¿Un simple formalismo para salvar apariencias?

Instrumentos de gestión ambiental

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Hace algunos años, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) recomendaba a los gobiernos regionales y municipales la conformación de sus comisiones ambientales y la elaboración de sus instrumentos de gestión ambiental: Diagnóstico Ambiental, Plan de Acción Ambiental, Agenda Ambiental y, finalmente, la Política Ambiental. Estos documentos debían constituirse en los pilares fundamentales para contribuir a la conservación del ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en cada territorio.

Tras la desaparición del CONAM, es el Ministerio del Ambiente quien hoy recomienda —y en determinados casos exige— que cada municipio y gobierno regional cuente con su Comisión Ambiental Local o Regional, según corresponda, y elabore sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, debidamente articulados con las políticas del gobierno nacional. Cabe destacar que aquellas entidades que cumplen con este proceso son categorizadas e incluso beneficiadas con asesoramiento técnico y financiamiento para proyectos de carácter ambiental.

En teoría, contar con este conjunto de instrumentos debería ser la fórmula ideal para enfrentar y superar los problemas ambientales que se presentan en cada región o municipio. Sin embargo, en la práctica, estos documentos rara vez se implementan. Las razones suelen responder a intereses locales o regionales, muchas veces ajenos al bienestar colectivo. Incluso puede afirmarse que el propio Estado contribuye al desorden cuando concesiona lotes a empresas petroleras, mineras o forestales sin considerar lo establecido en los planes maestros de las áreas naturales protegidas, los planes de desarrollo concertado o la Zonificación Ecológica–Económica, instrumentos que precisamente fijan las pautas para un uso sostenible del territorio.

El departamento de San Martín aparece, al menos en el papel, como uno de los que más se adecua a las recomendaciones del Ministerio del Ambiente. Casi todas sus municipalidades provinciales y distritales cuentan con comisiones ambientales y han elaborado sus instrumentos de gestión ambiental. A nivel regional, existe una Zonificación Ecológica–Económica aprobada y se encuentra en proceso la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial en la mayoría de sus provincias. Asimismo, se dispone de un Plan de Desarrollo Forestal, una Estrategia Regional de la Diversidad Biológica y una serie de ordenanzas regionales y municipales de carácter ambiental.

No obstante, la realidad vuelve a contradecir el discurso oficial. Es frecuente escuchar elogios a la actual gestión regional por haber ejecutado un alto porcentaje de su presupuesto anual; pero hay asuntos que no pueden evaluarse únicamente desde una lógica contable. San Martín ostenta hoy el lamentable demérito de figurar entre los departamentos con mayores índices de deforestación a nivel nacional. Basta recorrer los márgenes de la Carretera Fernando Belaúnde Terry para constatar cómo la tala, el rozo y la quema de bosques continúan avanzando de manera incontenible.

La depredación no se limita a zonas de libre uso. Abarca también áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca, donde la pérdida de cobertura vegetal se produce con alarmante impunidad. Como consecuencia directa, el caudal de ríos y quebradas disminuye progresivamente, y los racionamientos de agua se hacen cada vez más frecuentes en la mayoría de ciudades de la región.

La Zonificación Ecológica–Económica de San Martín es clara respecto a la vocación del territorio: apenas el 14,87 % corresponde a zonas de aptitud productiva; el 64,60 % a zonas de protección y conservación ecológica; el 20,38 % a zonas de recuperación, y solo el 0,15 % a áreas de vocación urbano-marginal. Lamentablemente, estos indicadores no se respetan ni orientan las decisiones públicas.

La actual gestión regional ha emitido, además, diversas ordenanzas de carácter ambiental. Entre ellas, la que declara de interés social y necesidad pública la protección y recuperación de los recursos naturales de la región, especialmente laderas, cabeceras de cuenca y biodiversidad; la que aprueba la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica; y aquella que prohíbe el otorgamiento irregular de constancias y certificados de posesión de tierras rurales, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa del otorgante. A ello se suman otros instrumentos como el Plan Forestal Regional y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, con los que se aspira, al menos en el discurso, a recuperar, conservar y aprovechar sosteniblemente nuestros recursos naturales.

Es bien sabido que todas estas ordenanzas y planes tienen carácter vinculante; es decir, deben cumplirse tanto en las direcciones regionales y municipalidades provinciales y distritales como en el sector privado. Sin embargo, es precisamente aquí donde se hace evidente la falta de liderazgo de nuestras autoridades y funcionarios. Salvo contadas excepciones, estas herramientas de gestión ambiental y territorial no se aplican. La mayoría de nuestros “representantes” opta por mirar hacia otro lado frente a la crisis ambiental, priorizando obras de infraestructura de corto plazo que, supuestamente, generan mayor impacto inmediato en la población.

Si bien es cierto que el cuidado del ambiente es un deber de todos, también lo es que en algunos recae una responsabilidad mayor. No se trata solo de emitir ordenanzas, elaborar planes o colocar mensajes publicitarios en los medios de comunicación. Se trata, fundamentalmente, de implementar las herramientas de gestión existentes y de hacerlas respetar. El futuro de nuestros pueblos dependerá de las decisiones que se tomen hoy para recuperar, conservar, proteger y aprovechar sosteniblemente las riquezas naturales que aún nos quedan.

Obras de infraestructura al interior del Bosque de Protección Alto Mayo

    

Los asentamientos humanos se incrementan cada vez más en las áreas naturales protegidas de San Martín.

   

Deforestación al borde de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Véase letrero.

Hasta cuándo?

Continúan obras irregulares en el Alto Mayo

Por: Ludwig Cárdenas Silva

En los últimos años, diversas obras ejecutadas en el Alto Mayo vienen evidenciando una realidad preocupante: algunas instituciones regionales parecen estar infestadas de supuestos “profesionales” que, sin mayor esfuerzo, dejan al descubierto su improvisación, negligencia o abierta incapacidad. Como ejemplos palpables están las cuestionadas obras de agua y desagüe de Jepelacio y de la ciudad de Rioja.

Resulta difícil comprender cómo una institución que cuenta con una Oficina de Manejo Ambiental y que, en teoría, debería trabajar de manera coordinada con la Autoridad Regional Ambiental, incurra en errores tan elementales como reiterados. Un caso emblemático es el proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja”, una obra que, de manera absurda, presenta una cadena de anomalías técnicas y serias transgresiones a las normas legales vigentes.

Es de conocimiento público que los proyectos de saneamiento deben cumplir estrictamente con requisitos técnicos, legales y ambientales, tanto por parte de las instituciones públicas como de las empresas privadas ejecutoras, más aún cuando dichas obras se desarrollan en espacios vinculados a la conservación y protección de los recursos naturales.

El proyecto en mención involucra directamente la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo; por lo tanto, el ejecutor —el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)— debió solicitar, antes de iniciar cualquier intervención, la correspondiente opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Sin embargo, la obra se viene ejecutando sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el sector competente. Por esta razón, tanto la Autoridad Local del Agua de Rioja como la oficina del Bosque de Protección Alto Mayo se han visto impedidas de autorizar formalmente la ejecución de los trabajos en la zona de amortiguamiento.

Los representantes de estas instituciones han sido claros: no buscan frenar el desarrollo de proyectos, sino exigir que se cumplan las normas legales. En consecuencia, el PEAM, al no haber cumplido previamente con estos requisitos básicos, habría incurrido en faltas a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley General de Aguas. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que una entidad que se presenta como promotora del desarrollo sostenible y defensora de la Zonificación Ecológica Económica y del Ordenamiento Territorial, incurra en este tipo de infracciones.

A estas irregularidades se suman otras anomalías detectadas durante la ejecución del proyecto, las cuales han sido denunciadas por el Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR). Entre las principales observaciones se señalan las siguientes:

• Las tuberías de agua y desagüe se estarían instalando en las calles sin un criterio técnico adecuado. Se tiene conocimiento de que los tubos matrices no cumplirían con las dimensiones requeridas y que, además, se estaría utilizando material de bajo costo y dudosa calidad. Mientras tanto, la empresa supervisora parece mirar hacia otro lado.

• El consorcio ejecutor, ganador de la buena pro, habría solicitado reiterados adicionales de obra para continuar con el proyecto. Se señala que el PEAM ya habría aprobado más de nueve millones de soles en adicionales, superando largamente el límite legal del 15 % del monto contractual, lo que despierta serias sospechas sobre la transparencia del proceso.

• Pese a los evidentes retrasos en la ejecución, el PEAM no habría aplicado penalidad alguna a la empresa contratista, ni siquiera simbólicamente. Esta situación refuerza la percepción ciudadana de una posible colusión entre la entidad ejecutora y la empresa supervisora, generando un comprensible malestar y desconfianza en la población riojana respecto a la calidad final de la obra.

Ante este escenario, y considerando que la Municipalidad Provincial de Rioja no ha emitido un pronunciamiento claro y contundente sobre los hechos denunciados, el FEDIR ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República.

Resulta fundamental que las irregularidades existentes sean investigadas a fondo y sancionadas de manera ejemplar. De no hacerlo, se corre el riesgo de que estas malas prácticas se repliquen en otros proyectos y en distintas zonas del departamento, consolidando un patrón de impunidad que termina perjudicando, una vez más, a la ciudadanía y al propio desarrollo regional.

Acción planificada o simple improvisación?

Promoción del desarrollo rural

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Desde hace aproximadamente una década, en nuestro país se viene promoviendo la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en los ámbitos departamental, provincial y distrital. Se trata, en esencia, de un diagnóstico técnico del territorio que permite identificar con claridad sus potencialidades y limitaciones. Sobre esta base debería impulsarse el ordenamiento territorial, a través de planes que orienten el uso adecuado de los recursos disponibles en cada distrito, provincia o región.

La ZEE nos indica cómo y dónde debemos sembrar y criar en nuestras comunidades para obtener mejores resultados; cómo diversificar la producción para asegurar alimentos durante todo el año; cómo garantizar la disponibilidad de agua, tanto en el campo como en las ciudades; y cómo organizarnos —en el ámbito rural y urbano— para enfrentar de manera más eficaz la pobreza. En suma, es una herramienta clave para promover un desarrollo rural ordenado, equitativo y sostenible.

Este proceso se sustenta en un marco legal claro y vinculante, que incluye la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el reglamento específico de la Zonificación Ecológica Económica. Estas normas no son meras recomendaciones: obligan a todos los actores locales, regionales y nacionales a respetar y aplicar los criterios técnicos definidos. Sin embargo, la realidad demuestra que, pese a la existencia de este marco normativo, el crecimiento desordenado —tanto en el ámbito rural como urbano— continúa imponiéndose a lo largo y ancho del país.

A ello se suma que el proceso de elaboración de la ZEE y de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no se viene desarrollando de manera uniforme a nivel nacional. Hasta el momento, son pocos los departamentos que han impulsado estos instrumentos, aunque sea en el plano formal. Entre ellos figuran Cajamarca, Piura y San Martín, que además vienen avanzando en la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial. En contraste, otros departamentos ni siquiera han iniciado el proceso de ZEE, evidenciando un preocupante vacío en la planificación del territorio.

No obstante, incluso en aquellas regiones donde se han elaborado estos instrumentos, las herramientas de gestión ambiental parecen servir, hasta ahora, más para la figuración que para la toma real de decisiones. En Cajamarca, por ejemplo, grandes extensiones de territorio que deberían permanecer intangibles continúan siendo ocupadas por actividades extractivas. En San Martín, la ampliación de la frontera agrícola sigue avanzando de manera desordenada, sin considerar la vocación de las tierras ni los criterios establecidos por la ZEE.

En su afán de promover el desarrollo rural, el Gobierno Nacional declaró el año 2013 como el “Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”. Más allá de las buenas intenciones que pueda encerrar esta denominación, existe el riesgo de que sea utilizada por algunos politiqueros para justificar proyectos improvisados, insostenibles y carentes de sustento técnico, con el único objetivo de ganar adeptos o capital político.

Resulta necesario señalar, además, que los procesos de ZEE no están siguiendo pautas homogéneas en todo el país. Cada región aplica metodologías distintas y, en algunos casos, se ha llegado al extremo de iniciar la elaboración de planes de ordenamiento territorial sin contar previamente con una Zonificación Ecológica Económica concluida. Estos hechos evidencian improvisación, desconocimiento y falta de criterio técnico por parte de quienes impulsan estos procesos.

En materia de desarrollo rural, las buenas intenciones no son suficientes. Sin planificación, sin respeto a los instrumentos técnicos y sin voluntad política para aplicarlos, cualquier discurso sobre desarrollo sostenible corre el riesgo de quedarse en el papel, mientras el territorio continúa deteriorándose y las brechas sociales se profundizan.

GLOBALIZACIÓN, CONSUMISMO Y DESASTRES NATURALES

Por: Ludwig Cárdenas Silva

En las últimas décadas, a escala mundial, venimos observando —y padeciendo— un número cada vez mayor de desastres naturales: inundaciones, huaycos, huracanes, sequías y otros fenómenos extremos que, año tras año, se presentan con una intensidad superior a la del periodo anterior. Lo que antes parecía excepcional hoy se ha vuelto recurrente, y lo que se consideraba una amenaza lejana se ha convertido en una realidad cotidiana.

Diversos científicos y especialistas coinciden en señalar que estos fenómenos no son hechos aislados ni simples caprichos de la naturaleza. Por el contrario, encuentran su principal origen en la contaminación ambiental y en la deforestación masiva de extensas áreas boscosas, factores que contribuyen de manera decisiva al calentamiento global. La desmedida ambición humana por acumular riqueza y sostener modelos de crecimiento ilimitado ha llevado a prácticas que desbordan toda lógica de racionalidad y equilibrio con el entorno.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿dónde se origina esta situación que nos conduce a una crisis ambiental de alcance planetario? Todo indica que la globalización y el consumismo imperante constituyen dos de las causas principales de esta problemática, pues ambos procesos suelen ir acompañados de un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, sin considerar los límites ecológicos del planeta.

Hablar de globalización y consumismo es, en efecto, referirse a las dos caras de una misma moneda. La globalización puede definirse como un proceso económico, social, tecnológico y cultural de gran escala, caracterizado por la creciente interdependencia entre países y la integración de sus mercados, sociedades y culturas. Este fenómeno se desarrolla mediante profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que le otorgan un carácter global, y suele asociarse a las dinámicas propias del capitalismo contemporáneo y de la democracia liberal.

El consumismo, por su parte, no se limita únicamente a la compra o acumulación de bienes y servicios no esenciales. También alude a un sistema económico y cultural —la llamada sociedad de consumo— que promueve la adquisición competitiva de riqueza como símbolo de estatus, éxito y prestigio social. En este sentido, globalización y consumismo mantienen una relación estrecha y de mutua retroalimentación: uno impulsa al otro, y ambos refuerzan un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad ambiental.

Nuestro país, conducido durante décadas por sucesivos gobiernos de orientación neoliberal, no ha sido ajeno a esta corriente. Desde hace aproximadamente treinta años, el Perú se ha insertado con decisión en el mundo globalizado y consumista, bajo una fachada de modernidad y progreso. Los gobiernos recientes se han ufanado de un crecimiento económico sostenido; sin embargo, la reducción de la pobreza no ha seguido el mismo ritmo. Paralelamente, la explotación irracional de los recursos naturales se ha vuelto cada vez más evidente, pese a la existencia de normas ambientales y a los compromisos internacionales asumidos en esta materia.

Es innegable que el país ha basado gran parte de su crecimiento económico en la exportación de materias primas. Al respecto, Michael Porter, reconocido internacionalmente como uno de los mayores especialistas en competitividad de las economías globalizadas, ha señalado que el Perú ha vivido en los últimos años una “ilusión exportadora”, sustentada principalmente en el alza de los precios de las materias primas, mientras la exportación de productos con valor agregado permanece prácticamente estancada. Asimismo, advirtió que el país presenta un atraso preocupante en materia de innovación y tecnología, llegando incluso a retroceder en estos campos estratégicos para el desarrollo.

Pese a ello, gran parte de la clase política peruana continúa realizando esfuerzos orientados a profundizar nuestra inserción en el modelo globalizado y consumista, sin una reflexión seria sobre sus efectos negativos ni una evaluación realista de nuestras capacidades para competir con países que cuentan con mayores niveles de educación, ciencia y tecnología.

Las consecuencias de este modelo recaen, de manera particularmente injusta, sobre los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de la Sierra y la Selva. Aunque no son responsables del cambio climático, constituyen los grupos humanos más afectados por sus impactos. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la migración forzada, la pérdida acelerada de biodiversidad, los procesos de desertificación, la erosión de las identidades culturales y el aumento de las hambrunas.

Esta realidad plantea, de manera urgente, la necesidad de adoptar políticas y acciones concretas orientadas a mitigar los daños ambientales y a compensar las pérdidas humanas y materiales que se vienen registrando, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. De lo contrario, la llamada modernidad continuará avanzando sobre un terreno cada vez más frágil, comprometiendo no solo el presente, sino también el futuro de las próximas generaciones.

Las medias tintas, las incongruencias y la falta de voluntad política continúan imponiéndose.

San Martín sin política verde

Por: Ludwig Cárdenas Silva

Luego del lamentable suceso ocurrido el mes pasado en Nuevo Progreso, en la provincia de Picota, han salido a la luz una serie de hechos y declaraciones que evidencian una preocupante falta de coherencia entre el discurso técnico del Gobierno Regional de San Martín y las afirmaciones de sus principales representantes políticos.

A pocos días del desastre, la representante de la Autoridad Regional Ambiental manifestó públicamente que el Gobierno Regional no invertiría “ni un solo sol” en obras de infraestructura dentro de zonas de protección, como bosques y otras áreas de conservación. Fue enfática al señalar: “Ni escuelas, ni puentes, ni carreteras. El Gobierno Regional no invertirá en obras que se pretendan ejecutar dentro de áreas protegidas como las áreas de conservación regional”. Añadió, además, que cualquier proyecto de este tipo debería pasar previamente por una evaluación técnica del ARA para contar con su aprobación.

Estas declaraciones, aunque técnicamente correctas, dejan una incómoda impresión: que tales criterios recién se hacen visibles después de una tragedia, como si —de no haberse producido— el tema no hubiera merecido atención ni debate público.

Días después, el entonces presidente regional César Villanueva ofreció declaraciones que parecían transitar por un carril distinto. Señaló que “San Martín no tiene canon como otros departamentos del país, pero sí posee tierras que producen el mejor café y cacao del mundo”, afirmando que “nuestras riquezas están en las zonas rurales y por eso debemos potenciarlas”. Agregó, además, que el Gobierno Regional venía llegando a los pueblos más alejados para otorgar títulos de propiedad a los agricultores, proceso que debía complementarse con el mejoramiento de las principales carreteras de acceso a las comunidades, con el fin de fortalecer la actividad productiva.

Es evidente que tales afirmaciones aluden a los denominados “centros de producción agrícola”, muchos de los cuales se ubican precisamente en zonas ambientalmente frágiles o incluso legalmente protegidas.

No es ningún secreto que una parte significativa de los agricultores dedicados al cultivo de café y cacao en San Martín proviene de otras regiones del país, con experiencias productivas ajenas a la realidad ecológica amazónica. Muchos de ellos se han asentado de manera improvisada en cualquier espacio considerado “disponible”, sin conocer la verdadera vocación de las tierras que ocupan. Basta observar lo que ocurre en la zona de amortiguamiento y dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, donde cada año se deforestan cientos de hectáreas para destinarlas al cultivo de café, yuca, plátano o a la siembra de pastos para la crianza de ganado vacuno.

El Bosque de Protección Alto Mayo abarca los distritos de Yorongos, Rioja, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Awajún, Pardo Miguel y Moyobamba. En todos ellos predomina el cultivo de café. Lo más preocupante es que muchos de estos agricultores vienen practicando desde hace años una agricultura basada en la tala, el rozo y la quema de la cobertura vegetal, acelerando los procesos erosivos y degradando los suelos, sin que las instituciones competentes logren hacer cumplir de manera efectiva las leyes ambientales ni el plan maestro de esta área natural protegida.

Conviene recordar que el Bosque de Protección Alto Mayo cumple un rol fundamental en el equilibrio hídrico del departamento y de amplias zonas de la Amazonía. Su cobertura boscosa permite captar el agua de las lluvias y regular su flujo hacia los valles, abasteciendo a las poblaciones y a las tierras de cultivo. Estos bosques actúan, además, como una barrera natural frente a huaycos y deslizamientos que, de otro modo, devastarían caminos, carreteras y poblados enteros asentados sobre terrenos frágiles y desprovistos de vegetación.

En ese contexto, afirmar que “nuestras riquezas están en las zonas rurales” resulta, cuando menos, una verdad a medias. Muchas de estas zonas rurales se localizan en espacios que deberían permanecer intangibles. Gran parte de los cultivos de café y cacao en San Martín se desarrolla en laderas de montaña, zonas de amortiguamiento e incluso dentro de áreas naturales protegidas; espacios que, aunque hoy puedan parecer productivos, están condenados —a mediano y largo plazo— a convertirse en purmas o en terrenos áridos e improductivos.

Está demostrado, además, que las tierras verdaderamente aptas para la agricultura en San Martín ya se encuentran saturadas. En consecuencia, las nuevas obras de infraestructura tenderán inevitablemente a dirigirse hacia áreas naturales protegidas o hacia zonas que, aun sin protección legal, tampoco poseen vocación agrícola, alentando su posterior invasión y depredación.

Todo indica que el presidente regional desconoce —o decide ignorar— los instrumentos de gestión ambiental, incluida la Zonificación Ecológica Económica elaborada por su propia institución. Su interés parece centrarse en promover un desarrollo de corto plazo, de alto impacto político inmediato, antes que en impulsar un desarrollo sostenible con una visión de mediano y largo plazo. De ahí el énfasis en la ampliación de la frontera agrícola y en la inversión de cuantiosos recursos públicos en trochas, carreteras y puentes hacia supuestos “centros de producción agrícola” que proliferan sin mayor planificación en toda la región.

El señor Villanueva debería tomar seriamente en cuenta las advertencias de sus propios funcionarios, quienes reconocen que existen numerosos caseríos en el departamento con características similares a las de Nuevo Progreso. Debería considerar, además, que en San Martín se pierden anualmente alrededor de 17 mil hectáreas de bosques, según datos del Ministerio del Ambiente.

La pregunta final resulta inevitable: ¿puede el afán de ganar adeptos o simpatizantes políticos estar por encima de los intereses colectivos y de los derechos ambientales de la mayoría de los sanmartinenses?

Desastre natural o negligencia compartida?

Huayco en Nuevo Porvenir – Picota

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el huayco ocurrido el día 17 del presente mes arrasó gran parte del caserío de Nuevo Porvenir, en la provincia de Picota, dejando un saldo preliminar de al menos once personas fallecidas y diez desaparecidas. De las víctimas mortales, la mayoría fueron niños, un hecho que vuelve esta tragedia aún más dolorosa y que interpela directamente a toda la sociedad.

De acuerdo con los reportes de corresponsales de diversos medios nacionales y regionales, brigadas de Defensa Civil, efectivos del Ejército y pobladores de la zona participaron activamente en las labores de búsqueda y rescate. Paralelamente, el Gobierno Regional y las autoridades locales entregaron ayuda humanitaria —principalmente carpas y sábanas— para atender, de manera inmediata, a las familias damnificadas.

El huayco dejó también tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Central de Tarapoto. Diez viviendas quedaron completamente destruidas, así como un puente peatonal, mientras que aproximadamente seiscientos metros de tubería del sistema de agua potable colapsaron, agravando aún más la ya precaria situación de la población afectada.

Se ha informado que la mayoría de los damnificados son pobladores provenientes de la sierra norte del país, dedicados principalmente al cultivo de café y plátano en laderas de montaña que no son aptas para el desarrollo de actividades agrícolas. Este dato no es menor y obliga a una reflexión profunda. El departamento de San Martín cuenta desde hace varios años con su Zonificación Ecológica Económica, instrumento técnico que identifica con claridad las áreas aptas y no aptas para actividades productivas. Asimismo, se han elaborado estudios de Análisis de Riesgos de Desastres. Sin embargo, pese a disponer de esta información, los huaycos e inundaciones continúan causando, año tras año, graves daños a la población, a los cultivos e incluso a las obras de infraestructura.

Este escenario pone en evidencia una verdad incómoda: el problema no radica en la falta de estudios ni de normas, sino en la escasa voluntad para hacerlos respetar. Ha llegado el momento de que las autoridades y funcionarios de las municipalidades y del Gobierno Regional de San Martín dejen de lado la politiquería y asuman su responsabilidad con seriedad y sentido humano. No se puede seguir promoviendo la construcción de vías de acceso hacia supuestos “centros de producción” ubicados en zonas que, por su fragilidad, deberían permanecer intangibles. La expansión de la frontera agrícola debe realizarse únicamente en aquellos espacios que, de acuerdo con la Zonificación Ecológica Económica, poseen la vocación adecuada.

Señores autoridades, hoy más que nunca resulta imprescindible concentrar los esfuerzos en hacer cumplir las leyes ambientales y en respetar los estudios, planes y lineamientos técnicos relacionados con el uso adecuado del territorio y de los recursos naturales. No hacerlo equivale a seguir exponiendo a la población a tragedias evitables. El pueblo sanmartinense, sin duda, sabrá reconocer y agradecer a quienes antepongan la vida, el territorio y el futuro común por encima de cualquier cálculo político.

Gran parte de los pobladores del caserío Nuevo Porvenir son oriundos de la Sierra Norte del país, quienes sin ningún criterio se afincan en cualquier lugar del territorio sanmartinense. No existe una política regional sobre migraciones.



La continua e incontrolable deforestación de las montañas da por resultado la desprotección de los suelos, originando inevitablemente las avalanchas o huaycos en época de lluvia.

Mirando el futuro

POTENCIAL TURÍSTICO DEL ALTO MAYO

II PARTE

Por: Ludwig Cárdenas

En la primera parte de este artículo se intentó describir, de manera sucinta, las principales potencialidades turísticas naturales del valle del Alto Mayo. No se abordó entonces el turismo vinculado a nuestras manifestaciones culturales y tradicionales, tema que merece un tratamiento específico y que será desarrollado en otra oportunidad.

En esta segunda parte, el propósito es reflexionar sobre las principales dificultades —o limitaciones— que enfrenta la actividad turística en la zona, así como sobre las alternativas existentes para avanzar hacia un desarrollo turístico sostenible basado en nuestras riquezas naturales. Antes de ello, considero necesario realizar algunas precisiones conceptuales.

El turismo de naturaleza es una modalidad que propone una interrelación estrecha con el entorno natural y que se sustenta en la conservación de los recursos naturales y sociales del área donde se desarrolla. Puede entenderse también como el conjunto de viajes y actividades recreativas que se realizan en contacto directo con la naturaleza y con las expresiones culturales que la rodean, bajo una actitud consciente de respeto, disfrute y compromiso con la preservación del patrimonio natural y cultural.

Este tipo de turismo se divide generalmente en tres grandes segmentos: el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Cada uno de ellos comprende diversas actividades y, en muchos casos, requiere de guías especializados, técnicas adecuadas y equipamiento específico. Se trata, por tanto, de una actividad que exige planificación, conocimiento y responsabilidad.

Naturalmente, en un artículo de esta naturaleza no se pretende abordar todas las complejidades del turismo ni agotar el análisis. Algunos aspectos podrán y deberán ser complementados o precisados por especialistas. Sin embargo, ello no impide señalar los problemas estructurales que vienen limitando su desarrollo en nuestra región.

Como se señaló en la primera parte, el Alto Mayo cuenta con un enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza. No obstante, una de las principales amenazas para avanzar en esta dirección es la migración desordenada que desde hace décadas viene afectando al departamento de San Martín. Este proceso ha propiciado la deforestación de extensas áreas boscosas, incluso dentro de zonas de protección y áreas naturales protegidas, con la consiguiente pérdida de recursos hídricos, biodiversidad y paisajes naturales, precisamente aquellos elementos que constituyen la base del turismo de naturaleza.

El desarrollo turístico, en cualquier territorio, debería contemplar al menos tres aspectos fundamentales: primero, la conservación y protección de los atractivos turísticos naturales; segundo, un trabajo coordinado y sostenido entre los principales actores locales —autoridades, empresarios y población—; y tercero, la asignación y gestión de un presupuesto adecuado. Estos componentes deben integrarse en un plan que defina con claridad una visión compartida, objetivos concretos, estrategias coherentes y actividades a corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno Regional de San Martín cuenta, desde el año 2008, con un Plan Estratégico Regional de Turismo. Asimismo, algunas municipalidades provinciales disponen de instrumentos similares. Sin embargo, estas herramientas de gestión, en la práctica, parecen cumplir únicamente una función decorativa en los anaqueles y escritorios de nuestras oficinas públicas. En el mejor de los casos, han sido objeto de una lectura superficial, más por formalidad que por convicción. Son las autoridades, en permanente coordinación con los empresarios turísticos, quienes deberían impulsar la ejecución real de estos planes. Lamentablemente, la voluntad política para ello ha sido, hasta ahora, prácticamente inexistente.

San Martín, pese a sus enormes potencialidades naturales, camina peligrosamente hacia un agravamiento de su crisis ambiental. La negligencia y la incapacidad de muchas de sus autoridades, acostumbradas a priorizar actividades de alto costo económico y bajo nivel de sostenibilidad, están sentando las bases de una futura crisis social que será difícil de revertir.

Hoy más que nunca, quienes nos representan deberían comprender que el turismo de naturaleza constituye una de las pocas actividades capaces de garantizar un desarrollo regional en armonía con la conservación del patrimonio natural. Es, además, la vía más coherente para que San Martín pueda ser reconocida, no solo en el discurso, sino en la práctica, como una verdadera región verde.

La agricultura se debe desarrollar en lugares apropiados, y no en las áreas naturales protegidas, cuyos suelos no son adecuados para realizar actividades productivas.

La construcción de trochas carrozables no debe seguir dándose en el interior de nuestras áreas naturales protegidas, pues, contribuirá a la pérdida de nuestras fuentes de agua, biodiversidad y paisajes naturales.