran sin sobrecostos ni irregularidades. No obstante, diversos indicios —ya cuestionados por algunos consejeros regionales y por la prensa independiente— sugieren que estos criterios no siempre se cumplen.

Paradójicamente, en el ámbito ambiental, San Martín es probablemente uno de los departamentos con mayor cantidad de instrumentos de gestión elaborados. Se cuenta con una Zonificación Ecológica Económica; sobre esta base, varias provincias y distritos han desarrollado planes de ordenamiento territorial. Existen, además, un plan de acción ambiental, una política y una agenda ambiental, tanto a nivel regional como provincial. A ello se suman otros instrumentos, como el Plan Forestal Regional y el Plan Estratégico Regional de Turismo, entre muchos más. Sin embargo, la mayoría de estos documentos permanece desde hace años relegada a los escritorios y estanterías del Gobierno Regional y de las municipalidades. Todo indica que ponerlos en práctica no resulta tan “rentable” políticamente como inaugurar una carretera o anunciar una nueva obra de cemento.

Hoy más que nunca resulta imperativo que las autoridades regionales y provinciales orienten sus esfuerzos a la implementación efectiva de los numerosos planes e instrumentos de gestión ambiental existentes. Solo así será posible avanzar hacia la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. De lo contrario, en pocos años habremos dilapidado gran parte de nuestras potencialidades y, con ellas, las posibilidades reales de que San Martín se consolide como un departamento competitivo, con un desarrollo humano digno y verdaderamente sostenible.

Sobre revocatorias

¿Sabemos elegir a nuestras autoridades?

Rioja, 04 de mayo de 2012

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El elector peruano, la mayor parte de las veces, decide su voto guiado más por sentimientos y emociones que por la razón. Vota con el corazón, con el hígado y, no pocas veces, con el estómago. En ese escenario, los planes de gobierno, la preparación académica y los valores éticos de los candidatos suelen quedar relegados, cuando no resultan completamente irrelevantes.

En un país como el nuestro, donde el nivel educativo sigue siendo bajo y la cultura política es frágil, no resulta extraño que, poco tiempo después de cada elección, aparezcan el desencanto, la frustración y la desmoralización colectiva. La ilusión electoral dura poco; la decepción, en cambio, se prolonga durante años.

Con frecuencia se escucha el dicho: “Cada pueblo tiene las autoridades que se merece”. Una frase dura, pero no por ello menos cierta, sobre todo cuando los representantes elegidos demuestran no estar a la altura de las expectativas ciudadanas. Sin embargo, cabe preguntarse con honestidad: ¿qué tanto de responsabilidad recae únicamente en las autoridades, si finalmente son los electores quienes les entregan el poder? ¿Qué se puede reclamar cuando, elección tras elección, la mayoría decide su voto sin reflexión, guiada por impulsos emocionales o intereses inmediatos?

El elector peruano, en general, lejos de valorar aspectos fundamentales como los planes de gobierno, la capacidad técnica o la honradez de los candidatos, se deja seducir por dádivas y gestos superficiales. ¿Qué se puede esperar cuando muchos votan a cambio de medio kilo de arroz, un poco de menestras, una gorra, un polo o algún juguete para los hijos? Antes de lamentarnos por las malas gestiones de nuestras autoridades, convendría empezar por una autocrítica sincera como ciudadanos. El elector debería aprender de cada proceso electoral y no dejarse impresionar por campañas millonarias ni por promesas grandilocuentes, sino apostar por quienes realmente cuentan con las cualidades necesarias para conducir un desarrollo participativo, ordenado y sostenible.

Hoy ya no sorprende ver cómo muchos candidatos cambian de discurso según las circunstancias. Son los conocidos politiqueros camaleónicos, capaces de modificar su color ideológico con total desparpajo, dependiendo del auditorio o del momento. Esta práctica se repite en todos los niveles de la vida política. No es ningún secreto cómo, en las últimas décadas, distintos personajes llegaron al poder prometiendo no aplicar ajustes económicos, gobernar para los más pobres, defender la democracia, acabar con la corrupción o erradicar la pobreza y el analfabetismo. Tampoco es un secreto que, una vez instalados en el gobierno, esas promesas quedaron convenientemente archivadas.

En la práctica, lo que terminó prevaleciendo fue la defensa de los intereses de grandes transnacionales y de reducidos grupos económicos nacionales. La venta de extensas áreas de tierra a precios irrisorios, las privatizaciones sin criterio estratégico y las concesiones petroleras y mineras al margen de la zonificación y de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas se convirtieron en prácticas recurrentes. Una realidad que la mayoría de peruanos aspira, legítimamente, a que no se repita.

Más allá de la permanente alharaca en torno al crecimiento económico —que no siempre equivale a desarrollo—, conviene observar algunos indicadores objetivos. Según el Foro Económico Mundial, en su ranking de competitividad del año 2012, el Perú ocupó el puesto 67, por debajo de varios países de la región. Chile se ubicó en el puesto 31; Puerto Rico, en el 35; Barbados, en el 42; Panamá, en el 49; Brasil, en el 53; México, en el 58; Costa Rica, en el 61, y Uruguay, en el 63.

De igual manera, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Perú ocupó en 2011 el puesto 80 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), situándose por detrás de países como Chile, Argentina, Uruguay, México, Panamá, Costa Rica y otros de América Latina y el Caribe.

Estos datos deberían conducirnos a una reflexión más profunda. En el Perú, la democracia necesita ser fortalecida con urgencia. El desarrollo, más que el simple crecimiento económico, depende de ciudadanos informados, críticos y responsables. Mientras quienes acudimos periódicamente a las urnas no aprendamos a diferenciar a los candidatos tradicionales —demagogos, oportunistas y sinvergüenzas— de aquellos que sí reúnen las condiciones necesarias para representarnos con dignidad, no tendremos derecho a lamentarnos. De lo contrario, seguiremos cambiando moco por baba, como ya es casi una costumbre en este país nuestro, tan grandioso como incomprendido.

San Martín, tierra de nadie

11 de abril de 2012

En San Martín: leyes y planes ambientales, solo para la figuración

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

En la última asamblea ordinaria del comité de gestión del Bosque de Protección Alto Mayo, realizada el 29 de marzo y que contó también con la participación de los llamados “posesionarios” de esta área natural protegida, salieron a relucir hechos que sorprendieron —aunque no deberían— a muchos de los asistentes. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando un posesionario, integrante además del Frente de Defensa de Aguas Verdes, reconoció públicamente que, al igual que él, existían agricultores dentro del bosque de protección que poseían más de una parcela, e incluso algunos que superaban las 200 hectáreas. Esta confesión, tan sincera como alarmante, desnuda una realidad cruda que se arrastra desde hace varias décadas.

La apertura de la antigua carretera Marginal de la Selva, hoy conocida como Carretera Fernando Belaúnde Terry, se ejecutó sin prever los impactos ambientales que inevitablemente generaría. En aquel entonces, no se habló de planes de mitigación ni de mecanismos de compensación por los daños ambientales futuros. La prioridad era impulsar la llamada “colonización” de la selva, una visión que el propio Belaúnde Terry resumía en la frase “la conquista del Perú por los peruanos”. Esta idea fue ampliamente celebrada en su momento, sobre todo en la sierra y la costa norte del país.

Hasta cierto punto, la integración de la Amazonía con el resto del territorio nacional podía entenderse como una apuesta por el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y comercial. Sin embargo, jamás se consideró que ese modelo de desarrollo estaría acompañado por una ocupación desordenada del territorio, cuyo resultado ha sido una deforestación masiva e incontrolable que continúa hasta hoy. En aquellos años no se hablaba de capacidad de uso mayor de los suelos ni de vocación del territorio amazónico. La zonificación era un concepto reservado a unos pocos especialistas, mientras que los gobernantes de turno se limitaban a una visión superficial de la Amazonía, asumiendo erróneamente que cualquier actividad productiva podía desarrollarse en cualquier lugar. Cuán lejos estaban —y algunos aún lo están— de la realidad.

Han transcurrido ya más de cuatro décadas desde la apertura de la carretera Fernando Belaúnde Terry y, pese a la existencia de normas ambientales modernas, la crisis ambiental en San Martín no solo persiste, sino que se agrava. A la deforestación se suman la pérdida acelerada de biodiversidad, la disminución de las fuentes de agua y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, con consecuencias desastrosas para las poblaciones locales.

A estas alturas resulta aún más preocupante constatar que, pese a contar con un sinnúmero de planes e instrumentos de gestión ambiental, muy poco se ha avanzado en la conservación efectiva de las áreas naturales protegidas —tanto de nivel nacional como regional—, espacios donde se concentran nuestras principales fuentes de agua, nuestra biodiversidad y los atractivos turísticos naturales que nos diferencian de otras regiones. Resulta inconcebible que traficantes de tierras y de madera continúen actuando con total impunidad, incluso enfrentándose abiertamente a las autoridades, como si las leyes simplemente no existieran.

San Martín puede exhibir, con razón, una amplia producción de instrumentos de gestión ambiental. Probablemente sea uno de los departamentos con mayor número de estos documentos elaborados. Sin embargo, también parece ser uno de los primeros en ignorarlos sistemáticamente. Existen, al menos en el papel, una Agenda Ambiental Regional, un Plan de Acción Ambiental y una Política Ambiental Regional. Lo mismo ocurre en el ámbito provincial y municipal.

Desde hace más de cinco años, el departamento cuenta con una Zonificación Ecológica Económica, tanto a nivel macro como meso en algunas provincias. Se viene “avanzando”, además, en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Existen también un Plan Forestal Regional y numerosos planes maestros de las áreas naturales protegidas, muchos de los cuales corren el riesgo de quedar obsoletos sin haber sido nunca implementados. En otras palabras, San Martín está inundado de leyes, planes e instrumentos ambientales que, en la práctica, solo sirven para adornar los estantes y escritorios del Gobierno Regional y de las municipalidades.

Con todo este marco normativo y técnico, San Martín debería ser, en los hechos, un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, seguir hablando de “región verde” resulta hoy más una falacia que una realidad. De continuar por este camino, corremos el riesgo de ser reconocidos no como una región verde, sino como una región gris o marrón.

Si realmente se aspira a un desarrollo auténtico, es indispensable que las autoridades y funcionarios demuestren voluntad política en materia ambiental, que abandonen la demagogia y asuman con seriedad la magnitud de la crisis que enfrentamos. En lugar de alinearse con los intereses de quienes depredan nuestras áreas naturales protegidas, deberían orientar sus esfuerzos a conservar y proteger las riquezas que aún subsisten en ellas. Sin ese patrimonio natural, San Martín jamás podrá ser una región competitiva ni verdaderamente desarrollada.

Construcción ilegal de trochas al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, donde se ubican nuestras fuentes de agua que abastecen a las poblaciones y tierras de cultivo del valle. Este tipo de obras contribuyen al asentamiento de más migrantes originando posteriormente la deforestación de esta área natural protegida.

En el territorio sanmartinense existen áreas que son aptas para el desarrollo agropecuario. Al interior del bosque de protección Alto Mayo estas actividades están prohibidas porque ahí se encuentran nuestras fuentes de agua. Es imperativo que se hagan prevalecer las normas ambientales y los planes maestros de las áreas naturales protegidas.

 La extracción ilegal de madera en el bosque de protección Alto Mayo se incrementa a medida que avanza la construcción de trochas carrozables.

Deforestación y desabastecimiento de agua

San Martín: deforestación en cabeceras de cuenca amenaza el futuro abastecimiento de agua a poblaciones y tierras de cultivo

12/10/2011

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El agua es el recurso natural más preciado de la Tierra. Es el elemento vital sin el cual la existencia humana resulta imposible, independientemente de la latitud o del nivel de desarrollo de las sociedades.

Del total de agua existente en el planeta, solo una fracción mínima está disponible para el consumo humano. Cerca del 90 % corresponde a agua salada de los océanos; alrededor del 2 % se encuentra en forma de hielo en los polos; y apenas el 1 % constituye agua dulce accesible, almacenada en ríos, lagos y mantos subterráneos. A ello debe añadirse que el agua, tal como se encuentra en la naturaleza, requiere ser tratada para eliminar partículas y organismos nocivos para la salud, y posteriormente distribuida mediante sistemas de tuberías hasta los domicilios, a fin de garantizar un consumo seguro.

En el Perú, la Amazonía continúa siendo una de las regiones más privilegiadas del mundo en cuanto a producción de agua dulce, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, esta condición viene siendo alterada de manera preocupante, como consecuencia del uso inadecuado de los recursos hídricos y de los cambios ambientales que se manifiestan a escala global. El calentamiento global ya está haciendo sentir sus efectos, con impactos cada vez más visibles y severos.

Las fuentes de agua, los manantiales y las cuencas se encuentran en un acelerado proceso de degradación. Se observan cambios en el clima y en los suelos, inundaciones más frecuentes, sequías prolongadas y procesos de desertificación. No obstante, la acción humana sigue siendo el factor más determinante y destructivo: una deforestación sin control, el desconocimiento —o desprecio— de los saberes tradicionales, especialmente de los pueblos indígenas, y la intervención indiscriminada de los ríos mediante obras de ingeniería como canales de riego, represas y trasvases.

No es casual que la escasez de agua se haya convertido en un tema prioritario en la agenda política internacional. Ante un escenario de carencia hídrica, se ven amenazados tres pilares fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la salud pública y la estabilidad social y política. Esta situación se agrava cuando las fuentes de agua son compartidas y se gestionan sin considerar los equilibrios ecológicos.

El sector agrícola es, a nivel mundial, el mayor consumidor de agua, con aproximadamente el 65 % del total disponible. Ello se debe no solo a la expansión de las áreas irrigadas, que se ha multiplicado en las últimas décadas, sino también a la falta de sistemas de riego eficientes, lo que genera pérdidas monumentales. Le sigue el sector industrial, con un consumo cercano al 25 %, y finalmente el uso doméstico, comercial y de servicios urbanos, que representa alrededor del 10 %. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hacia el año 2015 el consumo industrial podría alcanzar el 34 %, reduciendo los volúmenes destinados al riego agrícola y a otros usos. Desde 1950, el consumo mundial de agua se ha triplicado, alcanzando cerca del 30 % de la dotación renovable del planeta, umbral que ya coloca a muchas regiones al borde del límite de aprovechamiento sostenible.

En este contexto, la gestión del recurso hídrico debe orientarse a prevenir escenarios de conflicto derivados de la escasez, la sobreexplotación y la contaminación, mediante políticas y acciones que promuevan un uso racional y la conservación de las fuentes de agua.

En el departamento de San Martín, la deforestación incontenible y el uso inadecuado del recurso hídrico vienen generando una crisis que amenaza con tornarse irreversible. La evidencia más clara es la disminución progresiva del caudal de las fuentes de agua que abastecen a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Los racionamientos de agua en las ciudades son cada vez más frecuentes, obligando a las autoridades a adoptar medidas costosas y de corto plazo para cubrir una necesidad básica.

Sin embargo, la falta de visión de muchos de nuestros representantes políticos los lleva a priorizar únicamente proyectos de captación de agua desde ríos más caudalosos, en lugar de apostar por un uso eficiente del recurso y por la conservación de las cabeceras de cuenca. Las lecciones del pasado parecen no haber sido aprendidas. Resulta urgente que, paralelamente a la ejecución de nuevas obras de infraestructura hídrica, se elaboren y ejecuten planes integrales de manejo de microcuencas, que incluyan acciones concretas de conservación, protección y uso sostenible de los ríos y de su entorno natural.

La conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso integral y multisectorial. No es una tarea exclusiva de un solo sector o institución. La estrategia para enfrentar esta crisis debe considerar, de manera articulada, los aspectos sociales, económicos y biológicos. Solo así será posible garantizar, a mediano y largo plazo, el abastecimiento de agua para las poblaciones y la sostenibilidad de las actividades productivas que sustentan el desarrollo de San Martín.

 Río Shilcayo, Tarapoto

 Río Gera, Moyobamba