GLOBALIZACIÓN, CONSUMISMO Y DESASTRES NATURALES

Por: Ludwig Cárdenas Silva

En las últimas décadas, a escala mundial, venimos observando —y padeciendo— un número cada vez mayor de desastres naturales: inundaciones, huaycos, huracanes, sequías y otros fenómenos extremos que, año tras año, se presentan con una intensidad superior a la del periodo anterior. Lo que antes parecía excepcional hoy se ha vuelto recurrente, y lo que se consideraba una amenaza lejana se ha convertido en una realidad cotidiana.

Diversos científicos y especialistas coinciden en señalar que estos fenómenos no son hechos aislados ni simples caprichos de la naturaleza. Por el contrario, encuentran su principal origen en la contaminación ambiental y en la deforestación masiva de extensas áreas boscosas, factores que contribuyen de manera decisiva al calentamiento global. La desmedida ambición humana por acumular riqueza y sostener modelos de crecimiento ilimitado ha llevado a prácticas que desbordan toda lógica de racionalidad y equilibrio con el entorno.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿dónde se origina esta situación que nos conduce a una crisis ambiental de alcance planetario? Todo indica que la globalización y el consumismo imperante constituyen dos de las causas principales de esta problemática, pues ambos procesos suelen ir acompañados de un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, sin considerar los límites ecológicos del planeta.

Hablar de globalización y consumismo es, en efecto, referirse a las dos caras de una misma moneda. La globalización puede definirse como un proceso económico, social, tecnológico y cultural de gran escala, caracterizado por la creciente interdependencia entre países y la integración de sus mercados, sociedades y culturas. Este fenómeno se desarrolla mediante profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que le otorgan un carácter global, y suele asociarse a las dinámicas propias del capitalismo contemporáneo y de la democracia liberal.

El consumismo, por su parte, no se limita únicamente a la compra o acumulación de bienes y servicios no esenciales. También alude a un sistema económico y cultural —la llamada sociedad de consumo— que promueve la adquisición competitiva de riqueza como símbolo de estatus, éxito y prestigio social. En este sentido, globalización y consumismo mantienen una relación estrecha y de mutua retroalimentación: uno impulsa al otro, y ambos refuerzan un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad ambiental.

Nuestro país, conducido durante décadas por sucesivos gobiernos de orientación neoliberal, no ha sido ajeno a esta corriente. Desde hace aproximadamente treinta años, el Perú se ha insertado con decisión en el mundo globalizado y consumista, bajo una fachada de modernidad y progreso. Los gobiernos recientes se han ufanado de un crecimiento económico sostenido; sin embargo, la reducción de la pobreza no ha seguido el mismo ritmo. Paralelamente, la explotación irracional de los recursos naturales se ha vuelto cada vez más evidente, pese a la existencia de normas ambientales y a los compromisos internacionales asumidos en esta materia.

Es innegable que el país ha basado gran parte de su crecimiento económico en la exportación de materias primas. Al respecto, Michael Porter, reconocido internacionalmente como uno de los mayores especialistas en competitividad de las economías globalizadas, ha señalado que el Perú ha vivido en los últimos años una “ilusión exportadora”, sustentada principalmente en el alza de los precios de las materias primas, mientras la exportación de productos con valor agregado permanece prácticamente estancada. Asimismo, advirtió que el país presenta un atraso preocupante en materia de innovación y tecnología, llegando incluso a retroceder en estos campos estratégicos para el desarrollo.

Pese a ello, gran parte de la clase política peruana continúa realizando esfuerzos orientados a profundizar nuestra inserción en el modelo globalizado y consumista, sin una reflexión seria sobre sus efectos negativos ni una evaluación realista de nuestras capacidades para competir con países que cuentan con mayores niveles de educación, ciencia y tecnología.

Las consecuencias de este modelo recaen, de manera particularmente injusta, sobre los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de la Sierra y la Selva. Aunque no son responsables del cambio climático, constituyen los grupos humanos más afectados por sus impactos. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la migración forzada, la pérdida acelerada de biodiversidad, los procesos de desertificación, la erosión de las identidades culturales y el aumento de las hambrunas.

Esta realidad plantea, de manera urgente, la necesidad de adoptar políticas y acciones concretas orientadas a mitigar los daños ambientales y a compensar las pérdidas humanas y materiales que se vienen registrando, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. De lo contrario, la llamada modernidad continuará avanzando sobre un terreno cada vez más frágil, comprometiendo no solo el presente, sino también el futuro de las próximas generaciones.

Las medias tintas, las incongruencias y la falta de voluntad política continúan imponiéndose.

San Martín sin política verde

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Luego del lamentable suceso ocurrido el mes pasado en Nuevo Progreso, en la provincia de Picota, han salido a la luz una serie de hechos y declaraciones que evidencian una preocupante falta de coherencia entre el discurso técnico del Gobierno Regional de San Martín y las afirmaciones de sus principales representantes políticos.

A pocos días del desastre, la representante de la Autoridad Regional Ambiental manifestó públicamente que el Gobierno Regional no invertiría “ni un solo sol” en obras de infraestructura dentro de zonas de protección, como bosques y otras áreas de conservación. Fue enfática al señalar: “Ni escuelas, ni puentes, ni carreteras. El Gobierno Regional no invertirá en obras que se pretendan ejecutar dentro de áreas protegidas como las áreas de conservación regional”. Añadió, además, que cualquier proyecto de este tipo debería pasar previamente por una evaluación técnica del ARA para contar con su aprobación.

Estas declaraciones, aunque técnicamente correctas, dejan una incómoda impresión: que tales criterios recién se hacen visibles después de una tragedia, como si —de no haberse producido— el tema no hubiera merecido atención ni debate público.

Días después, el entonces presidente regional César Villanueva ofreció declaraciones que parecían transitar por un carril distinto. Señaló que “San Martín no tiene canon como otros departamentos del país, pero sí posee tierras que producen el mejor café y cacao del mundo”, afirmando que “nuestras riquezas están en las zonas rurales y por eso debemos potenciarlas”. Agregó, además, que el Gobierno Regional venía llegando a los pueblos más alejados para otorgar títulos de propiedad a los agricultores, proceso que debía complementarse con el mejoramiento de las principales carreteras de acceso a las comunidades, con el fin de fortalecer la actividad productiva.

Es evidente que tales afirmaciones aluden a los denominados “centros de producción agrícola”, muchos de los cuales se ubican precisamente en zonas ambientalmente frágiles o incluso legalmente protegidas.

No es ningún secreto que una parte significativa de los agricultores dedicados al cultivo de café y cacao en San Martín proviene de otras regiones del país, con experiencias productivas ajenas a la realidad ecológica amazónica. Muchos de ellos se han asentado de manera improvisada en cualquier espacio considerado “disponible”, sin conocer la verdadera vocación de las tierras que ocupan. Basta observar lo que ocurre en la zona de amortiguamiento y dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, donde cada año se deforestan cientos de hectáreas para destinarlas al cultivo de café, yuca, plátano o a la siembra de pastos para la crianza de ganado vacuno.

El Bosque de Protección Alto Mayo abarca los distritos de Yorongos, Rioja, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Awajún, Pardo Miguel y Moyobamba. En todos ellos predomina el cultivo de café. Lo más preocupante es que muchos de estos agricultores vienen practicando desde hace años una agricultura basada en la tala, el rozo y la quema de la cobertura vegetal, acelerando los procesos erosivos y degradando los suelos, sin que las instituciones competentes logren hacer cumplir de manera efectiva las leyes ambientales ni el plan maestro de esta área natural protegida.

Conviene recordar que el Bosque de Protección Alto Mayo cumple un rol fundamental en el equilibrio hídrico del departamento y de amplias zonas de la Amazonía. Su cobertura boscosa permite captar el agua de las lluvias y regular su flujo hacia los valles, abasteciendo a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Estos bosques actúan, además, como una barrera natural frente a huaycos y deslizamientos que, de otro modo, devastarían caminos, carreteras y poblados enteros asentados sobre terrenos frágiles y desprovistos de vegetación.

En ese contexto, afirmar que “nuestras riquezas están en las zonas rurales” resulta, cuando menos, una verdad a medias. Muchas de estas zonas rurales se localizan en espacios que deberían permanecer intangibles. Gran parte de los cultivos de café y cacao en San Martín se desarrolla en laderas de montaña, zonas de amortiguamiento e incluso dentro de áreas naturales protegidas; espacios que, aunque hoy puedan parecer productivos, están condenados —a mediano y largo plazo— a convertirse en purmas o en terrenos áridos e improductivos.

Está demostrado, además, que las tierras verdaderamente aptas para la agricultura en San Martín ya se encuentran saturadas. En consecuencia, las nuevas obras de infraestructura tenderán inevitablemente a dirigirse hacia áreas naturales protegidas o hacia zonas que, aun sin protección legal, tampoco poseen vocación agrícola, alentando su posterior invasión y depredación.

Todo indica que el presidente regional desconoce —o decide ignorar— los instrumentos de gestión ambiental, incluida la Zonificación Ecológica Económica elaborada por su propia institución. Su interés parece centrarse en promover un desarrollo de corto plazo, de alto impacto político inmediato, antes que en impulsar un desarrollo sostenible con una visión de mediano y largo plazo. De ahí el énfasis en la ampliación de la frontera agrícola y en la inversión de cuantiosos recursos públicos en trochas, carreteras y puentes hacia supuestos “centros de producción agrícola” que proliferan sin mayor planificación en toda la región.

El señor Villanueva debería tomar seriamente en cuenta las advertencias de sus propios funcionarios, quienes reconocen que existen numerosos caseríos en el departamento con características similares a las de Nuevo Progreso. Debería considerar, además, que en San Martín se pierden anualmente alrededor de 17 mil hectáreas de bosques, según datos del Ministerio del Ambiente.

La pregunta final resulta inevitable: ¿puede el afán de ganar adeptos o simpatizantes políticos estar por encima de los intereses colectivos y de los derechos ambientales de la mayoría de los sanmartinenses?

Desastre natural o negligencia compartida?

Huayco en Nuevo Porvenir – Picota

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el huayco ocurrido el día 17 del presente mes arrasó gran parte del caserío de Nuevo Porvenir, en la provincia de Picota, dejando un saldo preliminar de al menos once personas fallecidas y diez desaparecidas. De las víctimas mortales, la mayoría fueron niños, un hecho que vuelve esta tragedia aún más dolorosa y que interpela directamente a toda la sociedad.

De acuerdo con los reportes de corresponsales de diversos medios nacionales y regionales, brigadas de Defensa Civil, efectivos del Ejército y pobladores de la zona participaron activamente en las labores de búsqueda y rescate. Paralelamente, el Gobierno Regional y las autoridades locales entregaron ayuda humanitaria —principalmente carpas y sábanas— para atender, de manera inmediata, a las familias damnificadas.

El huayco dejó también tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Central de Tarapoto. Diez viviendas quedaron completamente destruidas, así como un puente peatonal, mientras que aproximadamente seiscientos metros de tubería del sistema de agua potable colapsaron, agravando aún más la ya precaria situación de la población afectada.

Se ha informado que la mayoría de los damnificados son pobladores provenientes de la sierra norte del país, dedicados principalmente al cultivo de café y plátano en laderas de montaña que no son aptas para el desarrollo de actividades agrícolas. Este dato no es menor y obliga a una reflexión profunda. El departamento de San Martín cuenta desde hace varios años con su Zonificación Ecológica Económica, instrumento técnico que identifica con claridad las áreas aptas y no aptas para actividades productivas. Asimismo, se han elaborado estudios de Análisis de Riesgos de Desastres. Sin embargo, pese a disponer de esta información, los huaycos e inundaciones continúan causando, año tras año, graves daños a la población, a los cultivos e incluso a las obras de infraestructura.

Este escenario pone en evidencia una verdad incómoda: el problema no radica en la falta de estudios ni de normas, sino en la escasa voluntad para hacerlos respetar. Ha llegado el momento de que las autoridades y funcionarios de las municipalidades y del Gobierno Regional de San Martín dejen de lado la politiquería y asuman su responsabilidad con seriedad y sentido humano. No se puede seguir promoviendo la construcción de vías de acceso hacia supuestos “centros de producción” ubicados en zonas que, por su fragilidad, deberían permanecer intangibles. La expansión de la frontera agrícola debe realizarse únicamente en aquellos espacios que, de acuerdo con la Zonificación Ecológica Económica, poseen la vocación adecuada.

Señores autoridades, hoy más que nunca resulta imprescindible concentrar los esfuerzos en hacer cumplir las leyes ambientales y en respetar los estudios, planes y lineamientos técnicos relacionados con el uso adecuado del territorio y de los recursos naturales. No hacerlo equivale a seguir exponiendo a la población a tragedias evitables. El pueblo sanmartinense, sin duda, sabrá reconocer y agradecer a quienes antepongan la vida, el territorio y el futuro común por encima de cualquier cálculo político.

Gran parte de los pobladores del caserío Nuevo Porvenir son oriundos de la Sierra Norte del país, quienes sin ningún criterio se afincan en cualquier lugar del territorio sanmartinense. No existe una política regional sobre migraciones.



La continua e incontrolable deforestación de las montañas da por resultado la desprotección de los suelos, originando inevitablemente las avalanchas o huaycos en época de lluvia.

Mirando el futuro

POTENCIAL TURÍSTICO DEL ALTO MAYO

II PARTE

Por: Ludwig Cárdenas

En la primera parte de este artículo se intentó describir, de manera sucinta, las principales potencialidades turísticas naturales del valle del Alto Mayo. No se abordó entonces el turismo vinculado a nuestras manifestaciones culturales y tradicionales, tema que merece un tratamiento específico y que será desarrollado en otra oportunidad.

En esta segunda parte, el propósito es reflexionar sobre las principales dificultades —o limitaciones— que enfrenta la actividad turística en la zona, así como sobre las alternativas existentes para avanzar hacia un desarrollo turístico sostenible basado en nuestras riquezas naturales. Antes de ello, considero necesario realizar algunas precisiones conceptuales.

El turismo de naturaleza es una modalidad que propone una interrelación estrecha con el entorno natural y que se sustenta en la conservación de los recursos naturales y sociales del área donde se desarrolla. Puede entenderse también como el conjunto de viajes y actividades recreativas que se realizan en contacto directo con la naturaleza y con las expresiones culturales que la rodean, bajo una actitud consciente de respeto, disfrute y compromiso con la preservación del patrimonio natural y cultural.

Este tipo de turismo se divide generalmente en tres grandes segmentos: el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Cada uno de ellos comprende diversas actividades y, en muchos casos, requiere de guías especializados, técnicas adecuadas y equipamiento específico. Se trata, por tanto, de una actividad que exige planificación, conocimiento y responsabilidad.

Naturalmente, en un artículo de esta naturaleza no se pretende abordar todas las complejidades del turismo ni agotar el análisis. Algunos aspectos podrán y deberán ser complementados o precisados por especialistas. Sin embargo, ello no impide señalar los problemas estructurales que vienen limitando su desarrollo en nuestra región.

Como se señaló en la primera parte, el Alto Mayo cuenta con un enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza. No obstante, una de las principales amenazas para avanzar en esta dirección es la migración desordenada que desde hace décadas viene afectando al departamento de San Martín. Este proceso ha propiciado la deforestación de extensas áreas boscosas, incluso dentro de zonas de protección y áreas naturales protegidas, con la consiguiente pérdida de recursos hídricos, biodiversidad y paisajes naturales, precisamente aquellos elementos que constituyen la base del turismo de naturaleza.

El desarrollo turístico, en cualquier territorio, debería contemplar al menos tres aspectos fundamentales: primero, la conservación y protección de los atractivos turísticos naturales; segundo, un trabajo coordinado y sostenido entre los principales actores locales —autoridades, empresarios y población—; y tercero, la asignación y gestión de un presupuesto adecuado. Estos componentes deben integrarse en un plan que defina con claridad una visión compartida, objetivos concretos, estrategias coherentes y actividades a corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno Regional de San Martín cuenta, desde el año 2008, con un Plan Estratégico Regional de Turismo. Asimismo, algunas municipalidades provinciales disponen de instrumentos similares. Sin embargo, estas herramientas de gestión, en la práctica, parecen cumplir únicamente una función decorativa en los anaqueles y escritorios de nuestras oficinas públicas. En el mejor de los casos, han sido objeto de una lectura superficial, más por formalidad que por convicción. Son las autoridades, en permanente coordinación con los empresarios turísticos, quienes deberían impulsar la ejecución real de estos planes. Lamentablemente, la voluntad política para ello ha sido, hasta ahora, prácticamente inexistente.

San Martín, pese a sus enormes potencialidades naturales, camina peligrosamente hacia un agravamiento de su crisis ambiental. La negligencia y la incapacidad de muchas de sus autoridades, acostumbradas a priorizar actividades de alto costo económico y bajo nivel de sostenibilidad, están sentando las bases de una futura crisis social que será difícil de revertir.

Hoy más que nunca, quienes nos representan deberían comprender que el turismo de naturaleza constituye una de las pocas actividades capaces de garantizar un desarrollo regional en armonía con la conservación del patrimonio natural. Es, además, la vía más coherente para que San Martín pueda ser reconocida, no solo en el discurso, sino en la práctica, como una verdadera región verde.

La agricultura se debe desarrollar en lugares apropiados, y no en las áreas naturales protegidas, cuyos suelos no son adecuados para realizar actividades productivas.

La construcción de trochas carrozables no debe seguir dándose en el interior de nuestras áreas naturales protegidas, pues, contribuirá a la pérdida de nuestras fuentes de agua, biodiversidad y paisajes naturales.

Una más del PEAM

EN RIOJA: IMPORTANTES ARTERIAS DE LA CIUDAD QUEDAN EXCLUIDAS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Un creciente malestar viene manifestándose entre la población riojana ante la evidencia de que el anunciado proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” no contempla importantes arterias del casco urbano. El proyecto en cuestión se ejecuta mediante un convenio de cooperación entre el Gobierno Regional de San Martín, a través de su unidad ejecutora el PEAM, y la Municipalidad Provincial de Rioja.

Es de conocimiento público que el Gobierno Regional de San Martín contrajo una deuda superior a los 122 millones de soles para ejecutar proyectos de infraestructura básica en los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Rioja, Juanjuí y Saposoa. De ese monto, más de 48 millones de soles estarían destinados a Rioja, más de 51 millones a Juanjuí y alrededor de 22 millones a Saposoa. Cabe suponer que una inversión de tal magnitud se sustentó en un estudio de factibilidad serio y minucioso, que debía contemplar no solo el mejoramiento o renovación de las redes existentes, sino también la ampliación de los servicios hacia las zonas periféricas de dichas ciudades.

Sin embargo, los hechos vienen demostrando que, al menos en el caso de Rioja, el proyecto carece de un enfoque integral. No se ha considerado la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en numerosas calles antiguas y céntricas de la ciudad, que en conjunto superan las cien cuadras. Se trata de zonas que cuentan con tuberías cuya antigüedad oscila entre los 21 y 25 años, lo que hace imprescindible su reemplazo, más aún si se tiene en cuenta que el Estado no financiará nuevos proyectos de saneamiento en la ciudad en las próximas dos décadas.

A ello se suma un aspecto especialmente preocupante: una parte significativa de la red de agua potable existente está construida con tuberías de asbesto-cemento, material cuya peligrosidad para la salud ha sido ampliamente documentada. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia de Protección Ambiental han determinado que el asbesto o amianto posee propiedades cancerígenas, por lo que su uso debería ser eliminado de manera progresiva y responsable.

En lo que respecta al sistema de desagüe, el expediente técnico elaborado por el PEAM tampoco se ajusta plenamente a las normas de saneamiento vigentes, las cuales prohíben el uso de tuberías con un diámetro menor a los 200 milímetros para colectores. Pese a ello, existen numerosas cuadras con tuberías de 160 milímetros que no han sido consideradas para su renovación. Actualmente, toda la red de desagüe de la ciudad de Rioja está conformada por tuberías de concreto simple normalizado o de plástico con campana soldada, materiales que presentan constantes roturas, atoros y filtraciones. Bajo estas condiciones, no existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen su exclusión del proyecto.

Por otro lado, vecinos de las calles que sí están siendo intervenidas —principalmente en las zonas periféricas— vienen señalando reiteradamente que la instalación de tuberías de agua y desagüe se realiza de manera apresurada y por mero cumplimiento. En algunos casos, trabajadores del consorcio ejecutor intentaron colocar tuberías de desagüe por encima del nivel de las viviendas colindantes, situación que fue corregida únicamente gracias al oportuno y firme reclamo de los pobladores. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban los supervisores de obra? Todo indica que su presencia en la ciudad es, cuando menos, esporádica.

A la luz de estos hechos, resulta evidente que el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja” fue deficientemente formulado y viene siendo mal ejecutado. Ello obliga a plantear interrogantes que merecen respuestas claras: ¿cómo es posible que el PEAM haya elaborado un expediente técnico con tantas falencias, si se supone que previamente se realizó un detallado estudio de factibilidad en coordinación con la municipalidad y la empresa prestadora del servicio?, ¿por qué el expediente técnico final fue remitido a la Municipalidad Provincial de Rioja recién después de haberse otorgado la Buena Pro al Consorcio Alianza?, ¿es esta la forma en que el Gobierno Regional afirma actuar con transparencia y ubicarse entre los primeros lugares del país en ejecución de inversiones públicas?

Todo parece indicar que la actual gestión regional privilegia el aspecto cuantitativo de las inversiones —el monto ejecutado, el número de obras— por encima del aspecto cualitativo, es decir, la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los proyectos. En materia de saneamiento básico, esta forma de proceder no solo resulta irresponsable, sino que compromete seriamente la salud y el bienestar de la población riojana por muchos años más.

Un gran reto para el futuro

POTENCIAL TURÍSTICO DEL ALTO MAYO

I Parte

Por: Ludwig Cárdenas

El Alto Mayo, ubicado al norte del departamento de San Martín, está conformado por las provincias de Rioja, con nueve distritos, y Moyobamba, con seis. Se trata de un territorio privilegiado por la naturaleza, surcado por ríos de singular belleza, entre los que destacan el Mayo, Tónchima, Negro, Avisado, Naranjos, Tioyacu, Serranoyacu, Aguas Verdes, Yuracyacu, Gera, Huascayacu e Indoche, además de innumerables riachuelos que, en su mayoría, nacen en las áreas naturales protegidas de la zona.

Entre estas áreas sobresale el Bosque de Protección Alto Mayo, uno de los ecosistemas más imponentes de la Amazonía peruana, donde habita una notable diversidad de especies endémicas de flora y fauna. En cuanto a flora, destacan las bromelias y las orquídeas, entre las cuales sobresale la Kovachii (Phragmipedium kovachii), considerada una de las orquídeas más cotizadas a nivel nacional e internacional. En fauna, el Alto Mayo alberga especies emblemáticas como el gallito de las rocas (Rupícola peruviana), ave nacional del Perú; la lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi); el colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis); así como el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) y el mono tocón (Callicebus oenanthe), entre muchas otras especies que aún habitan y dan vida a sus montañas.

En el Alto Mayo se encuentran algunos de los paisajes más impresionantes de la Selva Alta peruana. Destacan sus cascadas, entre las que sobresalen Urkuchaki, Lejiayacu y Lahuarpía, así como sus cavernas, entre ellas Cascayunga —una de las más profundas del Perú—, El Diamante, Palestina y Las Velas. Igualmente notables son las nacientes de ríos como Tioyacu, Negro y Aguas Claras, todas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo.

Este territorio posee, además, singularidades que lo hacen único. A pesar de su ubicación en la Selva Alta, alberga un importante humedal o pantanal, ecosistema característico de la Selva Baja. En la zona de conservación conocida como Humedal del Alto Mayo, considerado el pantano más alto del país, abundan especies como el aguaje (Mauritia flexuosa), el renaco (Ficus schultesii) y una variada fauna endémica. Recorrer las aguas de los ríos Negro, Romero y Avisado, que atraviesan serpenteando este paraje, constituye una experiencia singular, pues se trata probablemente de uno de los últimos refugios de especies como la nutria de río (Lontra longicaudis), el martín pescador (Ceryle torcuata) y el omeco o mono aullador rojo (Alouatta seniculus).

Por la riqueza y diversidad de sus paisajes naturales, el Alto Mayo fue reconocido en el año 2008 como una de las siete maravillas del Perú, distinción que confirma su enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza.

Sin embargo, en la actualidad, esta zona enfrenta una de las presiones migratorias más intensas de su historia, situación que se agravó tras la inauguración de la Carretera Fernando Belaúnde Terry. Ante la escasez de tierras aptas para la agricultura, muchos migrantes vienen invadiendo áreas naturales protegidas que, lejos de ser depredadas, podrían convertirse en escenarios ideales para el ecoturismo. Frente a estos hechos preocupantes, las acciones de nuestras autoridades han sido, hasta ahora, insuficientes.

Ante esta realidad, no queda otra alternativa que promover la organización y la conciencia de la población, para que comprenda la gravedad de lo que está ocurriendo y asuma un rol activo en la defensa de los últimos remanentes de bosque que aún conserva el Alto Mayo. De ello depende no solo la preservación de un patrimonio natural invaluable, sino también la posibilidad de construir un desarrollo turístico sostenible para las futuras generaciones.

Cascada Urkuchaki, se ubica dentro del bosque de protección Alto Mayo, cerca de la naciente del río Negro.



Paseo en Santa Elena (Pósic), parte del Humedal del Alto Mayo. Aquí, todavía, es posible observar las especies de flora y fauna silvestre que antes abundaban en todo el valle.

RESIDUOS SÓLIDOS EN SAN MARTÍN

El tratamiento inadecuado impera en sus diez provincias

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Desde hace más de una década, el Perú cuenta con la Ley N.º 27314, Ley General de Residuos Sólidos, norma que establece derechos, obligaciones y responsabilidades para asegurar una gestión de los residuos sólida, sanitaria y ambientalmente adecuada, basada en principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, pese a la vigencia de este marco legal, son contados los municipios, a nivel nacional, que han asumido con seriedad la tarea de elaborar y ejecutar su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). Las pocas municipalidades que cuentan con este instrumento —principalmente en la costa del país— presentan, en el mejor de los casos, niveles regulares de implementación. En el departamento de San Martín, la situación es aún más preocupante: hasta la fecha, ninguna de sus diez provincias cuenta con un PIGARS en ejecución. En consecuencia, no se brinda un manejo adecuado de los residuos sólidos ni se dispone de rellenos sanitarios formales.

Las acciones emprendidas por algunas municipalidades se han limitado, por lo general, a la adquisición de vehículos recolectores y a tímidos intentos de reciclaje de residuos domiciliarios. Estas medidas, aunque necesarias, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema.

Es importante subrayar que el manejo integral de los residuos sólidos va mucho más allá de la compra de camiones o de la distribución de contenedores para la segregación en los hogares. Implica, en primer lugar, un sostenido trabajo de educación y sensibilización de la población, tarea en la que deben involucrarse activamente los sectores Educación y Salud. La desinformación sigue siendo amplia, faltan programas de planificación y desarrollo, y persisten vacíos que solo pueden superarse mediante la elaboración de planes de optimización de la limpieza pública y la capacitación permanente del personal responsable de esta labor.

La contaminación generada por los residuos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final en botaderos informales —e incluso en ríos cercanos a las ciudades—, da lugar a focos infecciosos que afectan directamente la salud de las poblaciones asentadas en las zonas aledañas. Esta situación debería motivar una participación más activa del Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Salud, en la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles.

Asimismo, no puede soslayarse el impacto negativo que esta problemática tiene sobre el desarrollo turístico regional. La presencia de botaderos informales, muchos de ellos ubicados al borde de carreteras y caminos que conducen a los principales atractivos turísticos, deteriora gravemente la imagen de la región. En este ámbito, resulta indispensable la intervención de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, que debe reforzar y articular las acciones de sensibilización ambiental impulsadas por los gobiernos locales.

En conclusión, el manejo adecuado de los residuos sólidos exige un trabajo coordinado entre los distintos actores locales, incluyendo al sector privado y a la ciudadanía. El compromiso de la población dependerá, en gran medida, de la voluntad política que demuestren nuestras autoridades y funcionarios. De lo contrario, se continuará postergando no solo el mejoramiento de la salubridad pública, sino también la imagen y calidad de vida de nuestros pueblos.

Los botaderos informales proliferan a lo largo y ancho del departamento de San Martín, originando focos infecciosos que afectan la salud de las poblaciones aledañas.